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Jueves 30 de enero de 2020
Diputados convirtió en ley la suspensión del Consenso Fiscal (referencia a Entre Ríos)
Maximo

La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley la suspensión, por un año, del consenso fiscal suscripto en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, con 22 gobernadores. Con esta suspensión, las provincias y los municipios tendrán las manos libres para eventualmente incrementar las alícuotas de los impuestos locales, entre ellos Ingresos Brutos y Sellos.

La ley, que tuvo media sanción del Senado a fines del mes pasado, se aprobó con 157 votos positivos, 54 negativos y 7 abstenciones. El oficialismo apoyó la iniciativa sin fisuras, mientras que Juntos por el Cambio, sin embargo, votó de manera dividida. En efecto, la Coalición Cívica rechazó el proyecto, al igual que un sector del radicalismo y de Pro. El Consenso Fiscal original suscripto durante el gobierno de Macri comprometía a las provincias a reducir gradualmente la presión impositiva hasta 2022. Empero, el impacto negativo que la crisis económica provocó en las provincias fue el argumento que esgrimieron los gobernadores para acordar con la nueva administración de Alberto Fernández una suspensión del consenso fiscal por un año.

Por este mismo período se resolvió, además, suspender por un año los juicios entablados por las provincias a la Nación por la baja del impuesto a las ganancias y el IVA aplicada a la canasta básica de alimentos. Asimismo, se dispuso crear una comisión que analizará el impacto que tendrá esta decisión en las finanzas provinciales.

Con la sanción de esta ley, las provincias quedarán liberadas del compromiso de suspender la baja de impuestos locales, lo que significaría un alivio fiscal de 60.000 millones de pesos para las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, según estimaciones del Ministerio del Interior. "Esta ley no implicará un 'impuestazo', sino que les dará aire a los gobernadores para que puedan afrontar los servicios indispensables en las provincias, como la salud, la seguridad y la educación", planteó Pablo González, del Frente de Todos.

En el mismo sentido se expresó la diputada Lucía Corpacci, exgobernadora de Catamarca. "Con esta ley no se aprueba el aumento de ningún impuesto, sino que los gobernadores tendrán la posibilidad de dejar de disminuir los impuestos por un año. Aquellas provincias que estén en condiciones de bajar impuestos podrán hacerlo", enfatizó.

Sin embargo, en la oposición no todos pensaban lo mismo, y advirtieron que, con la suspensión del consenso fiscal, se vendrá una andanada de subas impositivas. "El pueblo de la Nación está cansado de pagar impuestos. La Argentina no da más con su carga tributaria -enfatizó la diputada Paula Olivetto (CC)-. Si la presión impositiva sigue subiendo, no solo perjudicamos al ciudadano de a pie, sino que también vamos a seguir generando inflación". En el mismo sentido se expresó el diputado Ricardo Buryaile (UCR). "No es bueno ni serio que un Congreso dé marchas y contramarchas con sus leyes cada dos años", advirtió el legislador. En la votación en particular del proyecto, el oficialismo votó de manera alineada a favor del proyecto, al igual que los interbloques Consenso Federal -salvo el socialista Luis Contigiani- y Unidad Federal para el Desarrollo. En cambio, en Juntos por el Cambio las posiciones estuvieron divididas: 26 diputados de Pro y otros 5 del radicalismo -estos últimos, oriundos de Capital, Jujuy y Entre Ríos- votaron a favor, mientras que la Coalición Cívica votó en contra, al igual que otros ocho diputados de Pro y 29 del radicalismo. Entre quienes rechazaron la iniciativa figuraron el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, mientras que los diputados por Mendoza, encabezados por el jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo, se abstuvieron.

El temario de extraordinarias

El Gobierno oficializó ayer la ampliación del temario a tratar en sesiones extraordinarias. El listado incluyó la designación de "los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia", de embajadores, defensorías, ley de capitales alternas, y la llamada ley de góndolas y una iniciativa que modifica el régimen de economía del conocimiento.