| Entre Ríos EN LOS MEDIOS NACIONALES |
Lunes 23 de julio de 2018
El costo que nadie quiere pagar, una Roca cuesta arriba y el duelo de titanes por el aborto (referencia a Entre Ríos)
MacriGabinete

El consorcio de gobernadores opositores, del peronismo y del socialismo de Santa Fe, han comprometido a sus funcionarios de Hacienda para que les preparen esta semana una minuta que contenga el programa de discusión con el gobierno nacional, encaminada a la confección de un presupuesto 2019, que contenga la baja del gasto que ponga al déficit en el dichoso 1,3% del PBI. El programa saldrá de las reuniones que tendrán los ministros provinciales de esos distritos, entre martes y miércoles en la casa de Entre Ríos, y tratará de ponerle letra (y números) a algo que hasta ahora es sólo una melodía. Los negociadores de Interior y Hacienda del gobierno, Alejandro Caldarelli y Rodrigo Pena, que representan a Rogelio Frigerio y a Nicolás Dujovne, esperan ese papel para comenzar una charla en serio, que le ponga algo de sinceridad a este trámite.

La realidad es que no hay provincia que no adhiera a la necesidad de un ajuste de las cuentas a la baja, que será un beneficio para todos, al anclar alguna forma de crecimiento. Lo justifican en necesidades de gobernabilidad futura. Lo que no quieren es aparecer como los responsables de medidas antipáticas, y que el costo político, a un año y medio de las elecciones generales, lo pague entero el gobierno nacional. Eso se llama política, y el desafío de los protagonistas es disolver el entuerto que paraliza todo. Si no lo hacen estarán demostrando la hipótesis canalla de los autoritarios: que sólo los dictadores pueden tomar medidas de fondo en una sociedad.

Tampoco es un sainete criollo, porque se repite en todos lados. Hank Paulson, Secretario del Tesoro de EEUU en 2008, contó que durante a caída de Wall Street lo llamaban los diputados para felicitarlo por sus propuestas ante aquella crisis financiera, que aún estamos pagando. Él respondía, cándido: “O sea que cuento con tu voto”. “- Eso te quería decir; ni se te ocurra. No puedo arriesgar mi carrera”. Algo parecido les ocurre a los gobernantes de Cambiemos, que escuchan a puertas cerradas los argumentos razonables de la oposición, pero que les sacan el banquito apenas empieza la pelea. Para colmo, la oposición tiene una barra en la popular, que es el peronismo-que-no-gobierna y la izquierda, que los corre por ídem y les reclama el bloqueo de cualquier iniciativa. Sólo ha logrado reclutar al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que ha dicho “la Provincia no va a resignar absolutamente nada”.

El formato de la negociación también es tema de disidencias. Hasta ahora Nación fomenta las bilaterales, para negociar la baja del gasto en cada distrito. Busca coparticipar el recorte, y juntar esfuerzos para obras y partidas que rindan en las urnas. O sea, poner la plata, de manera consensuada, en emprendimientos que se vean, y que además garpen electoralmente. Las provincias opositoras, en cambio, reclaman una mesa en la que se sienten todos, porque creen que es una manera de blindar la capacidad negociadora. De Nación responden que suena lindo, pero que, en una mesa de todos, terminan ganando siempre los maximalistas, que arrastran a los moderados a pedir por encima de sus necesidades, para no quedarse atrás.

De esto y algo más hablarán esta semana Frigerio y Miguel Pichetto, que quedaron en encontrarse para rehacer su vida, como los matrimonios desavenidos por la indiscreción de los fisgones (pacto de San Isidro, por ejemplo). Uno de los asuntos pendientes, además del presupuesto coparticipado entre el gobierno y los opositores con responsabilidad de gobierno, es el tratamiento de la propuesta del oficialismo de Inés Weinberg de Roca como procuradora de la Nación.

