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Jueves 24 de enero de 2019
Extinción de dominio: provincias rechazan DNU y analizan aplicarla por ley (Entre Ríos "adelantada")
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A la espera de la definición sobre la constitucionalidad del régimen para extinguir el dominio de bienes provenientes de la corrupción y el narcotráfico, las provincias comenzaron a analizar la viabilidad de adherir al DNU de Mauricio Macri, lo que en la mayoría de los casos implicaría una modificación -vía legislaturas- de los códigos procesales vigentes.

Sin embargo, el procedimiento de extinción de dominio tiene antecedente en Santa Fe y Entre Ríos, que lo aplican desde hace al menos dos años en diferentes tipos de delitos, y en la provincia de Buenos Aires, que ajustó la normativa local para enajenar y destinar a la fuerza policial vehículos secuestrados en causas penales que se investigan y juzgan en los tribunales locales.

La primera en ponerlo en práctica fue Santa Fe en 2016. La administración del socialista Miguel Lifschitz creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (Aprad), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dispone de los objetos secuestrados por la Justicia en el marco de investigaciones penales y gestiona que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización.

En julio pasado,más de 3 mil personas de varias provincias se inscribieron para lo que fue el primer remate de vehículos de alta gama decomisados por la Justicia santafesina a grupos delictivos.

“Fue un procedimiento inédito en el país”, explicó Matías Figueroa Escauriza, secretario provincial de Gestión Pública y titular de la agencia de bienes que en poco tiempo acumuló para custodia y futuras subastas, computadoras, televisores, celulares, además de vehículos de diferente porte que llegan hasta allí derivados por orden judicial.

“La Provincia tiene una madurez política en todos los sectores políticos”, indicó Figueroa Escauriza.

Por su parte, el gobierno de Entre Ríos también salió a exhibir el antecedente local. “La Justicia entrerriana está varios pasos adelante que la nacional”, dijo el gobernador Gustavo Bordet (PJ) al subrayar que ese distrito ya aplica un régimen similar al que pretende la Nación.

El mandatario, si bien consideró que la medida “es importante”, afirmó en declaraciones a APF Digital que “no resuelve los problemas de fondo que hay en el país: la alta inflación, altas tasas de interés, la recesión y los despidos”.

En Entre Ríos, la posibilidad de enajenar bienes provenientes de causas penales por corrupción o narcomenudeo está contemplada en el Código de Procedimientos Penales.

Un caso reciente sirve para graficar la postal local: el Ministerio de Salud convirtió en hospital Escuela de Salud Mental una propiedad en Paraná que perteneció al exdirector de Obras Sanitarias provincial Hugo Righelato, condenado por los delitos de Peculado, Negociaciones incompatibles con la función pública y Fraude al Estado en concurso real.

Por su parte, el peronista de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la decisión del Presidente de recurrir a un DNU para aplicar lo que el Congreso le negó. Aunque consideró que “la extinción de dominio como concepto es indiscutible”, calificó como un “exceso” el decreto. “Tiene anclaje en un proceso penal, y es clara nuestra Constitución cuando dice que no se pueden hacer decretos sobre materia penal”, argumentó.

Dentro del universo de distritos gobernados por Cambiemos, Mendoza reconoció que estudia la posibilidad de aplicar una versión propia de la extinción de dominio.

Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia del gobierno de Alfredo Cornejo, dijo que analizan calcar la iniciativa, pero advirtió que, de hacerlo, será a través de una ley.

“Lo estamos estudiando”, reveló el funcionario y explicó que primero deberían modificar el Código Procesal civil de la provincia. “Tenemos un proceso distinto, si quisiéramos implementarlo deberíamos hacerlo ley”, aclaró.

Por último, en el caso de Buenos Aires, la administración de María Eugenia Vidal le sacó el jugo a un decreto-ley propio que habilita al Ministerio de Seguridad a reutilizar vehículos secuestrados en causas penales para dependencias de la Policía.