- http://www.informedigital.com.ar 2012-05-12T21:18:24+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/images/print/logo.png text/html 2012-05-12T21:12:00+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/secciones/opiniones/nota.php?id=55982 Indudablemente los grandes temas y discusiones que éste siglo marca en el contexto del mundo, son los desafíos y la lucha de las naciones por la defensa y preservación de sus alimentos, el agua, la protección y la promoción del acceso a la tierra o a la propiedad -evitando su concentración en manos de pocos- junto con la defensa, recuperación y desarrollo de las fuentes de energía. Por ello, la iniciativa del Gobierno, de impulsar la sanción de la reciente Ley 26.741 -que declaro de interés público nacional el objetivo del logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, creó el Consejo Federal de Hidrocarburos y declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.-, debe ser considerada como una medida estratégica por cuanto estamos recuperando el rol de administrar parte de lo significan los insumos estratégicos de nuestro país, haciéndonos cargo de la soberanía hidrocarburífera que toda Nación debe ostentar. Ahora bien, la promoción de aquella iniciativa, tanto en el escenario de las opiniones públicas en general como en el tratamiento en el propio Parlamento Nacional, reinstaló un debate sobre la renta petrolera en general, es decir no solo en lo que hace a las utilidades empresariales y su falta de reinversión en la actividad hidrocarburífera, sino también en su incidencia en el contexto de la Nación con las Provincias, como asimismo entre las provincias entre sí, sobre todo la incidencia de los recursos económicos que corresponden o deberían corresponderle -con un criterio de justicia federal- a la totalidad de las provincias argentinas en un país federal como el nuestro. Por ello, en esto último entiendo conveniente distinguir tres aspectos relevantes de esta cuestión, como son en primer lugar, las regalías petroleras de las cuales tanto se habla y hasta se confunde su concepto y significado; en segundo término, la distribución de fondos nacionales que debería readecuarse para garantizar un principio de justicia tributaria y de sostenimiento de la esencia del federalismo en materia de retenciones aduaneras o derechos de exportaciones a los hidrocarburos; y finalmente, circunscribiéndonos estrictamente a esta nueva ley, en lo que debió ser la participación de las provincias “no petroleras” en la conformación de la titularidad del paquete accionario expropiado a YPF. Entonces, lo primero a analizar, es lo concerniente a la regalías petroleras, término que -repito- en ocasiones es utilizado ligeramente llegando a confundir su significado, ya que las mismas no son otra cosa que la parte de la renta petrolera -o hidrocarburíferas para ser abarcativo no solo del petróleo sino también del gas- que les corresponde a las provincias titulares de los yacimientos de hidrocarburos por la detracción de sus riquezas, -recordemos que a partir de la reforma constitucional del ano 1994 -art. 124 C.N.- les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio-. Por ello, no podemos hablar ni invocar la pretensión de coparticipar los derechos de regalías petroleras, pues ninguna provincia petrolera podría ceder los fondos que le corresponden por ser las dueñas originarias de aquellos recursos naturales no renovables que se les extrae y de los cuales son titulares. Lo mismo acontece con otro tipo de regalías -aunque legisladas por otro marco legal- como son las hidroeléctricas, respecto de aquellas provincias en cuyos territorios se encuentran las fuentes hidroeléctricas y como consecuencia perciben un canon por la renta de la energía producida; a nadie se le ocurriría que los entrerrianos resignemos regalías de Salto Grande hacia el resto de las provincias que no cuentan con la riqueza natural explotada. En cuanto al segundo de los aspectos aquí planteado, debemos entender que en la distribución de la renta petrolera argentina el Gobierno Nacional obtiene recursos económicos, fundamentalmente por las retenciones a las exportaciones de los productos minerales, haciéndose de fondos por los derechos de exportación de hidrocarburos creados en 2002 mediante la ley de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario. En este tema se abre una discusión que debemos dar y reinstalar ante el Gobierno Nacional. Sabemos que desde el punto de vista fiscal, la Argentina se caracteriza por tener una fuerte concentración de la recaudación de los impuestos en la Nación, mientras que como contrapartida se ha ido acentuando la descentralización del gasto hacia todos los estados provinciales, lo que conlleva a concentrar mas los recursos en el Estado Nacional. También debemos dejar sentado que aquellos derechos de exportación -por ejemplo, a los hidrocarburos o a la soja y sus derivados- constituyen recursos económicos exclusivos de la Nación -art. 4 de la C.N. y art. 2 inc. a de la Ley de Coparticipación Federal Nro 23.548-; sin embargo se ha venido planteando desde hace mucho tiempo un criterio de política redistribuida de estos recursos económicos ante todas las provincias argentinas, para generar un impacto positivo en la actividad económica, dotar de mayores ingresos a los estados provinciales y a sus municipios, mas en tiempos como los actuales en donde se están profundizando los problemas fiscales en todas las provincias. Y en este sentido cabe destacar la decisión política de la Presidenta, cuando en el año 2009 decidió coparticipar una parte de los recursos obtenidos por la percepción de los derechos de exportación a la soja. Así, mediante el Decreto N° 206 se creó el Fondo Solidario de la Soja por el que se coparticipó el 30% de la recaudación total, en base a los índices establecidos por la ley de coparticipación y no en base a la producción de las provincias. Por ello, aquel acto de reivindicación del federalismo en los recursos económicos se distorsiona, por cuanto las provincias no productoras de soja reciben por igual el 30% como el resto de las provincias sojeras, tal como es el caso de Entre Ríos que es la cuarta provincia productora de soja. Aquella suerte de deformación, generada por la inequidad de reparto igualitario para todas las provincias -que incluye obviamente a las provincias productoras de soja y a aquellas que jamás producirán este tipo de oleaginosa como las provincias patagónicas petroleras- se podría equilibrar disponiendo la coparticipación también del 30 % de los derechos de exportación que la Nación percibe en concepto de derechos de exportación por los hidrocarburos, resultando así mas justo desde el plano geopolítico. Hoy, provincias