El nombre fue presentado en un momento pacífico de las relaciones entre el gobierno y la oposición; la iniciativa estaba amparada por la posibilidad de un canje por otras designaciones complicadas, como la del Defensor del Pueblo, o de una plaza de camarista electoral. El clima enrarecido por las turbulencias financieras, que despiertan en todos los peores sentimientos, y por la apertura del turno preelectoral, ha distanciado posiciones que los negociadores buscan superar. La abogada Weinberg tiene fecha el 31 de julio para dar examen ante los senadores. Ella ha tenido reuniones con legisladores del oficialismo, pero la andanada vendrá de la oposición, adonde hay fieras que la someterán a interrogatorios odiosos, como el aborto, la extinción de dominio, el pago de impuestos de los jueces (ella es magistrada de la ciudad).

La minuta que elaborarán los ministros resumirá lo conversado con la Nación hasta ahora, como fase previa al reclamo que les harán de un recorte negociado, uno por uno. Hay un techo a ese recorte para las provincias, cerca de $100.000 millones. Hasta ahora no quieren hablar porque esperan una negociación previa, que es la que llevan adelante en Nación con los gobernadores propios y, entre éstos, con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Según lo hablado hasta este fin de semana, el ajuste para Vidal se discute entre $20.000 y $30.000 millones. En esa banda está la baja de gastos y el traslado de responsabilidades de subsidiar a empresas de electricidad y agua, según convenga. A Larreta lo enloquecen con un reclamo, por parte de Nación, de entre $ 5.000 y $ 10.000 millones. En estos casos el margen de debate es grande, porque el techo dobla al piso. Los gobernadores de la oposición querrían que en conjunto el traspaso de gases nacionales a la CABA y a la PBA debería estar en los $ 70.000 millones. Quieren escuchar algo cerca de ese número, para sentarse a hablar. “Imposible”, me dice Federico Salvai, jefe de gabinete de Vidal. “La provincia tiene un déficit de $ 25.000 millones. No podemos ir a más”.

A Daniel Reposo, siendo el peronismo la mayoría en la cámara, lo tuvieron 10 horas en la silla. Lo voltearon. A Alejandra Gils, con parte de la oposición a favor, la aprobaron, pero después de 4 horas. Si no media un acuerdo previo, hay que esperar dureza sobre esta postulante -que viene de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, una jurisdicción de menor cuantía para los envarados del Federal -, por parte de senadores con recorrido en el derecho penal. La dureza o liviandad de ese examen revelará el grado de acuerdo que pueden alcanzar gobierno y oposición en estos días.

El final de este proyecto es incierto, porque avanzan las alternativas para descremarlo, a través de la despenalización sólo de la madre, la admisión de la objeción de conciencia de las clínicas, o limitando el gasto del estado en los tratamientos. Nadie dijo que sería fácil. No lo es en ningún lugar del mundo. En Estados Unidos, la nominación del conservador Brett Kavanaugh para la Suprema Corte de ese país que hizo Donald Trump hace unos pocos días, hace peligrar la vigencia del fallo Roe v. Wade, de1973, que legalizó el aborto. Las organizaciones pro-Vida consideran que con este juez están más cerca que nunca en los últimos 45 años, de hacer caer la autorización. Este antecedente sirve para entender la complejidad del asunto, que se politiza desde la derecha para atacar a la izquierda, y de la izquierda contra la derecha, etc. No iba a ser sólo una discusión entre Vicky Donda y Gabi Michetti, como creen algunos.

