17/11/2017  |  

Senado: intento por Ministerio Público (encuentro de comisión que preside senador entrerriano)

La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside el peronista Pedro Guastavino, buscará dictaminar hoy la iniciativa para reformar el Ministerio Público Fiscal, que elimina el cargo vitalicio del procurador general y del defensor general.

El proyecto en cuestión, empujado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), y el jefe de la bancada del PJ, Miguel Pichetto, impone un límite temporal de cinco años para los cargos de procurador y defensor general, con la posibilidad de una reelección, por una única vez, para continuar por dos años más.

La remoción del procurador, cuestionada la semana pasada durante la discusión en la comisión porque se instalaba la posibilidad de concretarla con la mayoría absoluta de los senadores y la simple de los diputados, fue modificada y quedará a partir de los dos tercios de los presentes.

Una vez firmado el dictamen, este quedará habilitado para ser votado en el recinto. Como el Senado respeta de manera religiosa los siete días reglamentarios para concretar la votación, el tema debería ser habilitado por dos tercios si es que se apura para mañana su aval. Anoche, desde el oficialismo y la oposición dudaban de una sesión esta semana, por lo que la cuestión pasaría a tratarse el miércoles 22.

Audiencia
Por otra parte, la comisión bicameral de Defensoría del Pueblo que lidera Marta Varela (PRO) realizará la audiencia pública en la que expondrán los tres candidatos a Defensor del Pueblo.

Los postulantes son el exjefe de diputados del PJ durante el menemismo, Humberto Roggero; el exdiputado peronista vinculado al massismo Jorge Sarghini, y el actual Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor.

El cargo del Defensor del Pueblo es una insólita vacante que dejó el kirchnerismo desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. En su lugar asumió el adjunto Anselmo Sella, cuyo mandato venció a fines de 2013.

Otra siesta kirchnerista se dio con la conformación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, protocolo ratificado por la Argentina en 2004 -y con ley desde 2012- que quedó en stand-by. En los últimos meses, Varela agilizó la bicameral que preside y ya fueron votadas varias de las vacantes.

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