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Lunes 18 de marzo de 2019
Un cuerpo de abogados del Estado defenderá gratis a víctimas de violencia de género (habrá en Entre Ríos)
PañuelosVerdes

Según el Indec, en los últimos cinco años se registraron 576.360 casos de violencia en el país. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema atiende unas mil denuncias por mes. La asociación civil La Casa del Encuentro da cuenta de un femicidio cada 30 horas. A fines de 2015 se sancionó la Ley Nacional 27.210, que preveía crear un Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género de todo el país. Tres años después, se presentan los primeros trece profesionales de este cuerpo: doce abogadas y un abogado. Atenderán las demandas de trece jurisdicciones. Un abogado para cada provincia. El resto del país debe seguir esperando. 

La Ley Nacional 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece que el Estado debe garantizarles a las víctimas el acceso a la Justicia. La ley es de marzo de 2009. El patrocinio jurídico gratuito es, además, un reclamo que los movimientos de mujeres vienen pidiendo desde hace años y que se repiten en cada movilización. 

El ministro de Justicia, Germán Garavano, presenta este lunes el cuerpo de profesionales que comenzará a patrocinar gratuitamente en abril. Las provincias elegidas son: Tucumán, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Jujuy, Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Neuquén y la ciudad de La Plata.

“Queremos profesionales que sean buenos litigantes. Poner a las víctimas en sus manos es una enorme responsabilidad. Por eso, deben tener trayectoria y experiencia en la materia”, asegura Garavano.

Según explican desde el Ministerio, la selección de las regiones del Noroeste y Noreste para comenzar la implementación del Cuerpo "se basó en un diagnóstico de necesidades jurídicas insatisfechas de la cartera, en el que se evidenció que estas poblaciones están en una situación de mayor vulnerabilidad que el resto".

Se incluyó Neuquén "por compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en el marco del caso de Ivana Rosales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". A Ivana su marido intentó matarla en 2002. No lo logró. Fue preso. Luego se fugó y abusó de sus dos hijas. Una se suicidó. Ivana murió en 2017 por una epilepsia, consecuencia de las múltiples secuelas que quedaron en su cuerpo.

Se podrá acceder al patrocinio a través de la Red de Centros de Acceso a Justicia (CAJ). Los profesionales de los CAJ entrevistarán a las víctimas de violencia de género y derivarán los casos al Cuerpo para que se asigne un profesional.

La subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, remarca: "El desafío es seleccionar más abogados con perspectiva de género, para esto armamos un programa de capacitación virtual que recorre varios de los desafíos reales con los que se enfrentarán las profesionales. El número de abogados, de los 13 que presentamos hoy, irá aumentando de acuerdo a la demanda”.

Un año atrás, al abrirse el Registro de Aspirantes al Cuerpo, se inscribieron 1.675 abogados. La primera camada del curso en género, estuvo formada por 556 personas: aprobó el 30 por ciento.

Desde el Ministerio también explican que para garantizar la efectividad del patrocinio jurídico "se puso en funcionamiento un software de gestión de casos denominado Sistema de Gestión Integral para Casos de Violencia de Género, que tiene como objetivo monitorear y dar seguimiento a los casos".

A los profesionales se les exige: tener residencia en Argentina, contar con cinco años o más de ejercicio en la profesión, acreditar el ejercicio efectivo de la profesión de los últimos dos años, estar matriculado en el colegio de abogados de la jurisdicción respectiva, tener certificado de carencia de antecedentes penales, no registrar sanciones ni suspensiones ante el organismo emisor de la matrícula y haber aprobado el Curso TAg (Transformación Actitudinal en género).

Se informó que a su vez se trabajará junto al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, otros organismos y entidades de la sociedad civil para ampliar el beneficio estipulado en la Ley.