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Viernes 18 de enero de 2019
Inundaciones: que la política no siga detrás del clima (mención a Entre Ríos)
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La naturaleza es sabia, pero los hombres somos necios. Tanto que las intervenciones sobre el ambiente continúan modificando dramáticamente el clima y, con ello, el entorno. Tras aquella impresionante sequía que golpeó en 2018, actualmente amplias regiones de nuestro país vienen soportando temporales de lluvia que, si bien se repiten cíclicamente con cierta frecuencia, han alcanzado la semana pasada índices inéditos por volumen, cobertura y repetición, que los expertos atribuyen al inicio de la corriente de El Niño.

Lamentablemente, una vez más hay que contabilizar la pérdida de vidas humanas y un número de evacuados en constante crecimiento. Ayer, los evacuados superaban los 3000 tan solo en la provincia de Chaco, donde productores se quejaban amargamente por el abandono que padecen de parte de las autoridades y por los efectos de los canales tapados que no dejan escurrir el agua. También es muy alto el numero de personas afectadas que se van sumando en otros distritos, como Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En Santiago del Estero, la situación parecía haberse normalizado, aunque se esperan nuevas lluvias, lo cual dificulta la asistencia ante la gran cantidad de agua acumulada. En Chaco, además, se aproximan al máximo registro histórico para enero: ubicada en un valle entre lagunas y ríos, entre el 40 y el 50% de la ciudad de Resistencia se encuentra inundada. El riesgo para Córdoba, Salta y Buenos Aires es también creciente.

Numerosas localidades han quedado aisladas sin accesos por vía terrestre o fluvial, por lo que se declaró la emergencia hídrica en numerosos departamentos. Ríos y lagunas crecidos han servido de escenario para dramáticas imágenes viralizadas de animales luchando por sobrevivir en las correntadas o de cosechadoras trabajando sobre espigas que apenas asoman. Los dramáticos cambios de escala que alcanzan los fenómenos climáticos plantean desafíos impostergables que el Estado debe asumir, encarar y coordinar.

La solidaridad de los argentinos es puesta una vez más a prueba. Cáritas recorre las zonas afectadas, acompaña a las familias y coordina la ayuda, que es articulada con los municipios y abarca las diócesis de Rafaela y Reconquista (Santa Fe); Corrientes, Goya y Santo Tomé (Corrientes); Paraná y Concordia (Entre Ríos); Tucumán y Añatuya (Santiago del Estero), y Merlo-Moreno (Buenos Aires), entre otras.

Para que la entrega de alimentos, calzados, artículos de limpieza e higiene y ropa de cama, entre otros tantos enseres imprescindibles, llegue de manera más rápida y concreta, se habilitó una cuenta bancaria ( caritas.org.ar/donaciones-emergencia). También solicitan donaciones la Cruz Roja Argentina ( cruzroja.org.ar), la Fundación Sí ( fundacionsi.org.ar) y la Red Solidaria ( redsolidaria.org.ar).

Se trata de familias que, en muchos casos, han perdido todo y que aguardan la bajada del agua para volver a empezar, momentos tanto o más difíciles que los que hoy ya transitan y que suman problemas sanitarios. Las lluvias, generalmente de verano, llegan cuando los productores aguardan la cosecha, lo que anula la posibilidad de recupero de su inversión. En Santa Fe, por ejemplo, se ha perdido el 80% de la producción de algodón. Algo similar ocurre con el girasol y con los recortes de siembra de soja, además del enorme impacto sobre el sector ganadero.

Aun cuando es temprano para estimaciones precisas, en muchas localidades las pérdidas ya son totales. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) calificó la situación de "insalvable", al tiempo que afirmó que fijar la emergencia agropecuaria no soluciona nada y acusa al gobierno nacional de inacción. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) se habla de más de 500.000 hectáreas anegadas y más de 2.000.000 afectadas, y se reclaman exenciones, diferimientos y postergaciones de impuestos y pagos para los productores afectados. Además de las obras que todos demandan, Coninagro pide una asistencia financiera especial -muchos productores ya cargaban con un fuerte endeudamiento previo y la aprobación de un seguro multirriesgo y un fondo anticíclico para las economías regionales.

Lamentablemente, el país carece de un plan nacional destinado a la prevención de las inundaciones. Se realizan algunas obras en varias provincias -incluso a veces en perjuicio de otras-, pero no más que eso. El plan contra las inundaciones debería potenciarse tanto como el de riego, que sí está funcionando. Urge finalizar aquellas obras en proceso y encarar las que prioritariamente se consideren necesarias para reducir el impacto del cambio climático a futuro, incluyendo las hídricas de menor cuantía y de caminos rurales. Las grandes obras de infraestructura deben ser políticas de Estado que se sostengan en el tiempo más allá de las distintas administraciones, encaradas interjurisdiccionalmente para que sean efectivas.

Los dramáticos cambios de escala que alcanzan los fenómenos climáticos plantean desafíos impostergables que el Estado debe asumir, encarar y coordinar, comprometiendo para ello los esfuerzos de todos los sectores involucrados.