Jueves 08 de noviembre de 2007
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Paraná
La Comuna rechazó el reclamo de Dakota por 3,4 millones
La ex concesionaria del servicio de estacionamiento medido (SEO) terminó solicitando más de 6,5 millones de pesos. Desde el Municipio decidieron denegar la solicitud de la empresa porque está prescripta.
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a Municipalidad de Paraná rechazó el reclamo administrativo por un monto millonario presentado en septiembre pasado por Dakota, empresa que instrumentó el Sistema de Estacionamiento Ordenado (SEO) en la ciudad en el período 1998-2002. “Nosotros aconsejamos al intendente (Julio Solanas) rechazar el reclamo porque está prescripto”, dijo a EL DIARIO, el fiscal de Estado municipal, Martín Uranga. Dakota, que tiene pendiente de ejecución una sentencia judicial por un monto de 3,1 millones de pesos, pretendía cobrarle ahora al Estado municipal otros 3.425.000 pesos argumentando un “perjuicio” registrado en su economía a causa de “la falta o idoneidad de los inspectores municipales de tránsito” durante diciembre de 1999 y junio de 2002. Por ese mismo concepto —“falencias de los inspectores”—, la empresa porteña inició en 2000 una demanda judicial contra la Comuna por los meses comprendidos entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999. Obtuvo fallo favorable el año pasado y, en base a esa sentencia, la firma avanzó con un nuevo reclamo en septiembre pasado, justo cuando se imponía en la agenda del Gobierno municipal la negociación del pago de los 3,1 millones. En ese marco, ingresó una nota al Municipio dirigida al intendente Julio Solanas, requiriendo el pago de 3,4 millones de pesos por el período siguiente al abarcado por la causa judicial, y hasta el alejamiento definitivo de Dakota de la ciudad (en junio de 2002). En total, la ex concesionaria del Municipio terminó solicitando más de 6,5 millones de pesos —3,1 millones en concepto del juicio y 3,4 millones por el reclamo administrativo—, monto que proponía que le fuera pagado en cuotas (hasta en 24 cuotas) y con quitas sobre el último monto pedido. Con esa tesitura se iniciaron en octubre conversaciones entre las partes, que derivaron en la resolución emanada en estos días por la Fiscalía de Estado. “Nosotros evaluamos si el reclamo (administrativo) era legítimo o no (y se concluyó) que se considera prescripto, por lo que se aconseja rechazar íntegramente”, informó Uranga y dijo que el plazo de prescripción para estos casos es de cinco años, tiempo que ya habría expirado. Al respecto, señaló que el contrato con la firma fue rescindido en junio de 2002 y el nuevo planteo fue iniciado promediando septiembre de 2007. Así la cosas, la Comuna ya comunicó la decisión de denegar la solicitud a la empresa y propuso volver a la discusión original: el pago en cuotas del monto estipulado por la Justicia (3,1 millones), describió el fiscal. ¿CON O SIN EMBARGO?. De no lograr avances en las negociaciones referidas al pago financiado de la deuda con la operadora del SEO en lo que queda de la gestión municipal, Uranga aseguró que las cuentas municipales no corren riesgo de embargo por este concepto, al menos, en lo inmediato. Explicó que la medida (embargo) no puede trabarse hasta pasado un año de dictada la sentencia firme, aunque para que se cumpla esa fecha falta poco más de un mes. El Superior Tribunal de Justicia ratificó el fallo el 18 de diciembre de 2006, con lo que el próximo 18 se cumplen los 12 meses. En este sentido, mencionó el artículo 153 de la Ley 3.001, de municipios, incluido en el contrato contraído entre la Comuna y Dakota, en 1998. El artículo fija justamente que “sólo podrá el acreedor embargar sus bienes si transcurrido un año desde que la sentencia quedó firme, los respectivos cuerpos deliberativos no arbitraran los recursos para efectuar el pago” de la deuda. Si bien, el Concejo Deliberante sancionó este año una ordenanza autorizando al Ejecutivo a tomar un crédito por 3,1 millones para saldar el pago en cuestión, las gestiones para obtener el dinero por esa vía no han avanzado. AL STJ. Ahora bien, ante la cercanía del cumplimiento de un año de la sentencia y la posibilidad de que en estos días no se llegue a un acuerdo con Dakota, el fiscal anunció que la Comuna se presentará ante el STJ para pedir la aplicación de la ley 24.624, que reglamenta la inembargabilidad de los fondos públicos. Esa norma establece que “los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, cuentas bancarias o valores emitidos u obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago, que sean utilizados para atender las erogaciones previstas en el presupuesto general de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma en razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o los titulares de los fondos y valores respectivos”, leyó Uranga. El fiscal de Estado informó que el tema cuenta con antecedentes en la justicia y aclaró que “sin dejar de reconocer que el Estado debe pagar sus deudas, también hay un interés público que supera el particular”. Así, se refirió al caso que un embargo pueda poner en riesgo la prestación de servicios o en riesgo el funcionamiento operativo de un Estado. Por último, informó que las autoridades electas fueron puesta al tanto de los pasos a seguir por la actual administración y aclaró que quedan exceptuado el cobro de honorarios de abogados. Es que los profesionales actuantes en el caso Dakota ya cobraron unos 450 mil pesos mediante la inmovilización de las cuentas municipales. (El Diario)
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