Opinión - 25/01/2013  |  Escribe: Marcelo Casaretto (*)

El impuesto a la Herencia en Entre Ríos

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Marcelo Casaretto.
Foto: Marcelo Casaretto.
Esta semana se aprobó en la Legislatura entrerriana el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo por el que se creó el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (PRODISER). Este programa tiene por objeto promover la construcción de viviendas sociales y obras conexas para la población más vulnerable y de escasos recursos de los centros urbanos de la provincia. El financiamiento de este Programa se hará a través de un Fideicomiso que tendrá como aportantes de recursos al Estado Provincial, Nacional, Municipal y, eventualmente, organismos internacionales. Uno de los aportes provinciales será el producido del impuesto especial a la transferencia gratuita de bienes, en el ámbito de Entre Ríos.

A nivel internacional este impuesto se ha aplicado a lo largo de la historia en gran número de países. Existen antecedentes desde el antiguo Egipto en una forma altamente desarrollada, y en versiones más simplificadas en las épocas de griegos y romanos. En el Imperio Romano bajo la denominación de “vicessima hereditatum” se gravaron las herencias y las donaciones. Durante la Edad Media también existió un impuesto sobre las transferencias por mortis causa. En Inglaterra a fines del siglo XVIII se aplicaron tributos sobre la renta y la herencia, formas de imposición que pasaron a considerarse como formas modernas de la hacienda pública.

Un impuesto de estas características tiene vigencia en la mayoría de los países, especialmente en los más desarrollados. Los modelos del gravamen se ajustan en los distintos países, con las particularidades del caso. Existe en Estados Unidos y en Gran Bretaña, con una modalidad, y en Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda, España, Italia, Irlanda, con otra. También lo toman a nivel regional Brasil, Uruguay y Chile.

En Argentina y algunas provincias, impuestos similares estuvieron vigentes a lo largo de la historia. Hay antecedentes en la época colonial, en 1801. Con la Organización Nacional, en 1853 este impuesto es ratificado por las jurisdicciones provinciales modificando su nombre por el de “Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes”. En 1923 este impuesto se llamó “Impuesto a la Herencia” en la Presidencia de Alvear. En 1951, Presidencia de Juan Domingo Perón, se sanciona la Ley 14.060 que establece el “Gravamen Sustitutivo del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes”. En 1973 es reemplazado por el “Impuesto al Patrimonio Neto”. Durante 1974, tercera Presidencia de Perón se sanciona el “Impuesto al Enriquecimiento del Patrimonio a Título Gratuito” bajo la Ley 20.632. Pero este impuesto fue derogado en 1976 por la Dictadura Militar, evidenciando el cambio del modelo político y económico, que favorece la concentración de la riqueza y resigna herramientas del Estado para redistribuir riqueza y asistir a los sectores populares.

En Entre Ríos, el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes se aprobó en 1974, y también fue derogado luego del Golpe Militar de 1976. Las alícuotas llegaban al 30%. Puede consultarse en los archivos de la Provincia cómo el Código Fiscal de 1976 previo al golpe, contenía este tributo, y como a partir de las disposiciones del Ministro de Economía Nacional José Alfredo Martínez de Hoz, fue derogado y ya excluido en el Código de 1977, tanto como en el resto de las Provincias.

A nivel nacional, hasta la actualidad, no se ha creado un impuesto de estas características. Existieron iniciativas del Presidente Alfonsín en 1985, que tuvo media sanción en Cámara de Diputados pero no pudo instrumentarse, y en los años siguientes se han presentado iniciativas de legisladores del Frente para la Victoria, socialistas, del ARI, GEN, entre otros bloques parlamentarios.

En la Provincia de Buenos Aires por Ley 13.688 del 10/07/2007 se establece un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que queda sin reglamentar. Por Ley 14.044 del 16/10/2009 se incorpora este impuesto al Código Fiscal y se establece su vigencia para el ejercicio 2010. Por Ley 14.200 del 24/12/2010 se deja sin aplicación para ese ejercicio, y comienza a aplicarse efectivamente desde 2011. La recaudación para ese año fue de $ 25 millones y para el ejercicio 2012 fue de $ 70 millones, según los registros de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Siendo la única jurisdicción en que existe un impuesto de esta naturaleza, el presente proyecto de ley tiene como referencia las características esenciales de las normas vigentes en la Provincia de Buenos Aires, con las necesarias adaptaciones a nuestro Código Fiscal y Ley Impositiva. El proyecto de Ley aprobado toma como referencia las normas existentes en la Provincia de Buenos Aires.

Los debates en las sesiones parlamentarias se destacaron por el apoyo de los legisladores oficialistas tanto en la Cámara de Senadores, como en la de Diputados, que permitieron alcanzar la mayoría necesaria para la aprobación, y por el voto negativo de los legisladores de la oposición. Resulta por lo menos llamativo el énfasis de los opositores puestos a cuestionar la creación de este impuesto de carácter progresivo. Las exenciones contemplan la exclusión de este impuesto de la vivienda que sea bien de familia por un valor fiscal de hasta $ 200.000. Además, el mínimo no imponible para cada beneficiario, es de $ 250.000 cuando se trate de padres, hijos y cónyuge. Vamos al caso de una familia tipo con bienes por $ 1.200.000. Se resta el valor de la vivienda bien de familia y queda $ 1.000.000. La mitad de los bienes es del cónyuge, por lo que quedan $ 500.000, o sea que cada hijo recibirá gratuitamente bienes por $ 250.000, por lo que no quedan alcanzados por este tributo. O sea que recién comenzarán a estar gravados quienes reciban bienes, que sean parte de una familia tipo con más de $ 1.200.000 de patrimonio. Evidentemente no son los sectores de menores recursos, y tienen capacidad contributiva para ayudar a financiar las viviendas de quienes están más desprotegidos en la sociedad. Desde allí en adelante se aplica con una escala de alícuotas de que va desde el 4% hasta el 21,92% para quienes reciban más de $ 16.000.000 gratuitamente. A mayor valor de bienes, y a menor cercanía de parentesco con el causante se aplica una alícuota mayor. Pero aún para los mayores patrimonios, la alícuota se ubica todavía por debajo de la alícuota máxima del 30% existente en Entre Ríos hasta 1976.

Desde inicios de 2012 hasta este momento, se ha creado la Administradora Tributaria de Entre Ríos y se han aprobado distintas normas tributarias. Desde la oposición siempre se apuntaron supuestas falencias en la elaboración de las normas y auguraban presentaciones judiciales diversas. Sólo fue controvertido el Impuesto Inmobiliario Rural, donde se ratificó lo actuado por el Poder Ejecutivo y la ATER, tanto en el rechazo a la medida cautelar, el rechazo del amparo colectivo en la Cámara de Gualeguaychú, y posteriormente en el Superior Tribunal de Justicia. O sea que en todos los casos se ha demostrado la constitucionalidad de las normas, el criterio de prudencia en la aplicación de las mismas, considerando la capacidad contributiva de cada uno de los sectores de la población.

(*)Director Ejecutivo Administradora Tributaria de Entre Ríos
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