Opinión - 17/05/2017  |  Escribe: Juan Carlos Arralde (*)

Acerca de la Acordada del Tribunal de Cuentas

Sobre el Decreto 820 del Gobierno Provincial que dispone la inaplicación de la Acordada Nº 284 del Tribunal de Cuentas, privándolo en adelante de intervenir en las contrataciones de alta significación económica que efectúe cualquier repartición provincial:

Es un mal mensaje del Gobierno. Advierto un potencial conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas, que después de la reforma de 2008 es un órgano extrapoder.

La Constitución de Entre Ríos dispone que el Tribunal de Cuentas, cómo órgano de control externo de todas las cuentas públicas, debe ejercer esa función de contralor desde su origen en las “contrataciones de alta significación económica”. Esta modificación fue introducida en la reforma constitucional del año 2008 pero no tuvo eco legislativo, dado que la Legislatura no sancionó la ley reglamentaria del nuevo diseño y funciones del Tribunal de Cuentas. Ante esa laguna legal, el propio Tribunal de Cuentas dictó una Acordada en octubre de 2016 que fija los alcances de su competencia e intervención en esta materia y que ahora el Gobierno ha resuelto desconocer.

El Tribunal de Cuentas ha querido respetar a rajatabla la Constitución Provincial y ante el silencio normativo por ausencia de ley dictó una Acordada que es una especie de reglamento de carácter general para ajustar su intervención funcional a la letra y el espíritu de la ley suprema entrerriana. En esa línea hay que interpretar la autoregulación del Tribunal.

Si usted me pregunta si el Tribunal de Cuentas puede legislar, yo le digo que no, pero si la Constitución le ordena a ese mismo órgano intervenir desde el vamos en una licitación o contratación millonaria y ese órgano de control es además autónomo y no puede cumplir su misión constitucional específica por ausencia de ley no es irrazonable que en el ejercicio independiente de ese control defina y ajuste provisoriamente su actuación mediante el dictado de una norma que regle su actividad.

El que está en falta aquí es el Gobierno, que en vez de resolver no aplicar una Acordada debió enviar hace rato un proyecto de ley para solucionar una situación generada por él mismo que parece no querer solucionar. El estigma del caso Smaldone parece repetirse nuevamente acá: la inexistencia de ley no puede habilitar al Gobierno a hacer lo que quiere o no hacer lo que debe.

Después de la reforma del 2008 el Tribunal de Cuentas es un órgano autónomo de control externo que interviene después que se efectúa el gasto o la inversión, salvo en los casos de alta significación económica (por ejemplo; compras directas o adjudicaciones de obras o licitaciones por montos millonarios) en el que debe intervenir desde su origen, es decir desde el momento mismo en que el Estado decide invertir o gastar y dicta un acto o resolución que pone en movimiento el mecanismo de la contratación.

(*) Ex senador provincial. Ex convencional constituyente. Precandidato a diputado nacional.
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