|
|
|
| Hubo humo blanco y no salió de la planta de Botnia (en Gualeguaychú no salieron conformes) |
|
| Luego de un encuentro de dos horas en Olivos, ambos presidentes consiguieron destrabar la situación. Los científicos podrán ingresar una vez por mes en Botnia para realizar controles. El monitoreo abarcará también la ribera argentina. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Laura Vales
Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo para el monitoreo de Botnia-UPM y del río Uruguay en los 500 kilómetros de cauce compartido. El tema fue destrabado por los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica, en una reunión que mantuvieron en la residencia de Olivos, acompañados por sus cancilleres. En lo central, establece que un comité científico, formado por dos argentinos y dos uruguayos, podrá entrar en la papelera doce veces al año para controlarla. También habilita la toma de muestras en el interior de la planta y el uso de sensores.
El acuerdo firmado por los jefes de Estado acepta los dos puntos centrales que reclamaba la Argentina: poder entrar en la planta y tomar muestras dentro de su predio. También les fija un límite, ya que los científicos podrán ingresar una vez por mes y no de manera irrestricta, como planteaba la Cancillería argentina. Otros temas quedaron abiertos y deberán ser negociados por los equipos técnicos de cada país. No se estableció, por empezar, qué tipo de muestras se tomarán, ni en qué lugares, lo que define qué es lo que se va a controlar. Aunque los dos gobiernos ya elaboraron su propuesta y la presentaron a la otra parte, la negociación no alcanzó para llegar a ese nivel de entendimiento.
Así, fueron superados los que eran hasta ahora los principales escollos que impedían avanzar en el diseño del monitoreo –entrar en la planta y tomar muestras–, pero todavía quedan por discutir muchos aspectos de su implementación concreta.
Un marco político
El texto firmado por Cristina Kirchner y José Mujica fue dado a conocer después de la reunión, y una de las dudas que generó inmediatamente su lectura fue si la toma de muestras en Botnia-UPM se realizará en presencia de los científicos argentinos, ya que el acuerdo dice en su artículo 2, de una manera vaga, “La autoridad de aplicación que corresponda tomará las muestras” (traducido, que la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya –Dinama–, que es la autoridad de aplicación en el país vecino, será la que tome las muestras en la papelera). Fuentes de la Cancillería argentina consultadas por este diario aclararon sin embargo que la Dinama estará “acompañada por el comité científico” integrado por los dos argentinos y dos uruguayos, ya que el acuerdo, en su primer artículo, establece que en los monitoreos, la Dinama estará siempre acompañada por el comité.
Este acuerdo, como la declaración de Anchorena, que los presidentes firmaron en junio, fija el marco general que deberán seguir los técnicos de las cancillerías al definir la implementación del monitoreo. Establece que:
- El comité científico será designado “en un plazo de 30 días, en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”, el organismo binacional que se encarga de gestionar todo lo relacionado con el río.
- “La función del comité científico será monitorear el río y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes” al cauce, en ambas orillas.
- Del lado uruguayo, el monitoreo lo realizará “la Dirección de Medio Ambiente uruguaya, acompañada por el comite científico”. Y en el argentino, “la autoridad de aplicación” correspondiente (se supone que la Secretaría de Medio Ambiente), acompañada de la misma forma por el comité.
- Las muestras se tomarán por duplicado. Una de ellas “será entregada en el acto al comité científico de la CARU”.
- El comité científico podrá ingresar como máximo 12 veces al año a cada establecimiento.
- La información que se obtenga “será pública, respetando los tiempos científicos”.
- Se comenzará por controlar Botnia y la desembocadura del río Gualeguaychú, sobre el que está ubicado el parque industrial de aquella ciudad. Luego el monitoreo se extenderá a las restantes fábricas argentinas y uruguayas ubicadas sobre el río.
Buena onda
La reunión de los presidentes en Olivos duró dos horas y, una vez terminada, fueron los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro quienes hicieron el anuncio. Almagro, que en la negociación sostuvo las posturas más duras en cuanto a limitar el ingreso a Botnia, dijo sentir “orgullo y alegría” por “haber llegado a este momento”. Por su parte, Timerman sostuvo que el acuerdo puso “a la ciencia en el lugar que le corresponde, que es el de establecer los parámetros medioambientales”.
Los presidentes evitaron hacer declaraciones en el momento, pero más tarde, por separado, hablaron del tema. La Presidenta lo hizo por la tarde en la Casa Rosada, calificando al acuerdo como “ejemplar”. “Le encontramos la respuesta a un problema de años que teníamos que superar”, dijo, y agregó que en la relación con Mujica “siempre tenemos muy buena onda”.
Mujica habló al llegar a su país. “Creo que estamos conformes y creo que la parte argentina también. Este tema pasa al telón de los recuerdos. Pienso que éste es un día histórico”, sostuvo. Para desactivar las críticas que podían surgir en la oposición, donde hay sectores que plantean que no se debe permitir el ingreso de técnicos argentinos a Botnia por una cuestión de soberanía, el presidente uruguayo comisionó a Almagro para que anoche mismo se reuniera con los dirigentes blancos y colorados para explicarles al detalle el acuerdo.
