Martes 20 de abril de 2004
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Política
El Gobierno implementará consorcios entre vecinos para controlar la policia
Técnicamente, se denomina prevención primaria, tiende a constituir un contralor de la actividad policial y lo protagonizan los vecinos, agrupados por zonas que pueden o no coincidir con los límites de un barrio o una vecinal...

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or Victor Fleitas (El Diario)

La idea es que sean ellos los que establezcan las prioridades, los déficit, las necesidades que requiere el servicio de policía: donde tiene que estar ubicado el destacamento, a qué hora y por dónde debiera pasar la ronda policial pero no sólo eso, sino también demandas que tienen que ver con el desmalezado o la iluminación de determinados sectores, el asfalto, arreglo de veredas o poda del arbolado y hasta la confección de un código de convivencia”, explicó el secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctor José Carlos Halle. El funcionario comentó que “en los próximos días” llegarán a la provincia capacitadores, enviados por la Subsecretaría de Política Criminal de la Nación.

Lo que hasta ahora funcionan en algunos lugares son los llamados consejos de seguridad. El Gobierno los considera valiosos pero entiende que los consorcios de vecinos serían una propuesta superadora. La experiencia piloto será en Diamante. Luego, aprovechando que la Municipalidad de Paraná tiene una Subsecretaría de Seguridad, se procurará extender la prueba a los barrios de mayor conflictividad de la capital provincial. Concretamente, de los consorcios no participan policías, en ningún rango. Sólo vecinos, con la guía de personal provincial afectado a Política Criminal.

La labor de los capacitadores será instruir a estos equipos humanos que se vayan conformando a fin de que encuentren un modo de funcionamiento que asegure el logro de objetivos. Se tiene por cierto que en los primeros encuentros sobreabunda la “catarsis”, la queja más elemental y las expresiones voluntariosas y que, de a poco, si es acertada la conducción del grupo, los aportes se van encauzando. La técnica aquí es diseñar un mapa de la inseguridad sobre la base de situaciones efectivamente ocurridas, no sobre los supuestos o hipótesis sobre seguridad que los vecinos pudieran llegar a tener. Cuando las reuniones empiecen a rendir frutos, el “moderador” tomará las propuestas y será el gobierno el que dará las instrucciones a la Policía.

La iniciativa no se apoya en lo urgente, sino que mostrará sus cualidades a mediano plazo. Lo positivo es que le reconoce un valor a la participación ciudadana. Para lo inmediato, el Gobierno ha dispuesto la incorporación de 300 agentes a las escuelas de Policía, el reequipamiento de la fuerza y la compra de rodados. Al parecer, no existe interés en regresar a la actividad de parte de los oficiales que fueron pasados a retiro. El Gobierno manejaba el número de 500 posibles reincorporaciones pero se han realizado las invitaciones y el efecto no ha sido el esperado.

Los trabajos ordenados en las cárceles de Paraná y Gualeguaychú no persigue tanto la misión de encontrar un lugar propicio para los futuros condenados como la de descomprimir la situación actual en los institutos penales. “Nosotros mismos estamos incumpliendo la Constitución, en la parte donde establece que las cárceles deben servir para la rehabilitación del interno, no para su perdición definitiva”, repite el secretario Halle, cada vez que el tema es abordado.

A propósito, la propuesta para convertir al regimiento de La Paz en un penal para 300 internos pasó rápidamente a la historia, dada la negativa de la propia comunidad. Así se lo hizo conocer la intendente paceña, Lidia Nogueira, al gobernador Busti que, de ese modo, dio por terminadas las conversiones con la Nación para que se transfiera a la Provincia el predio aquel, vecino al complejo termal y al río Paraná, los dos principales atractivos turístico de la norteña localidad. Lo que sigue en pie es el proyecto de construir un nuevo penal, seguramente en el centro de la provincia, pero ejecutar la iniciativa insumirá por lo menos dos años.

Preocupada por la efímera vigencia de las primeras planas, la corporación dirigencial ha perdido una nueva oportunidad de mostrarse lúcida en el debate sobre la inseguridad. Pero, signo de la decadencia que nos agobia, parece que lo suyo es la evaluación superficial, epidérmica, la reflexión de patas cortas, el remedio insípido que no cura mal alguno, la vacuna que nada previene.

Pudo, por ejemplo, plantear que la irrupción del fenómeno de la inseguridad tiene pilotes que se hunden en la historia, que está vinculado a exclusiones masivas de argentinos del circuito de bienes culturales, materiales y simbólicos y que la falta de un presente digno y un futuro posible es un caldo en el que se derrite el respeto a la vida, la propia y la de los demás.

Podría, en otro plano, haberse citado que en materia económica el Rodrigazo comenzó la tarea que políticamente se completó a partir del 24 de marzo de 1976: la transformación de una economía basada en la producción en otra dominada por la renta financiera, el derrumbe de la industria —sobre todo las PyMEs— y el sostenimiento de la producción agropecuaria, sin valor agregado. En ese proyecto de país chico, sobra todo lo que no sea pampa húmeda y puerto de Buenos Aires.

Pudo, incluso, haberse aprovechado para hacer mea culpa desde 1983 hacia acá porque aquel proceso de marginación de las mayorías no cesó y lo que, algunos con razón y otros con acomodaticia hipocrecía, llaman los ‘90 —caracterizándolos tramposamente como la razón de todos nuestros males— no es sino la consecuencia de una larga saga, de un período de casi tres décadas de expoliación del esfuerzo de los argentinos.

En cambio, la corporación dirigencial —sobre todo la que ha tenido y tiene responsabilidades institucionales— no deja de ir detrás de los problemas que ella misma ha generado, por inacción, incapacidad o mezquindad de miras. Es como si, los de hoy y los de ayer, no tuvieran nada que ver con la arquitectura de esta sociedad donde ni los que tienen pueden disfrutarlo con tranquilidad. La otra cuestión es que, si se reconoce la compleja trama que confluye sobre la problemática, el Estado debe disponer de programas que superen lo puntual e incorporen el tratamiento multidisciplinario, con las comunidades dentro de la discusión. Es un proyecto de sociedad con lugar para todos lo que se reclama.

Para que quede claro, el tema de la seguridad pública no es sólo un asunto que incumba a policías, legisladores, funcionarios del área respectiva y jueces. Ni se resuelve solamente poniendo diez focos más en las calles o con mayor presencia de efectivos mejor armados. Ni siquiera con leyes que terminen encarcelando a ciudadanos cada vez más jóvenes, hasta llegar a los propios gurises. Los programas educativos, sociales, de salud, de desarrollo de la economía, de respeto de los derechos de los trabajadores y de revitalización del mercado interno, debieran formar un frente para diseñar políticas de inclusión generalizadas, para que regrese la movilidad social ascendente, para que vivir en comunidad deje de ser una condena y las ciudades abandonen su destino de cárcel.

Es cierto, hay inseguridad en la punta del iceberg. Pero los resbalones de la corporación dirigencial son más preocupantes aún que la evidencia cotidiana de desintegración que atraviesa a nuestra sociedad.

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