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Domingo 22 de julio de 2018
Glifosato, un debate prioritario que está "arriba de la mesa" (el caso Gualeguaychú)
FumigacionesGlifosatoAgrotoxicos

En abril, el municipio de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos sancionó una ordenanza que prohibió el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato. Un grupo de comerciantes de insumos agropecuarios presentó una demanda solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la medida. El 10 de Julio la Justicia Federal les dió la razón.

El argumento es que la norma restringe directamente sus negocios al prohibir la venta de uno de sus principales productos, impidiéndoles así continuar con su actividad económica, lícita por cierto.

La Justicia entendió que esto puede implicar un perjuicio económico “inminente o irreparable”, y por eso suspendió la aplicación y efectos de la ordenanza hasta que se defina el fondo de la cuestión. ¿Es legal prohibir el glifosato?

En este debate hay varios derechos en conflicto: medio ambiente, salubridad, ejercicio de industria lícita, libre comercio y propiedad privada. Todos están tutelados constitucionalmente y cuál de ellos va a primar en cada caso o hasta dónde pueden ser limitados es un tema de hecho e interpretación.

A favor del uso del glifosato juega el “principio de no arbitrariedad”, que implica que la acción del Estado al limitar derechos o imponer cargas debe ser empleada con razonabilidad. Para que medidas que limiten la actividad económica tengan validez legal, las mismas deben tener sustento fáctico y tienen que ser efectivas para lograr fines tales como la protección del medio ambiente o la salud pública, sin excederse en las limitaciones.

En el caso de Gualeguaychú, la Justicia entendió que mientras es evidente que se afectaba el negocio de los vendedores de insumos, no parecía en un primer análisis tan clara la protección al medio ambiente pretendida por la ordenanza municipal.

Este es justamente el fondo de la cuestión: la toxicidad del glifosato. En el caso que la Justicia pudiera probar o dar por cierta su peligrosidad, sí sería legal y constitucional limitar su uso y comercialización y en la tensión jurídica entre “ambiente y salubridad versus libertad de comercio y derecho a ejercer industria lícita” puede darse prioridad al ambiente.

Para los comerciantes y eventualmente los productores agropecuarios será clave entonces poder mostrar que no hay pruebas del perjuicio ambiental o a la salud, y por lo tanto, esta prohibición excede las potestades municipales ambientales o de cuidado de la sanidad pública.

Sin embargo determinar la toxicidad o no del glifosato no es tarea de la Justicia sino de la ciencia, y en este punto hay aún discusión a nivel mundial.

Existen estudios en diversos sentidos e incluso la ONU o la Unión Europea no tienen una respuesta definitiva. No se puede legislar adecuadamente en base a prejuicios o proclamas sectoriales.

Es crucial entonces contar con una “última palabra” de la ciencia basada en pruebas y hechos concretos, que a su vez sea respetada y aceptada por los involucrados.

¿Y mientras tanto? Así como el principio de no arbitrariedad juega en contra este tipo de medidas restrictivas, el “principio preventivo ambiental” les da sustento.

Esto significa que aún si no se probara la toxicidad de una sustancia o actividad ante una “duda razonable” se puede limitar acciones o negocios para prevenir daños ambientales potenciales.

La clave está entonces en la interpretación y justificación de qué significa “duda razonable”. No le toca a la Justicia definir sobre efectos en la salud o ambientales sino sopesar las pruebas y evaluar el nivel de afectación de estos derechos en comparación con el impacto económico de las restricciones.

El debate sobre la prohibición del glifosato está sobre la mesa, nos guste o no. Tiene aristas agronómicas, médicas, económicas y otras que hacen a la construcción de la opinión pública en temas ambientales. Urge avanzar hacia una definición científica que, además, cuente con sustento político e internacional.

En Argentina tenemos malas experiencias como la Ley de Semillas, de similar complejidad, tema en el cual tenemos un problema hace años que no podemos resolver.

Es fundamental que no suceda lo mismo: debemos enfrentar el tema del glifosato y los agroquímicos o la realidad nos pasará por encima mientras seguimos enredados en nuestra propia discusión.