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Lunes 25 de marzo de 2019
Apuñaló a su ex embarazada y mató a dos policías: el primer caso que decidirá un jurado popular en Mendoza (Entre Ríos no lo aplica)
FemicidaMendoza

Un acusado de intento de femicidio que en su huida atropelló y mató a dos policías será la primera persona en someterse a la decisión de un jurado de 12 ciudadanos en Mendoza. El sistema de juicio por jurados, que ya se aplica en Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, arranca en la provincia cuyana envuelto en una polémica, ya que recibe adhesiones y críticas, por igual, en los tribunales locales.

Entre otros puntos, se cuestiona que el jurado deba dictaminar por unanimidad si condena o absuelve al enjuiciado y, además, se plantearon sospechas sobre la posibilidad de que los jurados puedan ser sujetos de presión o extorsión de las partes involucradas en el juicio.

El martes 23 de abril fue la fecha fijada como el comienzo de estos juicios en Mendoza. Alberto Sebastián Petean Pocoví (33) está acusado de intentar asesinar de dos puñaladas en el vientre a su ex pareja, quien gestaba el embarazo de mellizos, y de atropellar y matar a dos policías que estaban a bordo de una moto, en su escape furioso. Será el primero en sentarse frente al jurado, a pesar de que su defensa se había opuesto a esa posibilidad, al plantear la inconstitucionalidad de la ley de juicio por jurados. La iniciativa del kirchnerismo fue aprobada en la Legislatura provincial en noviembre del año pasado y tuvo el apoyo del gobernador radical Alfredo Cornejo.

Petean, que trabajaba como guía de montaña, será juzgado por tentativa de femicidio contra su ex pareja Carolina Sesen y del doble homicidio de los agentes Jorge Carlos Cussi (32) y Daniel Horacio Ríos Martínez (40), agravado por la condición de los funcionarios de seguridad. El hecho ocurrió el 25 de mayo de 2018, en plena siesta mendocina, cuando el hombre apuñaló en el abdomen a su mujer. Huyó en una camioneta Ford Ranger a toda velocidad, y cuando los dos policías intentaron detenerlo aceleró, los atropelló y los mató. Su descontrolada fuga terminó cuando perdió el control del vehículo, volcó y fue detenido. Su esposa fue operada y los médicos lograron salvar la vida de los bebés que engendraba.

El caso Petean será resuelto por los 12 ciudadanos que conformen el jurado popular. Pueden participar personas mayores de 18 años y menores de 75 años que cumplan los requisitos impuestos por la ley (ver abajo). Hay 6.200 ciudadanos que ya fueron elegidos en un sorteo de la lotería provincial y de allí, se volverá a sortear 48 posibles jurados y, de esa lista, se seleccionará a los 12 definitivos.

“Un sistema de software elige los 48 ciudadanos, respetando la paridad de género que exige la ley, 24 hombres y 24 mujeres”, dijo el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino. Ese grupo será notificado y deberá concurrir a los tribunales. Durante una audiencia, quienes pidan excusarse deberán presentar los argumentos y un juez resolverá si son válidos.

“Es una carga pública ser jurado, por lo que el trabajo no es una excusa”, dijo el subsecretario. En el caso de los empleados públicos o privados, seguirán cobrando el salario por más que estén ausentes para cumplir con la tarea de jurado. El empleador puede pedirle al Estado una compensación por esa persona que queda fuera de actividad durante el desarrollo del juicio. Y, en el caso de los trabajadores independientes o desempleados pueden solicitar una retribución monetaria al Poder Judicial. Aún no está determinado el monto diario.

Una vez terminado este proceso, se vuelven a sortear los 12 puestos titulares y 4 suplentes. Todos los jurados recibirán capacitación sobre aspectos legales. Los casos judiciales que llegarán a juicio oral serán homicidios agravados.

El veredicto debe ser unánime. Si el acusado es hallado culpable por homicidio agravado, el juez impondrá inmediatamente una pena. Y si es considerado inocente, concluirá el proceso y quedará absuelto.

Mendoza será la cuarta provincia que aplique el sistema, luego de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. Otras como Entre Ríos y Corrientes lo aprobaron, pero aún no lo pusieron en práctica. A menos de un mes del primer juicio, distintos abogados mendocinos han manifestado sus dudas. “El jurado es gente que no tiene ningún conocimiento técnico y eso puede generar muchas injusticias: va a primar el impacto social y mediático y, desde el punto de vista individual, los prejuicios religiosos, sexuales, sociales y políticos”, opinó el abogado penalista Pablo Cazabán.

Un fiscal, que pidió reserva de su nombre, también cuestionó que las partes intervinientes en el juicio conozcan la identidad de los jurados: “Cualquiera puede amenazar o extorsionar a un jurado para no verse perjudicado con la sentencia. Si uno solo de los jurados está en contra, no hay condena”.

Otro integrante de tribunales dijo que, “en el 40% de los homicidios agravados, no hay pruebas contundentes”, por lo que los jurados no sabrán qué hacer porque no tienen conocimientos técnicos.

Los pro y contra de este sistema serán discutidos entre el martes y el jueves en Mendoza, durante el cuarto congreso mundial de juicios por jurados. El encuentro reunirá a expertos internacionales y referentes nacionales y está organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ), el gobierno de Mendoza, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza y la Comisión para la Implementación, Seguimiento, Mejora y Capacitación de Juicio por Jurados Populares (Ley Nº 9106). Además, cuenta con el apoyo y auspicio de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina.

Quiénes pueden ser jurado

Para poder participar de un jurado popular, el primer requisito es ser ciudadano argentino nativo o naturalizado, y tener entre 18 y 75 años.  Además es necesario contar con 5 años de ciudadanía, 4 años de residencia permanente en la provincia y dos en el territorio donde tiene jurisdicción el tribunal.

Están exceptuadas aquellas personas que ocupen altos cargos políticos, los jueces, abogados, ministros de cultos e integrantes de las fuerzas de seguridad. También quedan excluidos los imputados y condenados por delitos dolosos o crímenes de lesa humanidad.