Viernes 11 de octubre de 2019
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Política
Datos oficiales: cuánto cobran los fiscales en Entre Ríos
El Ministerio Público Fiscal de la provincia divulgó los salarios de todos sus funcionarios a partir de un pedido de acceso a la información pública. En esta nota, lo que cobran por mes del Procurador Jorge García para abajo.
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El Ministerio Público Fiscal de la provincia divulgó los salarios de todos sus funcionarios.

E

l Procurador General y titular del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, Jorge Amiclar García, ordenó dar a conocer la escala salarial, las liquidaciones del mes de septiembre y los viáticos percibidos por todos los fiscales entrerrianos.

El funcionario lo hizo a raíz de un pedido de acceso a la información pública elevado por el sitio Página Judicial y la revelación se produce en un momento de controversia en torno al tema, ya que días atrás el Superior Tribunal de Justicia, a través de un fallo dividido, ordenó a las autoridades de la empresa provincial de energía eléctrica, Enersa, dar a conocer los sueldos de su personal jerarquizado.

La sentencia en cuestión contó con los votos a favor de los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Germán Carlomagno, minetras que lo hicieron en contra Ramón Smaldone y Susana Medina. Fue en el marco de un amparo de Sandra Barrionuevo contra Enersa. Los vocales revocaron así un fallo de Hugo Perotti que contaba con el respaldo del procurador García.

Lo que dice el archivo

La polémica por el acceso a la información pública tocó a las puertas del propio jefe del MPF, quien resolvió revelar su salario y el de todos los agentes del organismo en la provincia. La información está disponible en la página web del MPF.

Así se supo que García percibió en septiembre un salario nominal de $547.955,06, que luego de los descuentos deriva en un neto de $289.887,83.

Las fiscales generales Laura Zaccagnini y Rosa Alvez Pinheiro, cobran en neto $383.058,53 y $358.815,27; mientras que el sueldo de la procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche es de $276.038,35.

Hacia abajo en el escalafón, los cuatro coordinadores de Paraná perciben: María Aranzazu Barrandeguy, $230.476,11; Mónica Elizabeth Carmona, $325.332,44; Matilde Federik, $266.813,44; y Álvaro Piérola, $241.560,95; el coordinador de Concordia, José Daniel Costa, cobra $340.378,95; el de Uruguay, Fernando Lombardi, $320.323,21; y el de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, $269.146,30.

Lo que dice el archivo

A continuación todas las liquidaciones y la escala:


 

El Ministerio Público Fiscal

Es un órgano autónomo en sus funciones, integrante del Poder Judicial. Se compone de dos ramas independientes entre sí, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, presididas por el Procurador General y el Defensor General respectivamente, y se integra por los funcionarios y empleados que se establezcan, respecto a los cuales les compete el ejercicio de la superintendencia.

Tiene como misión "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público en todas las causas y asuntos que se le imponga". En el caso del Ministerio Público Fiscal, ejerce la acción penal pública y conduce la investigación, con arreglo a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, especialidad, oportunidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.

Son sus funciones:

"Diseñar y ejecutar la persecución penal de la provincia, fijando prioridades y criterios de investigación.

"Ejercer la acción penal pública de conformidad con las normas legales vigentes, aplicando criterios de oportunidad y soluciones alternativas en los casos legalmente autorizados.

"Promover la acción penal ante los tribunales competentes, preparando los casos que serán objeto de juicio y resolviendo los restantes según corresponda.

"Dirigir a la policía de investigaciones y a cualquier organismo de seguridad en lo relativo a la investigación de todos los delitos de acción pública salvo los que dependan de instancia de parte.

"Asesorar a la víctima del delito.

"Procurar la protección de denunciante, víctimas y testigos en coordinación con otras agencias del Estado.

"Intervenir en la etapa de ejecución de la pena, conforme lo establezca la legislación procesal respectiva.

"Promover la cooperación nacional e internacional ante la criminalidad organizada o investigaciones complejas".

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