que no producen soja -la mayoría productoras de hidrocarburos- reciben parte de este fondo solidario de la soja, que en el 2011 importó la suma de $7.249 millones de pesos, además de percibir, como vimos, las regalías por la extracción de los hidrocarburos que les pertenece. Ese 30% distribuido por la Nación a las provincias y municipios del país representó, solo éste primer cuatrimestre la suma de $ 2.600,3 millones, lo que proyectado al año 2012 podrá alcanzar la suma de $ 10.000 millones a coparticiparse. Por otra parte, las provincias que producen cultivos como la soja -Entre Ríos- comprometen en cierta manera su productividad pues el recurso natural si bien no es agotable, su fuerte extracción de nutrientes afecta a los suelos. Por ello los derechos aduaneros por la exportación de hidrocarburos deberían integrar ese Fondo Federal Solidario del 30% y distribuirse también entre todas las provincias argentinas -productoras y no productoras de hidrocarburos-, fortaleciendo una política tributaria justa, federal y solidaria. Vinculado con lo expresado anteriormente, surge el tercer y último aspecto que planteo y que es, o mejor dicho fue, la nueva inequidad que se tradujo en el contenido del texto de la ley de expropiación de acciones a YPF aprobada, por cuanto importó una nueva resignación de futuros recursos económicos para las arcas entrerrianas. Entiendo que debimos plantear una verdadera injerencia federal en la nueva conformación del capital social de la empresa, por cuanto, como ya se ha dicho, se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos -art. 4 de la Ley 26.741- que incluye e incorpora a todas las provincias para velar por la soberanía hidrocarburífera y diseñar las políticas energéticas, pero cuando dispone la tenencia de la porción de acciones expropiadas que la ley les da las provincias -art. 8 de la Ley- solo les reconoce participación en un 49% de las acciones sujetas a expropiación -es decir un 24,99 % del total del patrimonio social de la empresa- a aquellas que en su geografía producen petróleo -es decir las que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos- y no a todas las provincias argentinas. Los argumentos de la sola participación en las acciones de YPF de las provincias productoras que tienen en su geografía el recurso natural no son justos ni atendibles, puesto que en verdad la ley debió ser coherente y consecuente con un criterio federal en la participación accionaria, donde todas las provincias argentinas sean titulares de parte de las acciones. Las provincias productoras de hidrocarburos reciben las regalías petroleras, y su virtud de ser las dueñas de los recursos energéticos hidrocarburíferos se ven compensadas por lo cánones que el sistema jurídico argentino les asigna como ya vimos; aquí estamos hablando de la propia finalidad que la ley persigue: la defensa de la soberanía hidrocarburífera y el diseño de las políticas energéticas en donde debemos ser parte como todas las provincias en un país federal. Por otra parte las acciones expropiadas, que representan el capital de la empresa que pasaría formar parte de los argentinos nuevamente, serán afrontadas con el dinero y los recursos de todos los argentinos, no solo con el de las provincias de la OFEPHI. Es decir que como se ha dicho, a YPF la construimos entre todos y la vamos a recuperar con el esfuerzo también de todos, YPF es una empresa que no solo esta representada por pozos de petróleo que están en las provincias que cuentan con el recurso natural, sino que representa la producción en refinerías, petroquímicas y en toda la red de comercialización que no solo se desarrollan en las provincias petroleras sino también en otras que no lo son. Pero además recordemos que existen provincias argentinas que no pertenecen a la OFEPHI y que se encuentran en desarrollo potencial hidrocarburífero; a modo de ejemplo podemos citar a Chaco que anunció el descubrimiento de petróleo, otras como Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, Santa Fe, San Juan, La Rioja y nuestra provincia de Entre Ríos han firmado acuerdos de exploración, la mayoría con YPF; territorios provinciales donde existen probabilidades de la existencia de hidrocarburos, etc. Incluso aquí recobra relevancia nuevamente aquel argumento de que muchas de estas provincias son productoras de soja y contribuyen a la generación de los recursos económicos de los derechos aduaneros que la Nación decidió coparticipar en parte a todas las provincias, incluso a aquellas petroleras que hoy se ven beneficiadas en la participación accionaria de YPF y en desmedro del resto de las provincias. Por eso, todas las provincias deberían haber sido parte en YPF, no solo componer el Consejo Federal sino también participar en la distribución de los dividendos el día de mañana, puesto que en un plano de igualdad y contra el argumento de que las productoras de hidrocarburos aportan el recurso natural, éstas ya tienen regalías que le son propias, en cambio Entre Ríos si bien no tiene aquel recurso -al menos hasta ahora- tiene el recurso verde -la soja- y debe distribuirlo, a través de las retenciones entre todas las provincias. Se calcula que YPF en 2011 obtuvo utilidades por casi $5.400 millones de pesos, y de suponer que aquellas ganancias de la empresa se redistribuyeran a sus accionistas, cerca de $1.350 millones serían distribuidos entre las provincias. Por tal motivo, insisto, y siendo absolutamente respetuoso del derecho de las provincias petroleras -que reitero, tienen las regalías- la ley debió haber reconocido legítimamente al contexto de todas las provincias argentinas, no solo en el Consejo Federal sino en todos los beneficios presentes y futuros de la empresa YPF, y ser como entrerrianos -en nuestro caso- verdaderos y legítimos actores en el desarrollo de la matriz energética argentina. Queda mucho camino por desandar y muchas discusiones que replantear en pos de las reivindicaciones a conseguir, por lo que, como entrerrianos, debemos hacer honor a nuestro federalismo que la historia se encargó de marcar a fuego en cada uno de nosotros. (*) Diputado provincial por el Frente Entrerriano Federal text/html 2012-05-11T20:47:00+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/secciones/opiniones/nota.php?id=55960 Desde la Comisión Mujeres Socialistas de Paraná se celebra que el Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos haya respondido a la interpelación del Fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 13 de marzo de este año. Aún así, entendemos que “La Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto No Punibles” presenta carencias y contradicciones con el artículo 86 del Código Penal y con el Fallo de la