¿Quién completará la parte todavía no escrita del acuerdo? Si hay viento a favor y la voluntad de acordar impulsada por Mujica se mantiene firme, el diseño concreto del monitoreo debería realizarse en la CARU, a través de los técnicos de cada cancillería, que son quienes tienen el conocimiento específico de las sustancias cuya presencia en el agua o en el aire se debe controlar. Si la discusión dentro de la CARU se traba, como pasó hasta ahora, serán los cancilleres quienes recibirán el paquete. Si el monitoreo logra por fin implementarse, al margen de lo que suceda con Botnia habrá además otros cambios. Es más que seguro que algunas de las 27 empresas del parque industrial de Gualeguaychú tendrán que mejorar el tratamiento de sus efluentes, que hoy contaminan la cañada Melgar, cuyas aguas, después de un recorrido de varios kilómetros, desaguan en el río Uruguay. La inclusión de las empresas argentinas en el monitoreo fue aceptada por la Argentina aunque no figuraba en el fallo de La Haya. Esta apertura posiblemente diluya las posibilidades de relocalizar la pastera, ya que en la medida en que existan otras fábricas que contaminen, el reclamo para que Botnia sea clausurada tendrá menos fuerza. Pero a largo plazo, si el río se mantiene limpio será un beneficio para todos.
Molestia asambleísta
El acuerdo de monitoreo conjunto del río Uruguay y de la pastera UPM (ex Botnia) alcanzado ayer por la presidenta Cristina Fernández y por su par oriental, José Mujica, generó rechazos en la Asamblea de Gualeguaychú. Lejos de quedar conformes, los ambientalistas remarcaron que los puntos acordados entre ambos mandatarios no satisfacen las expectativas que tenían para que el conflicto se encamine hacia una solución. A pesar de que destacaron que el gobierno uruguayo haya accedido a la toma de muestras dentro de la planta de celulosa, criticaron, entre otros puntos, que se establezca un número máximo de ingresos a la pastera. Los ambientalistas anunciaron que le pedirán al canciller Héctor Timerman una reunión urgente para que los informe acerca del alcance del acuerdo y de la forma en que se implementará. Por otra parte, el avance de la querella contra varios asambleístas que fueron intimados a nombrar un representante legal fue uno de los temas centrales discutidos anoche en la asamblea.
Mientras tanto, hoy desde las 11, se manifestarán frente a la Embajada de Finlandia en el centro porteño, para recordar que los capitales que permiten la operatoria de UPM provienen de ese país. En la ciudad ya se vuelve a hablar de marchas masivas sobre el puente internacional San Martín y de regresar al bloqueo del paso fronterizo con el Uruguay.
La primera reacción fue de confusión. La segunda, de indignación. En la ciudad entrerriana sintieron que la promesa de monitoreo permanente de la planta de celulosa se diluyó con la firma de este acuerdo. Lo escueto del documento acerca de cómo se llevarán adelante los procedimientos de control colaboró con la incertidumbre. La sensación de que lo firmado constituye –según ellos– un “monitoreo político en lugar de uno científico”, sumado a la celebración del canciller Timerman por “el fin del conflicto”, terminaron de configurar el rechazo de los ambientalistas. “Es una aberración. No hay nada positivo. Uruguay sigue actuando de mala fe y nosotros hemos sido engañados nuevamente”, le dijo a Página/12 José Pouler, uno de los integrantes del espacio. El coordinador de la asamblea, Roberto Marchesini, señaló que el documento “es totalmente diferente a lo que se necesitaba”. En el mismo sentido, el abogado Luis Leissa puntualizó que lo acordado “no pone el acento en el control de Botnia, sino que se diluye en el control a empresas de la margen argentina que Uruguay debería haber denunciado antes”. El letrado aseguró que será el grupo técnico de la asamblea el que deba analizar los puntos del acuerdo, ya que “es de interpretación equívoca y va a estar supeditado a qué es lo que se negocie en la CARU”, indicó.
Varios fueron los puntos que motivaron el rechazo entre los activistas. “Entrar doce veces al año no es lo que dice el artículo 281 del fallo de La Haya”, resumió Oscar Bargas. Por su parte, Jorge Fritzler aseguró que “no alcanzó las expectativas de la asamblea en cuanto a la vigilancia continua, ya que no monitorea en tiempo real”, al aludir a la promesa que en su momento les había formulado Timerman. “Si estas doce veces son suficientes está bien, si no habrá que buscar otra alternativa”, apuntó. Si la toma de muestras será sorpresiva o acordada con la empresa es una de las preocupaciones del movimiento, así como que la Dinama sea el órgano encargado de llevar adelante el muestreo en la margen oriental. La colocación de los sensores tampoco les generó certezas, ya que no está aclarado en el escrito rubricado por los presidentes si estarán funcionando de manera continua en el caño vertedero y en la chimenea de UPM, uno de los principales reclamos de los activistas. “Deberíamos tener más precisiones y aclaraciones sobre la forma en que se implementará”, subrayó Bargas. Todos los consultados coincidieron en que la posibilidad de extraer muestras dentro de la misma planta como la inclusión de las emisiones gaseosas de la pastera como un parámetro a ser medido constituyeron un avance.
