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Domingo 31 de marzo de 2019
Los jubilados y el impuesto a las Ganancias: precisiones de un fallo limitado (caso entrerriano)
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La Corte Suprema en el fallo “García, María Isabel” declaró la inconstitucionalidad “en el presente caso y con el alcance indicado” de los artículos de la ley 20.628 que ordenan deducir el impuesto a las Ganancias del haber jubilatorio, y dispuso reintegrarle los montos retenidos desde que la jubilada inició su demanda.

La ley 20.628 fue sancionada el 27 de diciembre de 1973, durante la gestión de José B. Gelbard, y promulgada el 29 de diciembre de ese año por el entonces presidente Juan Domingo Perón. En los fundamentos del fallo se plantea que esa ley fue aprobada “en un contexto histórico diferente” al actual, “con un marco constitucional anterior a la Reforma Constitucional de 1994”, lo que lleva a la “revisión de la cuestión”.

Del fallo se desprende que la Corte no resolvió que los jubilados y pensionados no deben pagar Ganancias. Ni siquiera recomendó que el Congreso apruebe una ley eximiéndolos. Sólo resolvió “poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con la capacidad contributiva potencial”.

El mínimo no imponible para los jubilados y pensionados es de 6 haberes mínimos —hoy en $62.462—, con ajustes trimestrales.

El fallo menciona que la jubilada tenía 79 años cuando inició el juicio en 2015, padecía problemas de salud y recibía descuentos de Ganancias del orden del 30% del haber.

En consecuencia, dice la sentencia, a la hora del descuento de Ganancias se debe considerar la mayor vulnerabilidad, “producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad” que “permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de otros”. Y agrega que en los casos de envejecimiento, enfermedad o discapacidad, el jubilado debe “contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida”.

Sin embargo, el abogado previsionalista Guillermo Jáuregui dice “García era diputada y docente y cobraba una jubilación especial de $81.503, en mayo de 2015, abonada por la Caja previsional de Entre Ríos. Ahora, a febrero de 2019, cobra $162.875,11 brutos con un descuento de Ganancias de $32.200,62 que no alcanza al 20% del ingreso bruto”. Además puede deducir de Ganancias gastos médicos por más de $8.000 mensuales, lo que reduciría el descuento de Ganancias.

Jáuregui agrega que “si la Corte considera que este caso es digno de estar exento del pago del impuesto a las Ganancias, miles de ciudadanos, trabajadores y jubilados pueden pretender un trato similar y con ingresos muy inferiores a la señora García. El haber mínimo actual es de $10.410 y el haber promedio de $18.000, 9 veces inferior al haber bruto de Garcia . En momentos en que el país está pasando por graves necesidades, jueces que tampoco quieren pagar el impuesto a las Ganancias eximen a otros que pueden pagar”.

No obstante, el fallo así acotado tiene costo fiscal inmediato mínimo porque comprende a la jubilada García y a otros 2.000 casos con fallos ya ingresados en la Corte.

Al declarar la inconstitucionalidad de la norma en un caso particular, el fallo impactará de diferente manera a los 300.000 jubilados y pensionados nacionales y provinciales con descuentos de Ganancias, dice el abogado Adrian Tróccoli: Aquellos que nunca hicieron juicio y tributan Ganancias tienen la posibilidad de esperar que el Congreso cumpla el mandato de la Corte y legisle al respecto o pueden iniciar acciones judiciales para solicitar que cese el descuento.

En los juicios de reajuste avanzados en los que la Cámara ya había declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Ganancias es muy probable que se rechacen los recursos extraordinarios, o que se resuelvan en un corto plazo por remisión al precedente “García, María Isabel”.

En los juicios de reajuste menos avanzados en los que se solicitó la inconstitucionalidad de la ley 20.628, o la inaplicabilidad del descuento sobre el retroactivo, este fallo marca el camino de los juzgados de primera instancia que suelen adherir al criterio del Máximo Tribunal.

Aquellos beneficiarios que ya obtuvieron sentencia firme y percibieron un pago de retroactivo por parte de ANSeS en el que le descontaron impuesto a las Ganancias, tienen la posibilidad de solicitar en la etapa de ejecución el reintegro de las sumas descontadas.

En los fundamentos del fallo se dice que, en su origen, la ley de Ganancias estableció categorías con un criterio estrictamente patrimonial, y hoy, en un marco histórico y constitucional diferente, eso resulta insuficiente, para agregar que la Constitución y tratados internacionales vigentes hoy obligan al legislador a ponderar distintos matices de la vulnerabilidad.

Gabriel de Vedia, fiscal federal ante la Justicia Federal de la Seguridad Social, considera que “el voto mayoritario de la Corte se funda en el alcance de los principios y exigencia de constitucionalidad de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria. Ello estriba en que la legislación debe contemplar consecuencias jurídicas distintas ante situaciones desiguales”. Y que si bien los ciudadanos, como miembros de la sociedad deben cumplir con sus obligaciones contributivas, no puede establecerse un criterio general, ya que existen diversas situaciones sociales y económicas que deben considerarse al momento de conformar las categorías tributarias correspondientes”.

En relación a la recomendación al Congreso, de Vedia dice que también en diciembre de 2018, en el caso Blanco (ajuste del sueldo promedio que se toma como referencia para el cálculo del haber inicial) la Corte formuló igual petición y “no se conoce proyecto de ley alguno de acuerdo a los parámetros allí sentados. Es esperable que en esta oportunidad el cuerpo legislativo atienda las exigencias del Máximo Tribunal de la República”.