Corte. Además, en la redacción de la Guía se hace uso de un lenguaje sexista, presenta muchos errores ortográficos y, peor aún, confunde conceptos; lo más grosero es hablar de “embarazo no punible”, que en ningún caso es un sinónimo de “aborto no punible”. Esta Guía parece una mala imitación al Protocolo vigente en la provincia de Córdoba, que crea un equipo interdisciplinar para determinar si corre riesgo la vida o la salud de la paciente (según lo contemplado en el Inc. 1º del Art. 86 del Código Penal de la Nación). En la Guía entrerriana no se prevé aquella causal y sólo se toma en cuenta lo estipulado en el Inc. 2º, es decir aborto no punible en caso de delito de violación a una mujer, independiente de su capacidad. Por lo que se deja fuera de la reglamentación, los 2 causales del inciso 1º del citado artículo pero crea ese equipo interdisciplinario para los casos de violaciones en donde no es necesario, de modo que entorpece y dificulta el procedimiento. Asimismo, tampoco establece ningún protocolo de actuación para la atención de la persona post -aborto. Es muy preocupante la creación de un equipo interdisciplinario que se convierte en una práctica más burocrática aún, para someter a la paciente que ha sufrido una violación a “estudios preliminares", que se solicitan según la libre decisión del personal médico, y la última palabra sobre la interrupción de la gestación se deja en manos de la dirección del Hospital. Con respecto a los llamados “estudios preliminares”, en ninguna parte del protocolo se especifica en qué consisten, siendo muy poco clara esta denominación, de manera que se incrementan más instancias y obstáculos, dilatando en el tiempo el proceso contemplado en la Guía, negando la asistencia médica a tiempo. Esto implica un mecanismo de objeción implícito y descarado, ya que la conclusión del equipo interdisciplinario puede ser que por “razones médicas” no se puede practicar el aborto. Todo este largo y complicado procedimiento - la creación de esta figura, las instancias, los “estudios preliminares”, etc.- no está previsto en el Código Penal ni tampoco en el Fallo de la Corte. Lejos de esto, el Fallo ratifica que la interrupción de la gestación en los casos referidos es suficiente con el consentimiento de la mujer bajo declaración jurada, y en el caso de discapacidad o menor de 14 años, se requiere una persona como representante legal. Por otra parte, lo que reglamenta explícitamente la objeción de conciencia es muy grave. No puede permitirse que el personal sanitario se posicione como objetor de conciencia en el momento que tiene una solicitud de una paciente para practicar un aborto no punible. Al contrario, los y las profesionales, a nivel individual y nunca institucional, han de declarar previamente si son o no objetores de conciencia. Respecto a esto se debería crear un registro de objetores de conciencia teniendo en cuenta sólo el personal que asiste directamente a la paciente (médico/a, personal enfermería). Tomamos como ejemplo a Santa Fe que es la única provincia que tiene una regulación sobre el tema, ya que a nivel nacional no existe regulación sobre la objeción de conciencia. La vecina provincia es pionera en esta materia, está adherida al “Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales del Ministerio de Salud de la Nación”, y además aprobó en abril del año pasado la Resolución Ministerial núm. 843 que crea un único Registro de Objetores de Conciencia. Según esto, la totalidad de profesionales han de realizar una declaración jurada donde la persona objetora expresa taxativamente las prácticas médicas que se niega a realizar, dando un fundamento válido conforme a sus convicciones éticas, morales o religiosas, en ningún caso por causas laborales personales u otras. Conforme esto el personal objetor se compromete a ejercer la objeción en ámbitos asistenciales tanto públicos como privados. Con este Registro se garantiza la presencia de profesionales en todos los hospitales que efectúen las intervenciones. Por lo tanto, en la Guía cuando se habla de “Atención Derivación”, una vez más se incumple con lo establecido en el Fallo de la Corte. “En caso de que la petición sea realizada ante un profesional que no reviste en alguno de los centros de atención médica dispuestos para estos casos, deberá comunicarse de inmediato con la Dirección de Atención Médica del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, donde se le indicará a que establecimiento, y de qué manera debe ser derivada la paciente“. Por todos estos motivos, desde la Comisión Mujeres Socialistas de Paraná reclama al Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos que revise y rectifique el Protocolo adecuándolo a lo establecido en el inciso 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal y al citado Fallo de la Suprema Corte de Justicia. text/html 2012-05-09T22:25:00+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/secciones/opiniones/nota.php?id=55919 Muchos partidos políticos se encuentran hoy emitiendo opiniones respecto a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), por lo que quiero recordar lo que dije oportunamente al asumir como gobernador de la provincia de Entre Ríos en el 2003 “La Universidad fue una buena idea, pero cuando iniciamos nuestra gestión, la realidad era dolorosa. La UADER no contaba con carreras reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación. Las carreras estaban suspendidas en su tramitación y había fuertes objeciones en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), responsable de acreditar a las universidades. Ahí pusimos nuestro mayor esfuerzo para normalizar la educación”. Durante2004 y 2007 logramos que se aprobará por Coneau un total de 59 carreras;15 tecnicaturas, 2 traductorados, 18 profesorados y 24 licenciaturas; siendo que en es momento existían un total de 88 carreras. Debe tenerse en cuenta que la totalidad de las carreras de grado obtuvieron el reconocimiento oficial y la validez nacional, otorgada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Al finalizar mi gestión en 2007 había un total de 4846 estudiantes, quedando aprobados por el Consejo Superior Provisorio de la Universidad, numerosos Proyectos de Investigación y; además de convenios de vinculación institucional con 19 universidades nacionales, 8 extranjeras,21 con organismos del gobierno nacional, 28 con organismo del gobierno provincial, 14 con Organizaciones No Gubernamentales, 7 con sectores de la Producción y 9 con el sector privado. También es importante mencionar que a esa fecha se entregaron 174 títulos a docentes que se incorporaron al Programa de Reconversión Docente y fundamentalmente hay que resaltar que la totalidad de las carreras que se