Martes 05 de noviembre de 2019
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Política
Es ley: ciudadanos comunes juzgarán acusados en Entre Ríos
La Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad el proyecto de Juicio por Jurados, que ya tenía media sanción del Senado. La sesión estuvo marcada por la presencia de funcionarios, vocales del STJ y abogados. Qué se dispone.
Diputados
Diputados aprobó este martes por unanimidad el proyecto de Juicio por Jurados.

L

os diputados provinciales sancionaron por unanimidad el Proyecto de Ley, venido en revisión desde el Senado, por el que se establece el Juicio por Jurados conforme los artículos 24, 75 inciso 22 y 118 de la Constitución Nacional y el artículo 122 inciso 23 de la Constitución Provincial.

La sesión contó con la presencia de numerosas autoridades del Poder Ejecutivo, como la ministra de Justicia, Rosario Romero, y el secretario de Justicia de la provincia, Pablo Biaggini, además de autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y senadores provinciales.

El presidente de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, Diego Lara (PJ), argumentó  la iniciativa venida del Poder Ejecutivo, y señaló que "esta ley va a tener un impacto en la sociedad entrerriana, no por la ley en sí misma, sino convencido de los alcances, repercusiones y lo que va a significar para la sociedad".

El legislador agregó que "estamos en presencia de la sesión histórica, y de una ley histórica".

Lara preguntó si en la Justicia puede intervenir lo que "comunmente se llama gente de a pie", y entendió que "es necesaria la participación de la ciudadanía, porque es la esencia de la extensión de los derechos del ciudadano".

El juicio por jurado incluye los homicidios dolosos, agravados, abusos sexuales y robos calificados con armas.

Luego, el diputado Esteban Vitor (Cambiemos) también ponderó la importancia de esa ley. Se remontó a la época de la presidencia de Mitre para argumentar los antecedentes de la ley, citando la participación que en ese entonces se da a los galeses. Culminó su alocución diciendo que "la cultura republicana se ennoblece con las nuevas costumbres de la justicia".

Su compañera y presidenta de bloque, Alejandra Viola, destacó el encuentro de los tres poderes de gobierno de la provincia y agradeció a los representantes del Poder Judicial presentes. Habló "del derecho de ser juzgado por sus pares" y valoró que la ley "consolida un principio indelegable de publicidad de los actos de gobiernos y afianza la transparencia en la administración de los actos de justicia".

La diputada radical Gabriela Lena (UCR en Cambiemos) coincidió en la valoración la iniciativa y señaló que "estos cambios traen vacíos" y que el proyecto "cambiará el procedimiento de administración de justicia, y la modificación de las formas de enseñar el Derecho en la provincia".

A su turno, el diputado Daniel Koch (Frente Renovador) destacó el proyecto y señaló como un dato importante que los tres Poderes del Estado se hayan unido para trabajar en la iniciativa.

El radical Fuad Sosa celebró que "el ciudadano común" pueda ser convocado a futuro a integrar un jurado y compartir el servicio de justicia.

Estuvieron presentes también dirigentes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, el presidente del Colegio de Abogados de la provincia, Alejandro Canavesio, y de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados.

Los vocales del STJ, Castrillón, Giorgio y Salduna -de izq. a der.-, presentes en la sesión.

El proyecto

La ley establece que serán juzgados por jurados todos los delitos con penas de más de 20 años de prisión. El jurado estará integrado por doce ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones legales de un juez, que decidirán por unanimidad si el acusado es culpable o no culpable.

El servicio de jurado es una carga pública que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho.

En los fundamentos se argumenta que el procedimiento "promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que poseen de las normas, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad".

El proyecto de ley apunta a dar cumplimiento en la provincia de Entre Ríos al mandato Constituyente Nacional originario, establecido en 1853, de que los juicios criminales deben realizarse por jurados (artículos 24, 75 -inciso 12- y 118) y a lo establecido por el artículo 122, inciso 23 de la Constitución de Entre Ríos.

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