Martes 17 de marzo de 2020
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Interés general
Cómo es el protocolo en Entre Ríos para quienes no cumplan cuarentena
El gobierno provincial emitió una guía de acción para ciudadanos y agentes públicos para denunciar a personas que no realicen aislamiento obligatorio. Quiénes deben cumplirlo y qué dispone el Código Penal para el incumplimiento.
Policia
La policía está facultada para actuar con desobedientes.

E

l gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Salud, emitió un Protocolo de actuación frente al conocimiento cierto de personas que no realizan aislamiento obligatorio en relación al nuevo Coronavirus (COVID-19) en la fase actual de contención.

La provincia adhirió la Emergencia Sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud del Covid-19 (Coronavirus).

Por ello, se impuso la obligatoriedad de cumplir con los dispuesto en materia de “aislamiento obligatorio” para todas aquellas personas que encuadren en lo dispuesto en el art. 7 del decreto DNU Nº 260/20 del gobierno nacional.

Qué establece el protocolo

El documento aprobado por el gobierno provincial ordena que "en caso de verificarse el incumplimiento o violación del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el art. 7 del decreto DNU Nº 260/20 PEN, las personas que tomen conocimiento de tal circunstancia comprobable o comprobada, deben hacer la denuncia al teléfono de la comisaría más próxima a su domicilio".

También deben denunciarlo "todos los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal violación".

La autoridad policial, en el caso, "deberá comparecer con los cuidados de bioseguridad pertinentes al lugar o domicilio donde se encuentra la persona que ha sido denunciada, para verificar tal circunstancia".

Si se comprueba que un caso sospechoso no cumple la cuarentena, la Policía deberá "intimar el cumplimiento de la normativa mencionada, bajo apercibimiento de ley; dejando una copia de este protocolo en dicho lugar; y advirtiendo al requerido de las consecuencias penales del caso".

El protocolo prevé que se labre el acta respectiva "que será sólo firmada por el funcionario actuante, siendo prueba suficiente de dicha actuación".

En caso de resistencia

Si el intimado se resiste a cumplir la cuarentena o se manifiesta "en sentido contrario a lo requerido", si no se da con el paradero de la persona denunciada, si se constate la violación informada de la cuarentena, o si se reiterar el presunto incumplimiento, se deberá realizar denuncia penal ante el Fiscal de turno competente para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

El fiscal podrá "disponer de las medidas procesales pertinentes conforme lo dispone el Código Procesal Penal de la Provincia".

El comunicado oficial enviado a INFORME DIGITAL sostiene que "el fin de la presente medida es controlar la trasmisión del COVID- 19, por lo que la autoridad policial competente, además de realizar las acciones preventivas generales, realizará la aplicación del presente protocolo dentro del marco de la legalidad".

Se instruye al Jefe de Policía de la Provincia y se comunica al Ministerio de Gobierno de la Provincia, que "todo el personal que actúa en comisaria debe estar debidamente capacitado para cumplimentar el presente protocolo, debiendo el Ministerio de Salud proporcionar la capacitación respectiva de forma inmediata; pudiendo asistir ésta a dicho requerimiento, de ser necesario, con personal sanitario del lugar".

Quiénes deben cumplirlo

1. Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica, las siguientes personas:

a) Quienes revistan la condición de “casos sospechosos”. A los fines del presente Decreto, se considera “caso sospechoso” a la persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días, tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19. La definición podrá ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución epidemiológica.

b) Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19.

Lo que dice el archivo

c) Los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en los apartados a) y b) precedentes en los términos en que lo establece la autoridad de aplicación.

d) Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país. No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por “zonas afectadas”.

No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

Qué prevé el Código Penal de la Nación

ARTICULO 202. - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

ARTICULO 203. - Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de $5.000 a $100.000; si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de 6 meses a 5 años.

ARTICULO 205. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

ARTICULO 239. - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

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