dictan en la UADER, deben obligatoriamente incluir la cátedra de Derechos Humanos. En los 4años de gestión ordenamos administrativamente y avanzamos sobre el déficit de infraestructura y solucionamos falencias estructurales de la improvisación con la que gobierno anterior dejó la casa de Estudios. Fue una gestión ardua y casi diaria, en donde a cada carrera, a cada gestión y a cada problema se le buscaba una solución, todo el proceso fue realizado con diálogo permanente y pluralismo, buscando la integración constante de la comunidad académica, los estudiantes, los docentes y el personal no docente. Ahora bien, lo que queda es: la Normalización. Un paso ineludible. Sólo una Universidad con sus propias autoridades, que estén legitimadas por los estudiantes, docentes y empleados, puede establecer un diálogo maduro con el gobierno provincial y resolver los problemas que existen. No hay que tener temor a una normalización y al funcionamiento pleno y autónomo de la universidad y evitar la judicialización del proceso normalizador. La Autonomía plena es el paso restante para tener una universidad seria, que responda a las demandas de los sectores productivos de nuestra provincia, de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto. Es importante llevar tranquilidad a los jóvenes estudiantes y sus familiares. Este estado de zozobra, de falta de certezas e información sólo generan nerviosismo en la comunidad académica y en la sociedad. Es cierto que los acuerdos previos establecen que se debe llegar al 70% de cargos docentes por concurso. Pero también es cierto que este número casi no lo tiene ninguna universidad en el país, incluso algunas que tienen décadas de existencia. Si el argumento del gobierno es que falta concursar cargos docentes, le pedimos al gobierno que acelere los trámites y realice los concursos que faltan y llame a una pronta normalización de la UADER. *Ex Gobernador de Entre Ríos. text/html 2012-05-08T07:53:00+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/secciones/opiniones/nota.php?id=55877 La expropiación de YPF que contó con una increíble maquinaria propagandista motorizada por un falso nacionalismo populista y el lamentable accionar de la mayoría de los partidos de oposición (UCR y Socialismo) que avalaron la violación sistemática de la seguridad jurídica del país, nos muestra de manera contundente la necesidad de generar una propuesta superadora que gobierne la Argentina a partir del 2015. Los falsos dilemas de YPF Mediante afiches y slogans nos quieren hacer creer que quienes en los 90 privatizaron YPF no son los mismos que hoy la estatizan, que fueron otros los que le permitieron a Repsol no realizar las inversiones aprobando sus balances y que incluso, no fueron ellos los que le dieron a Esquenazi el 25% de la empresa sin poner un solo peso. Es falsa la existencia de un problema de soberanía. El 100% de los recursos petroleros y gasíferos son y serán de las provincias, es una gran mentira decirle a los Argentinos que estatizando YPF (que solo representa el 30% de la explotación de petróleo nacional) podamos garantizar la realización de las inversiones necesarias y generar el autoabastecimiento del que tanto se ha hablado. Se juega y se aprovecha del sentimiento nacionalista de YPF para justificar años de fracaso en política energética y tapar sospechas de corrupción como el caso del Vicepresidente o la tragedia de Once. Cómo podemos confiar en una administración estatal eficiente, si le están entregando YPF a los mismos que ya manejan Aerolíneas Argentinas y la política de subsidios de los Trenes a nivel nacional? Qué garantías tenemos de que YPF no se convierta en la nueva agencia de colocación de empleo de La Cámpora? En todo este análisis, sólo encontramos un único dato indiscutible: el rotundo fracaso en la política de hidrocarburos, la falta de un marco regulatorio eficaz y la ausencia del control de las inversiones, tienen un solo responsable que es el Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. La pérdida del valor de la palabra y la confiabilidad de la Argentina Estatizar la empresa mediante un decreto, imponer al interventor y echar a los directivos privados sin mediar una autorización judicial antes de la ley que declare la expropiación y previo al pago de la indemnización, muestra con claridad el repudio del Kirchnerismo al cumplimiento de los contratos, e incluso al de la Constitución Nacional. Un país necesita del respeto y el valor de la palabra para ser confiable. Nadie cree en quienes rompen los acuerdos a los que se han comprometido y cambian a cada rato las reglas de juego para beneficiarse unilateralmente. Una Argentina seria y previsible sólo puede construirse mediante el apego a los contratos, a la ley y a la Constitución. Generar la alternativa Es importante dejar asentado que PRO es la única fuerza política en votar en contra de la confiscación de YPF. Ser oposición no significa oponerse, ser oposición implica proponer otro camino y otras formas para solucionar los problemas de los Argentinos. Nosotros creemos en el valor de la palabra y en el respeto de la Constitución Nacional. Por eso a pesar de que la mayoría de los bloques de oposición votaron a favor de la confiscación, nosotros mantuvimos nuestra decisión y presentamos otro camino para revertir la crisis energética. Vamos a trabajar todos los días con aquellos que quieran una Argentina como la que queremos nosotros: inserta en el mundo, con reglas claras e igualdad de oportunidades, con una fuerte cultura del trabajo y haciendo honor a sus compromisos. *Emmanuel Gainza - Presidente Jóvenes PRO -Distrito Entre Ríos text/html 2012-05-04T12:31:00+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/secciones/opiniones/nota.php?id=55808 "Ayer observé la votación del proyecto de ley sobre la expropiación de acciones de Repsol YPF. Hoy salí temprano de casa, y vi volantes en la calle que decían "YPF, nacional y popular". Y se me vinieron a la mente varias escenas del pasado, de nuestra historia. Me acordé del envío de tropas en 1982 a Malvinas, ordenada por la dictadura que comandaba Galtieri. Y me acordé del pueblo feliz y eufórico vivándolo en la plaza. Alegría nacional, y popular. Felicidad efímera, apenas unas semanas. Cientos de vidas perdidas inútilmente. Familias destruidas, territorio nacional cada vez más lejos de alcanzar. Tristeza que no tiene fin. Y por un hecho que hasta hoy tiene consecuencias adversas para los argentinos. Me acordé de la declaración del default en 2002 por el ex presidente Rodríguez Saa. Y me acordé del pueblo feliz y eufórico, junto a la dirigencia, festejando en el Recinto del Congreso. Alegría nacional, y popular. Otro hecho con felicidad a corto plazo. Pan