Una de las principales preocupaciones por estas horas en Gualeguaychú es la querella que el Estado impulsó contra varios referentes del movimiento. Con la apelación de la fiscal al dictamen del juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que había desestimado citarlos, el nuevo panorama los inquieta. Las diez personas recibieron la intimación para designar abogados defensores y consideran inminente su citación a declaración indagatoria. Bajo la manga, los abogados de la asamblea tienen previsto presentar las dos mil firmas de vecinos que solicitan que se los convoque porque prestaron conformidad con el bloqueo orquestado en la ruta 136 durante más de tres años. Tampoco descartan que sea una buena oportunidad presentarse en el juzgado a declarar para argumentar la postura que adoptaron en base a la defensa de un bien que consideran “superior”.
Informe: Gabriel Morini.
OPINION
Mano a mano
Por Fernando Cibeira
José “Pepe” Mujica sabe de las posibilidades de un diálogo mano a mano. Desde que conoció a Cristina Kirchner armaron una excelente relación personal, pero basta que estén un tiempo sin verse para que el vínculo entre Uruguay y Argentina vuelva a encallar en las mismas piedras que lo vino haciendo en los últimos siete años. Y no es culpa de los cancilleres ni de los funcionarios que manejan el día a día, es la dinámica que quedó instalada en un conflicto en el que prevaleció la desconfianza.
Con saludable sentido autocrítico, Tabaré Vázquez –de visita en Buenos Aires como abanderado del antitabaquismo, una pasión de oncólogo– reconoció que Mujica con su estilo había conseguido mucho más, en poco tiempo, que él, con su extendida estrategia de guerra fría.
Pepe no tiene problemas en levantar el teléfono y visitar Olivos cuantas veces sea necesario. A diferencia de Tabaré, no le importa lo que puedan decir en Montevideo ni el cartelito de “pro argentino” que le quiere colgar la oposición. En su estilo campechano, siempre dando la sensación de que está a punto de ofrecer un mate, a Mujica –un viejo zorro de la política– le interesan los resultados. La cosecha está a la vista: ya no hay corte en Gualeguaychú y ayer firmó el acuerdo –hasta altura podría calificarse de histórico– que busca clausurar definitivamente el conflicto por las papeleras estableciendo un mecanismo de monitoreo para el río Uruguay.
Las negociaciones entre los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro habían quedado trabadas. Argentina insistía con el monitoreo interno en la planta, con los científicos en Botnia. Los negociadores uruguayos no veían la forma de hacerlo digerible para su opinión pública y para las autoridades de la papelera finlandesa. Contraofertaban con la colocación de sensores y sólo una vez que detectaran la existencia de contaminantes se abriría la fábrica a los científicos argentinos.
Ayer Mujica aceptó las inspecciones dentro de la planta, aunque no serán irrestrictas como quería Argentina y reclamaban los asambleístas de Gualeguaychú, pero serán periódicas a razón de doce por año, una por mes. Hay puntos técnicos que deberán discutirse en la CARU, como la forma en que se tomarán las muestras y la utilización de los famosos sensores. El acuerdo es un marco político en el que todavía deberán terminar de colocarse todos los ingredientes, pero el avance es trascendente.
Para alcanzarlo, Argentina también supo dar los pasos justos. Como cuando el canciller Timerman habilitó la ribera argentina para que los uruguayos hagan sus inspecciones, con lo que abrió a Uruguay una respuesta adecuada para los cuestionamientos internos. Timerman también le alcanzó ayer a la Presidenta un paper reflotando los olvidados antecedentes de monitoreos a empresas ubicadas sobre el río Uruguay que se realizaron entre 1999 y 2001, en los que no sólo no se registraron problemas sino que las propias empresas examinadas quedaron de lo más conformes.
Quienes mascullaban su disconformidad, en cambio, eran los asambleístas de Gualeguaychú que consideraban que sólo un par de sus demandas habían sido atendidas y rechazaban el resto del acuerdo al que le veían demasiados puntos oscuros. Quieren que sus técnicos lo estudien y luego hablar con Timerman. A esta altura se hace difícil pensar en una vuelta a la ruta, algo que ya se sabía cuando decidieron levantar la medida que mantuvieron durante más de tres años. En verdad, lo que más preocupa hoy a los dirigentes de Gualeguaychú es el avance de la querella que en su momento les inició el Gobierno. Es de imaginar que la Casa Rosada mantendrá esa presión latente hasta tanto los asambleístas resuelvan levantar definitivamente la protesta, algo que se sabrá recién el 19 de agosto, cuando se cumpla el plazo de 60 días que se autoimpusieron.
Mientras tanto, los gobiernos argentino y uruguayo podrán disfrutar del inicio de una nueva etapa luego de extenuantes siete años, cocinada a fuego lento y resuelta en un par de encuentros a solas entre Cristina Kirchner y Pepe Mujica. El martes, cuando los presidente del Mercosur se reúnan en San Juan, tendrán después de mucho tiempo un motivo para celebrar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