El examen a Weinberg ocurrirá una semana antes de la sesión sobre despenalización del aborto, que escala a rangos irritantes entre las partes. Este martes habrá sesión de gala en el plenario de comisiones, por la dimensión de los expositores. Se enfrentarán Adolfo Rubinstein y Ginés González García (ministro y ex, los dos de Salud, y a favor del proyecto) con el abogado Fernando Toller, que dirige el posgrado en Derecho de la Universidad Austral, y patrocina al hospital de esa casa que se identifica con el Opus Dei en la campaña contra el aborto. Es una de las piezas de artillería más poderosas de los “celestes” contra los “verdes”.

 que proponen demorar la incautación hasta que haya sanción en primera instancia en sede penal, y que además sea reversible si prospera una apelación. Esta semana descongelan dos proyectos De la capacidad de conversar depende otro proyecto arrojadizo – para los políticos – como el de la extinción de dominio, que el Senado quiere sacar para librarse de la acusación de estar protegiendo a delincuentes. El oficialismo y la oposición de esa cámara coincidieron en tiempos de paz en que la iniciativa que aprobó Diputados es mala, porque avanza en la incautación de bienes, por un juez civil, de los acusados de delitos antes de que haya sanción penal firme. 

La prisa es porque a los senadores también los corren con el patrullero para identificarlos con los malos de la película. Miguel Pichetto, quien le encuentra siempre cierto gustito a bailar con la más fea y decir lo que otros no se animan, ha acercado posiciones con el oficialismo, para moderar a los savonarolas que lo acusan de defender corruptos. “Es una ley inspirada en la lucha anti-narcos y la quieren aplicar a ex funcionarios – dice. ¿Se imaginan la gracia que le puede causar a un Sturzenegger si le judicializan las decisiones que tomó para enfrentar la corrida que le costó al país U$S 10.000 millones, y le incautan todos sus bienes sin sentencia firme? Si sale esa ley nadie va a querer ser funcionario, sólo van a aceptar los que no tienen nada de perder”, se queja.

Esta pastilla judicial viene a cuento de que todo lo que hace este gobierno de minoría - que se convierten en realizaciones de mayoría, merced a un cóctel de muñeca, habilidad y también de dispersión opositora - termina dependiendo de la justicia. Los esfuerzos del tridente de operadores en ese poder, que integran Pablo Clusellas, José Torello y Fabián Rodríguez Simón, se concentran en un arbitraje de jueces y cámaras, para huir de las encerronas de los amparos, que pueden frenar reformas previsionales, tarifazos y hasta juicios internacionales. Tener alguna firmeza en la justicia es un complemento discreto, que sólo perciben los profesionales de la política, y es clave para un gobierno al que cada vez le cuesta todo más caro. Es el destino de cualquiera en el último año de mandato, sea presidente, obispo o marido. Ni qué decir lo que puede aportar una justicia amigable, o controlable, en una campaña electoral ultra judicializada, con casos como el misil Odebrecht o los aportes truchos a los partidos – tumba de tantos en todo el mundo. Esto magnifica la importancia -para cerrar este segmento abogadil- el destino de la presidencia de la Suprema Corte. Ricardo Lorenzetti termina un mandato al frente de ese poder, y sus colegas del tribunal dejan filtrar la información de que son reticentes a votarlo para un nuevo mandato. El gobierno quiere que herede el cargo Elena Highton, vicepresidente, que remolonea con explicaciones sobre su ánimo y salud para la tarea - debe la continuidad en el cargo al gobierno, que no apeló al recurso que le dio ultraactividad como magistrada suprema después de los 75 años -.

El oficialismo lo hace porque Carlos Rozenkrantz, el más Cambiemos de todos, pide tiempo para hacerse cargo. Quizás en el próximo mandato, si Macri reelige – ¡vaya condición! Elisa Carriólo querría a Horacio Rosatti, su peronista predilecto, pero es demasiado peronista para el gobierno, que lo responsabiliza de algunos fallos que no le gustaron, como el de las tarifas de 2016. Juan Carlos Maqueda, el decano de los jueces de la Corte, ha alcanzado la sabiduría de pocos para entender que su juego es no politizar su silla. En suma, final abierto. O cerrado con simulación, porque eso de que Lorenzetti se va, se va, y después se queda, es algo que ya se ha visto antes.