por un par de años, hambre de inversiones y crecimiento sostenido para el futuro. Hasta el día de hoy, con la adversa consecuencia de no poder acceder a mercados externos para sostener un crecimiento nacional. Ahora, 2012, turno de observar el festejo por la adquisición (¿compra o confiscación?) de acciones de la sociedad anónima más importante del país. Quienes se beneficiaron por la privatización a costa del pueblo, hoy se beneficiarán por la expropiación también a costa del pueblo. Los actores no cambiaron mucho, sólo cambió el libreto. Y creo que lo interpretan bastante bien, a juzgar por el cálido aplauso del público, opositores" políticos incluido. No aplaudí en los 90. Tampoco voy a aplaudir ahora. La historia da vueltas, y se repite. No me gustó aquella tragedia, no me gusta esta comedia. Ojalá me equivoque (ruego a Dios equivocarme), y que el manejo estatal de la nueva YPF S.A. sea altamente beneficioso para los argentinos. Para el vecino común, que tiene que ser el fin de toda política de estado, porque para garantizar ese bienestar común es que existe el Estado. Que sea beneficiosa para el vecino de a pié, que sufre por la falta de creación de nuevos puestos de trabajo, porque baja la inversión. Que sufre por la inflación, producto de la falta de respaldo de la moneda nacional, por falta de dólares, que faltan por falta de empresas invirtiendo y produciendo, que faltan porque no hay seguridad jurídica, que no hay porque falta un gobierno que le brinde a quienes apuesten por el país, la tranquilidad de que un futuro mejor es posible. El tiempo es buen juez de la historia. Ojalá no me dé la razón (no la deseo), y tengamos un futuro mucho mejor, por el bien de todos". *Augusto Lafferriere - Secretario General de PRO Entre Ríos. text/html 2012-05-02T11:03:00+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/secciones/opiniones/nota.php?id=55769 Las Obras Sociales tienen como objetivo brindar las prestaciones sanitarias establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). La única fuente de financiamiento con la que cuentan, para poder dar cumplimiento a esta obligación, proviene del aporte del salario de los trabajadores y de la contribución de su empleador, sea éste público o privado. Los costos prestacionales que debe afrontar el Sistema de la Seguridad Social han sufrido reiterados e importantes incrementos en los últimos años. A esta conocida situación, se le suma la constante incorporación al PMO, de medicamentos, prácticas y prestaciones médicas de altísimo costo. Estas demandas se deben cubrir sin ningún tipo de ingreso o compensación complementaria. Por múltiples motivos, atravesamos una severa crisis de financiamiento. Tanto la CGT, como la CTA, han hecho público su reclamo por una deuda del ESTADO NACIONAL hacia las Obras Sociales que supera los 11.000 millones de pesos. OSPLAD no está al margen de ese reclamo. Parte de esos fondos nos pertenecen. Dentro de este cuadro general del Sistema de Obras Sociales es imprescindible destacar la agravada situación particular de la OSPLAD. Nuestra Obra Social atraviesa una situación de arduos, complejos y por momentos infructuosos reclamos ante varios Gobiernos Provinciales (Misiones, Catamarca, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Pcia. de Buenos Aires, Sgo. del Estero, entre otros); con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; con Organismos Nacionales (Universidad Tecnológica Nacional, Instituto Universitario de las Artes) y con más de 2200 Instituciones Educativas Privadas de todos los niveles. La finalidad de estas negociaciones administrativas y/o judiciales no es otra que recuperar sumas nunca depositadas en la Obra Social, por más de $ 590.000.000 (PESOS QUINIENTOS NOVENTA MILLONES). A modo de ejemplo, hace más de tres años que venimos negociando con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, distintas propuestas para que cancelen una deuda ya reconocida y admitida por las autoridades, que supera los $ 259.000.000 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES). A la par esperamos el fallo de primera instancia por la vía judicial. Algo similar nos sucede – en lo administrativo y/o judicial - con la Provincia de Buenos Aires por $ 37.000.000; Misiones adeuda aproximadamente $ 19.000.000; Santiago del Estero más de $ 18.000.000; Tucumán $ 15.000.000; Santa Fe $ 55.000.000; UTN $ 4.100.000; Institutos Educativos Privados más de $ 71.000.000. Y esto es sólo una muestra. Todas las negociaciones administrativas y los tiempos judiciales son extremadamente prolongados y extensos. Asimismo, y de manera totalmente inexplicable, la Administración de Programas Especiales (APE), con fondos de todos los afiliados al Sistema, adeuda a la Obra Social por prestaciones efectivamente brindadas a sus afiliados y debidamente documentadas, más de $ 167.000.000 (PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES). Por este motivo, en diciembre de 2010 hemos presentado una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Cabe aclarar que aún en los casos más extremos de evasión al Sistema de la Seguridad Social (Provincias, Gobiernos o Establecimientos, que llevan años sin registrar ingresos por aportes efectivamente retenidos y descontados a los trabajadores), la OSPLAD sigue cumpliendo, con muchísimas dificultades y contratiempos, con la cobertura que exige el PMO. También brindamos prestaciones a un padrón de jubilados superior a los 29.800 beneficiarios. Independientemente del descuento que figura en el recibo de haberes del afiliado jubilado, la Obra Social recibe por cada uno de ellos y para cubrir todas las prestaciones, una suma fija, desde marzo de 2010, de sólo $ 148 (PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO). El resto del descuento queda en el presupuesto del PAMI como un recurso propio. En síntesis, el único ingreso económico con el que contamos son los cada vez más mermados aportes y contribuciones de los afiliados. Es nuestra indubitable obligación y responsabilidad recuperar los montos adeudados como así mismo y hasta tanto no se logre, ir buscando día a día los caminos que nos permitan seguir brindando un servicio eficaz y de calidad. No es fácil. Nada fácil. Una pregunta se impone con absoluta lógica ¿y cómo hacemos para poder seguir funcionando? Dos cosas nos permiten seguir cumpliendo, con serias dificultades, nuestra finalidad. El compromiso cotidiano en cada área, de cada uno de los empleados y profesionales de la OSPLAD y una responsable, esforzada y prolija administración de los exiguos recursos. No abandonaremos ninguna vía, para conseguir que el aporte de los afiliados se transforme en Salud Solidaria. Esta es nuestra documentada verdad. Esta es nuestra