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Sábado 02 de marzo de 2019
El intendente de Paraná, un concejal y dos funcionarios, a juicio por narcotráfico
variscocelis

El intendente de Paraná, dos de sus funcionarios y un concejal serán sometidos a juicio oral acusados de financiar la compra de drogas en Entre Ríos, delito por el que podrían recibir hasta 20 años de prisión.

Se trata del ex diputado nacional por la UCR y actual jefe comunal de Cambiemos, Sergio Varisco, la ex subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira, el agente de tránsito Alan Nicolás Viola y el concejal Héctor Pablo Hernández. Los cuatro están imputados por infracción al artículo 7 de la Ley de Drogas 23.737 en una causa que investiga a una banda narco que lideraría Daniel Andrés "Tavi" Celis, un histórico puntero político de la zona oeste de Paraná. En el caso hay otros seis procesados.

La resolución de elevar la causa a juicio fue firmada este miércoles por el juez federal de Entre Ríos, Leandro Ríos, que accedió al pedido realizado días atrás por el fiscal federal Carlos García Escalada, según informaron fuentes del caso a Clarín. El juez rechazó además los planteos de nulidad y oposiciones al pedido del fiscal realizados por los abogados de algunos de los imputados, entre ellos la defensa del intendente.

La investigación comenzó en 2016 por el reparto de marihuana en camiones de basura municipales y derivó un año más tarde en la intercepción de una "narcoavioneta" con 317 kilos de cannabis en Colonia Avellaneda. Ese día hubo 14 detenidos, ocho de ellos empleados o funcionarios municipales.

El caso explotó luego del hallazgo de un cuaderno en la casa de Daniel "Tavi" Celis, un puntero narco vinculado a Varisco, donde aparecían el nombre del intendente y el de otros funcionarios junto a números que se corresponderían con cantidades de drogas. Celis está preso por un extraño robo en una chacra, que los investigadores creen que fue para pagar una deuda narco.

"Tavi" es conocido en la zona oeste de la capital entrerriana por su militancia barrial. Pero desde 2016 era investigado por la Justicia junto a su hermano Miguel Ángel, los dos sospechados de distribuir marihuana en una amplia zona de Entre Ríos y Santa Fe con camiones de basura municipales.

La "narcoavioneta" terminó llevando por primera vez a Varisco a los tribunales federales, pero como testigo. El juez Ríos puso la lupa sobre un “acuerdo político” entre el intendente y el puntero durante la campaña electoral: que, a cambio del apoyo de Celis, Varisco le otorgaría 40 contratos, que terminaron siendo menos. Pero igualmente "Tavi" pudo poner gente de su confianza en la Unidad Municipal N° 2, y de acuerdo a la hipótesis de los investigadores, pudo desarrollar su negocio ilegal de distribución.

Aunque terminó preso por ese extraño robo en una estancia, Celis está acusado de seguir manejando la venta de droga desde la cárcel. Hay escuchas telefónicas con el concejal Hernández, su pareja Luciana Lemos (también procesada) y un abogado que lo comprometen. Esas escuchas derivaron en un allanamiento en la casa de Lemos en el que se encontraron 3,5 kilos de cocaína, dinero y anotaciones.

Una de las pruebas en contra de Varisco, que asegura ser "inocente", sostiene que el jefe comunal aportó dinero para financiar el equivalente a 2 kilos de cocaína dentro de un cargamento de 12 kilos proveniente de Buenos Aires. Lo compromete una anotación en una libre con nombres: “Varisco N=2x160=320-250=70 SALDO”, señalaba uno de ellos. De los allanamientos realizados en la Municipalidad, el Concejo Deliberante y el despacho del intendente surgió la sospecha de que los fondos provenían del desvío de dinero destinado a pauta publicitaria oficial. 

En el cuaderno hallado por la Policía Federal en la casa donde vivía la pareja de Celis aparecen más nombres. El primero es "Bordeira". Para los investigadores se trata de la subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira, que terminó procesada con prisión preventiva. Al lado de su apellido decía “X= 2X160=320-200=120-60= 60 DEVUELVE 775”. El tercero en la lista es "Hernández", que sería el concejal Pablo Hernández, que también está detenido desde junio. Junto a su nombre está, otra vez, la misteriosa fórmula alfanumérica: “D=1x165 PAGADO”.

Con todas las pruebas reunidas en allanamientos, análisis de celulares, escuchas telefónicas e investigación policial, el fiscal García Escalada solicitó a principio de este mes la elevación a juicio del caso al considerar que “las actividades de comercio de estupefacientes llevadas a cabo por la organización (…) resultaron financiadas por el Presidente Municipal de Paraná Sergio Fausto Varisco, el concejal municipal Héctor Pablo Hernández, la funcionaria policial afectada en comisión de servicio al Área de Seguridad de la Municipalidad de Paraná Griselda Noemí Bordeira y el empleado de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad Alán Nicolás Viola”.

En su resolución, el juez Ríos sostuvo que "se considera que la prueba determinada en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, concuerda con las constancias de cargo acumuladas al sumario y guarda debida relación con la imputación efectuada".