peleada y difícil realidad. Descontamos y agradecemos la comprensión. (*) Presidente del Consejo de Administración de Osplad text/html 2012-05-01T13:03:00+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/secciones/opiniones/nota.php?id=55741 Desde el comienzo mismo del gobierno de Perón, el 1º de mayo fue una fiesta multitudinaria del pueblo trabajador, que encontró en su líder una figura señera para llevar adelante un revolución pacífica que cambió para siempre en la historia de nuestro país la situación de los obreros, desplazados, explotados y oprimidos por la oligarquía gobernante hasta le llegada del General al poder. Perón y Evita eran conscientes de esto: En su discurso que pronunciara el 1° de mayo de 1947, en el extraordinario acto celebrado en Plaza de Mayo, entre otros conceptos expresó: “Este 1° de Mayo, el primero desde que me encuentro ejerciendo la primera magistratura, lo festejamos como una fiesta incorporada a las grandes efemérides de nuestra patria; lo festejamos como el advenimiento de una nueva era para esta patria tan amada, por la que trabajamos sin descanso, día y noche, si es preciso. ¡Pasan por mi memoria tantos 1° de Mayo! Desde 1910, siendo estudiante, he presenciado los 1° de Mayo más trágicos de toda la historia del trabajo argentino. Los veo resurgir en 1916; 1917 y 1918, y los veo también mucho después, cuando las masas argentinas llegaban a esta plaza para clamar justicia, desilusionadas por su destino ingrato. Justicia que nunca obtenían, que nunca los alcanzaba.” “El 1° de Mayo que en otros tiempos fue triste celebración de los trabajadores oprimidos, es ahora una de nuestras dos fiestas mayores”. “En vez de gritos con los puños crispados frente a las puertas de la Casa de Gobierno, el Pueblo trabajador argentino celebra ahora cada 1° de Mayo en una fiesta magnifica que preside desde los balcones de la Casa de Gobierno su conductor en su calidad de “primer trabajador argentino”, título sin duda; el más preciado por Perón. Y lo maravilloso es que en vez de temer a la muerte en este día, el Pueblo suele ofrecer su vida gritando un estribillo que siempre me toca el alma “¡la vida por Perón!” escribe Eva Perón en la “Razón de mi vida”. Los 1º de Mayo trágicos de los que habla Perón comienzan en 1886. Sindicalistas anarquistas, que en la Argentina crearon la FORA (Federación Obrera de la Regional Argentina) que es el antecedente de la CGT a la cual se integraron, se reúnen en la 1º Internacional y resuelven luchar por las tres ocho, que son el día dividido en 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para esparcimiento, 8 horas para descansar. Es decir, el fin de la esclavitud y la sobre explotación, que hoy en día, los terratenientes no respetan, y sostienen que en el campo es costumbre trabajar desde que sale el sol hasta que se oculta, no ellos claro, sus peones. A partir de esa decisión de la Primera Internacional de los Trabajadores, se inician las jornadas de lucha en todo el mundo. El 1º de Mayo de 1886, obreros de Chicago, uno de los principales centros industriales de Estados Unidos, convocan a una huelga y manifestación en reclamo de las tres ocho. Son reprimidos, hay muertos y heridos y los trabajadores combaten durante 5 días. Finalmente se juzga a los anarquistas considerados cabecillas de la huelga: 5 son condenados a la horca y el resto marche preso con trabajos forzados. La 2º internacional toma esa manifestación y la masacre como un emblema de la lucha por la jornada laboral de ocho horas y declara a partir de 1890, el 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. De ahí en adelante, hasta el peronismo, ese día es jornada de lucha. En la Argentina, Rocca (el genocida de los pueblos originarios) promueve la Ley de Residencia en 1902, contra los sindicalistas anarquistas, para deportarlos. Los anaraco–sindicalistas promueven la huelga y los socialistas (tibios como siempre) se separan. En 1904, la FORA convoca a un acto por el 1º de Mayo y son emboscados y masacrados, mueren 40. De ahí en adelante, los anarquistas son reprimidos en cada acto del 1º de Mayo, mientras que los socialistas los realizan tranquilamente. El principal verdugo de los trabajadores es el jefe de policía, Ramón Falcón, que dio nombre al Ford Falcon que utilizaron los grupos de tarea durante la dictadura de 1976. Falcón fue ajusticiado por un anarquista ruso de 17 años, Simón Radowitzky, en 1909. Luego de encabezar una nueva represión contra los trabajadores el 1º de mayo de ese año. Pese a la represión los obreros siguieron con la lucha y generaron la caída del régimen oligárquico que gobernaba desde 1880. Llega a la presidencia Yirgoyen, mediante elecciones democráticas. Los trabajadores confiaron en él en un primero momento, pero Hipólito, cuando tuvo que decidir entre los patrones o los obreros, se quedó con los patrones y mandó a reprimir violentamente, como sucedió en la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, entre otros. Perón marca un quiebre en la historia respecto a la represión y la negación de los trabajadores y sus demandas, por eso comienza a ser tomada como una fiesta nacional esa fecha, en que era común que, junto a la compañera Evita, hablaran a una multitud que se congregaba en la Plaza de Mayo, cada año. Con la llegada de la fusiladora en 1955, los trabajadores retoman la jornada de lucha los 1º de Mayo, y pasa a ser una fecha de la Resistencia Peronista. Las dictaduras en general castigan duramente al movimiento obrero, interviniendo los sindicatos, deteniendo torturando y asesinando a sus dirigentes, porque allí está la clave de la organización. Como una cruel ironía, el 1º de Mayo de 1956 el gobierno de la fusiladora vuelve a dar vigencia a la Constitución de 1853, declarándose nulas y sin valor las reformas realizadas en 1949, que tenían como principal destinatario a los trabajadores. La dictadura genocida de 1976, tuvo particular saña con los trabajadores, sus organizaciones y sus dirigentes. Desde la caída de Perón en adelante, los 1° de Mayo fueron días de nostalgia y resistencia, hasta que, con Néstor, los trabajadores recuperaron gradualmente su dignidad y derechos. Sobra aquí hacer mención al extenso programa de gobierno de Néstor y Cristina, y sus notables beneficios al sector trabajador de nuestro país. Tal vez alcanza con decir que el gobierno que comenzó en 2003, se ha convertido en el más peronista desde la muerte del general, y decir eso implica decir que hoy los trabajadores vuelven a ser el principal sujeto de las políticas de Estado, y el motor de la economía nacional a partir de la producción. De a poco, con mucha fe y sacrificio, los trabajadores argentinos, están volviendo a recuperar la alegría y la tranquilidad que caracterizó los 1° de Mayo, de los días felices del peronismo. FELÍZ DÍA A TODOS LOS TRABAJADORES QUE CON SU ESFUERZO CONSTRUYEN UNA PATRIA CADA DÍA MÁS GRANDE!! (*) Vicegobernador de Entre Ríos. text/html 2012-04-29T19:19:00+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/secciones/opiniones/nota.php?id=55722 La denunciada falta de inversión por parte de la española Repsol, ha llevado al Gobierno de Cristina Fernández a plantear la expropiación del 51 % de las acciones Clase D de la empresa, en manos del Grupo español Repsol. Pero esto no pudo haber sido posible sin el apoyo de aquellas Provincias que al final de la historia no van a recibir ningún beneficio por la expropiación de YPF. Según el artículo 8º de el proyecto oficial se establece que " las acciones sujetas a expropiación de las empresa YPF SA y REPSOL YPF GAS SA, quedarán distribuidas de la siguiente manera: el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos". Las provincias que integran la OFEPHI son 10: Chubut, Neuquén, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esto significa que hay 14 provincias que no van a recibir nada: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán. Qué hicieron más allá de sus discursos nuestros diputados nacionales entrerrianos: Liliana Ríos, Julio Solanas y Osvaldo Elorriaga por el Frente para la Victoria (FJpV) y Fabián Rogel por el radicalismo; más los que cumplen funciones desde el 2009: Raúl Barrandeguy, Atilio Benedetti, Jorge Chemes, Cristina Cremer e Hilma Ré. Qué hicieron nuestros senadores nacionales del Frente para la Victoria Pedro Guastavino y Elsa Ruiz Díaz, y por la UCR Arturo Vera. (<b>Ver galería de fotos</b>). Al menos ¿tuvieron en cuenta los oficialistas que Entre Ríos está tras la exploración petrolera?. ¿Se pensó en esto como una herramienta de negociación bien entendida?. ¿Se agregó, de última, un punto a la ley para provincias que inviertan en exploración o si efectivamente se encuentra petróleo?. ¿Calcularon que con ellos suman 199 representantes de 14 provincias que no tienen petróleo y quedaron fuera de la distribución de la expropiada YPF, sin obtener algún beneficio de contrapartida?. ¿Defienden los intereses de sus electores?. Al oficialismo, la disciplina partidaria mal entendida, ¿los llevó a la peor de las traiciones?, la del votante que creyó en cada uno. ¿La oposición sigue demostrando que esta es su máxima vocación de poder?, al menos llegar a ser oposición. Olvidaron nuestros “representantes” la tan reciente historia que llevó ceder nuestra producción de soja, que se nutre ni más ni menos que de nuestro suelo y nuestra agua, a provincias que hoy no nos devuelven la misma solidaridad del paradójicamente llamado “Fondo Federal Solidario”. (FFS). ¿Saben nuestros representantes en el Congreso de la Nación que Entre Ríos está entre las siete provincias con importante producción de soja, junto a Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Chaco y Santiago del Estero?. Sin embargo, en 2011, por cada entrerriano muestro distrito recibió 339 pesos (1*), mucho menos que la petrolera Santa Cruz (490 pesos por santacruceño y que otras 16 provincias menos o no sojeras). Las provincias más perjudicadas por este esquema son Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Buenos Aires, en este orden. Y las más beneficiadas son Tierra del Fuego, Santa Cruz, Formosa, Catamarca, La Rioja, San Juan y Río Negro, en este orden. ¿Al menos lo pensaron nuestros legisladores?. Entre todas, representan el 77 % de la Cámara de Diputados con 198 legisladores sobre un total de 257. Si todas se hubieran puesto firmes al momento del reclamo por la distribución de las acciones expropiadas por YPF, el proyecto hubiera sido otro con una repartición más equitativa. Y por supuesto, se hubiese demostrado que la “solidaridad” de 2009 no era una mera cuestión declarativa para lograr el apoyo a las retenciones de todas las provincias, y que al borde del abismo, el gobierno nacional se hizo “solidario a la fuerza” para evitar caer solo. Fuimos el colchón que amortiguó la caída, que generó el despegue hacia la reelección 2011, y ahora lo usaron para acunarnos y dormirnos en una falsa solidaridad recíproca. <i>(*) Periodista. (1*) Fuente: Ieral, Fundación Mediterránea.</i> text/html 2012-04-28T19:39:00+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/secciones/opiniones/nota.php?id=55712 En relación al anunciado proyecto de ordenanza que reforma el régimen tributario municipal de la Ciudad de Paraná, Proyecto Surmanifiesta su adhesión a las medidas que se adoptarán en el sentido de tornar más progresivo el sistema fiscal municipal. Sin embargo, es importante resaltar que las medidas de eximición y/o descuentos de tasas propuestos no alcanzan a solucionar la regresividad actual en toda su magnitud. En relación a los puntos que se modificaran, dados a conocer a la opinión publica esta semana, creemos imprescindible distinguir los alcances de las modificaciones, para tener una noción más precisa de cómo afectarán dichas medidas al conjunto de la sociedad. 1º- Tal como lo hemos señalado en numerosas oportunidades, es necesario gravar con tasas diferenciales a los hipermercados y grandes superficies comerciales y destacamos dicha medida como un eje fundamental en una política real de redistribución de la riqueza y que evite la salida de recursos fuera de la provincia y, en el caso de las cadenas internacionales, también del país. No obstante, consideramos que dichos fondos deben ser destinados a compensar, la reducción de aportes por parte de las PYMES locales. 2º- Consideramos una medida correcta la eximición de la Tasa por Higiene y Profilaxis durante los dos primeros años a los pequeños comerciantes y artesanos, así como la implementación del régimen simplificado, lo que genera mayores facilidades e incentivos para la regularización impositiva a quienes hoy en día no se encuentran inscriptos en la Tasa. 3º- En relación a la eximición a actividades culturales, y por tratarse únicamente de las actividades con auspicio municipal observamos que no se incentivará a la actividad cultural no relacionada con la gestión de turno, una desigualdad para quienes no obtengan elauspicio. 4º- Se anuncia una exención en la Tasa de Higiene y Profilaxis a las empresas de tratamiento de residuos especiales (patológicos, informáticos, etc.), lo que nos hace avizorar la posibilidad su intromisión en la cuestión de la basura de Paraná. La generación de incentivos fiscales para la actividad de este tipo de empresas, lo que nos adelanta futuras negociaciones con empresas del rubro, para intentar solucionar el tan dilatado tema de la basura. No obstante, cabe resaltar que no sería la primera vez que se intentan este tipo de soluciones que desligan al estado de la cuestión pública. Creemos firmemente en que es la hora de tomar el toro por las astas y modificar las formas de gestión de las ultimas dos décadas. Por ello proponemos que sea la municipalidad quien realice todo el proceso de tratamiento de residuos, solo con la excepción de incorporar cooperativas barriales que realicen la separación y reciclado, a las que se debería eximir de las tasas. 5º- En relación a las medidas anunciadas sobre la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios, acordamos en el gran paso que significa eximir a jubilados y reducir la Tasa calculada para quienes perciben asignación universal por hijo, pero es imprescindible resaltar que existen empleados públicos y privados que perciben sueldos magros similares o en muchos casos menores al tope que se exige a jubilados para estar exentos de la tasa, que no gozarán del mismo beneficio, por lo que esperamos se revea dicha situación para evitar inequidades sociales. No se incluyen tampoco en los beneficios, trabajadores informales, monotributistas y desocupados. 6º- Se anuncian tres segmentos de avalúos en el marco de la TGI , para la aplicación de las alícuotas y el recargo a barrios privados y countries, lo que implica un gran paso en relación a la progresividad. No obstante, en muchos casos los avalúos no se condicen con la realidad y como hemos recalcado muchas veces las tasas soportadas por los sectores de menores ingresos son en términos relativos significativamente mayores que las abonadas por los sectores que más riquezas detentan, lo que torna regresivo el sistema. Existe además una gran falta de cumplimiento de los servicios municipales en los barrios periféricos, lo que implica que la Tasa que se percibe por la prestación de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza resulte un pago compulsivo por una prestación que no se cumple, ya que existen barrios donde no hay servicio de barrido, la recolección de residuos se realiza a varias cuadras y la iluminación es precaria cuando no inexistente. Por ultimo, resaltamos que la sociedad paranaense carece de información sobre Presupuesto, Recaudación y Erogaciones de la gestión municipal. Lamentablemente se incumple la Ordenanza 8323/2001 y la ciudadanía no accede a dichos datos, incluyendo el Proyecto de Ley que estamos analizando a partir de declaraciones periodísticas, por lo que solicitamos en función de la transparencia de la gestión pública que se den pasos urgentes para evitar continuar incumpliendo dicha normativa. text/html 2012-04-26T17:59:00+01:00 http://www.informedigital.com.ar http://www.informedigital.com.ar/secciones/opiniones/nota.php?id=55675 La Legislatura entrerriana, en un proceso "relámpago", sin el debate que una cuestión tan trascendente merece, ha sancionado un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que autoriza la emisión de títulos de deuda, comprometiendo la coparticipación federal de impuestos. A la crisis se le responde con mayor endeudamiento, en definitva, se "patea la pelota para adelante". Se sostiene que se recurre a esta medida “para cubrir diferencias estacionales de caja dentro del ejercicio”. Con este eufemismo se reconoce lo obvio, la profunda crisis de financiamiento del sector público entrerriano. Lo notable es que esta crisis sobreviene luego de 9 años de crecimiento sostenido de la economía argentina. Si algo enfatizaron los senadores oficialistas en el debate de la ley de expropiación parcial de YPF es precisamente esto; incluso el Senador Fernández lo planteó como la causa de la pérdida del autoabastecimiento de hidrocarburos. Es decir que se dilapidó el período de mayor crecimiento macroeconómico de la historia - causado más por oportunidades externas que por méritos de las políticas públicas - para sentar las bases de un verdadero proceso de desarrollo sostenible y para producir una genuina reforma del Estado que nos permita enfrentar de mejor manera estas crisis. Aumentaron las exportaciones y la recaudación impositiva, pero no se aprovechó ese momento de bonanza para plantear una profunda reforma fiscal ni para racionalizar el gasto público. Por añadidura, a pesar de nuestras advertencias y propuestas, nada se hizo para revertir la profunda crisis del federalismo fiscal. Año a año, como producto de diversas normas que es imperioso revisar, y como producto del incumplimiento de otras, el Estado nacional se apodera abusiva e ilegítimamente de recursos de todos los entrerrianos. El gobierno provincial ha preferido ignorar esta cuestión y alinearse incondicionalmente con la Casa Rosada, hablando de un inexistente "federalismo de los recursos"; cuando en realidad hemos venido siendo discriminados injustamente en muchos aspectos. El colmo de esa discriminación en perjuicio de los intereses provinciales es la absurda pretensión del Poder Ejecutivo Nacional, avalada por los legisladores oficialistas entrerrianos, de "regalarle" a 8 provincias productoras de hidrocarburos un cuarto de la empresa YPF, financiada a lo largo de 90 años con recursos de todos los argentinos. Las consecuencias de todo este desmanejo están a la vista; dificultades concretas todos los meses para afrontar el gasto corriente, pago de salarios en cuotas a los trabajadores del Estado, crisis estructural del sistema jubilatorio, demoras en pagos al IOSPER y a proveedores, paralización de obras públicas, etc. Hace falta un gran acuerdo provincial para salir de esta crisis. Un acuerdo que involucre a las fuerzas políticas con representación parlamentaria y a los actores económicos y sociales. Si hubiéramos constituido el Consejo Económico y Social creado en el artículo 53 de la Constitución Provincial éste podría ser un buen ámbito para debatir y acordar un plan de esta naturaleza. Ese acuerdo debería contener al menos 3 aspectos centrales: un marco mínimo de reclamos ante la Nación a los efectos de recuperar el federalismo fiscal en defensa de nuestros intereses más allá de banderías partidarias, el esbozo de un plan de reforma del Estado que incluya una profunda reforma tributaria y una mejora de la administración pública, y un programa de corto plazo para la optimización de la recaudación y racionalización del gasto, priorizando la atención a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. De otra manera, seguiremos dando manotazos de ahogado y postergando la resolución efectiva de los problemas, hasta que a esta o a una próxima gestión le estalle la crisis en las manos, que terminarán pagando, como siempre, los que menos tienen. Es imperioso reaccionar con altura y con grandeza antes que sea tarde. (*) Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos