Domingo 15 de agosto de 2004
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Política
La Iglesia pide al Gobierno más fondos para educación
Hay un fallo judicial que obliga a aplicar un incremento de 274 pesos, desde junio de 2003, para 7 mil docentes privados en Entre Ríos. Los colegios dicen no contar con recursos suficientes, y piden al Estado un auxilio financiero...

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as escuelas católicas se enfrentan a un dilema gravísimo: si no consiguen en el corto plazo una medida judicial que vuelva atrás una sentencia que las obliga a abonar un aumento salarial que a nivel nacional fue dispuesto para todos los trabajadores de la actividad privada, se verán en la obligación de cerrar institutos, por cuanto no cuentan con los recursos con los cuales hacer efectiva esa mejora para sus docentes. En Entre Ríos, la Dirección Provincial de Trabajo ya les está enviando intimaciones para que apliquen el aumento, con retroactividad a junio de 2003.

Durante un encuentro del que hasta ahora no habían trascendido detalles, que tuvo lugar el viernes 6 del actual, el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, le planteó al gobernador Jorge Busti la difícil situación que atraviesan las escuelas que dependen de la Iglesia y la imposibilidad de hacer frente, con los actuales recursos, al aumento pretendido por los maestros. En ese caso, el único camino posible sería que el Estado, que subsidia la educación privada, haga un aporte extra, del orden de los 16 millones de pesos al año, para poder costear la suba dispuesta por la Justicia para los 7 mil docentes del sector. Sin el auxilio estatal, es incierto el futuro que se abre.

“En el caso nuestro, solamente para pagar la retroactividad deberíamos conseguir más de 100 mil pesos, y a eso hay que agregarle el aumento de aquí para adelante. Y nuestros alumnos son de clase media y clase baja, y no todos pagan la cuota, y de lo que cobramos tenemos que pagar el mantenimiento, la luz y el teléfono, así que si nos obligan, tendríamos que cerrar la escuela, porque plata no tenemos”, se alarma el sacerdote Ricardo Abalde, apoderado legal de la Escuela Privada Número 33 Nuestra Señora de Luján, del barrio Rocamora. El problema no lo enfrentan sólo los institutos de enseñanza que dependen de la Iglesia Católica —105 en la Diócesis de Paraná; 38 en la de Concordia; y 48 en la Diócesis de Gualeguaychú— sino la totalidad de los 377 establecimientos de enseñanza privada, confesionales y no confesionales, y que en su conjunto representan el 25 % de la oferta educativa en la provincia de Entre Ríos. Y tiene su origen en un planteo judicial que hizo el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que acogió en forma favorable la Justicia del Trabajo, y que obligó a los colegios a reconocerle a los docentes el aumento salarial que dispuso el Gobierno central a todos los trabajadores de la actividad privada a partir de 2002.

EL ORIGEN. En julio de 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde dispuso, como forma de recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios después de la salida de la convertibilidad, una serie de aumentos progresivos, primero no remunerativos y después remunerativos, para todos los empleados privados del país. Se trató de sumas fijas —de 100, 130, 150 y 224 pesos— que el Sadop entendió que también correspondía a los docentes privados, y por eso planteó un reclamo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación que, en septiembre de ese año, le dio curso favorable. Conocida la medida, los apoderados de los colegios privados del país, el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y la Coordinadora de Institutos de Enseñanza Privada (Coordiep), cuestionaron la resolución de la Secretaría de Trabajo.

Pero fue otro organismo del Estado, el Consejo Gremial de Educación, que depende del Ministerio de Educación de la Nación, que en octubre de 2002 dispuso que “no es aplicable” el aumento a los docentes, determinación que desde el Sadop tildaron de “arbitraria e ilegal”, y de ahí en más el planteo derivó en la Justicia que, en noviembre de 2003, dictó sentencia definitiva y obligó a las escuelas privadas a hacer frente al aumento salarial a todos sus docentes. Aunque los colegios resisten la medida, por dos motivos: la inconstitucionalidad de una resolución de Trabajo de la Nación que legisla en materia salarial de los docentes, cuando esa facultad, según la Coordiep y el Consudec, corresponde a las provincias desde el momento en que los servicios educativos fueron transferidos, en los años 90. Y también argumenta la falta de recursos para cumplir con el aumento.

El sacerdote Sergio Jacob, presidente de la Junta de Educación Católica, entiende que el problema excede el ámbito provincial, ya que se trata de un litigio judicial nacional, aunque la solución, en caso de que quede en firme la sentencia, obligará a una intervención del Gobierno provincial. “El aumento salarial no debe buscarse por el camino judicial sino por la vía del presupuesto, y por eso tratamos de concientizar a las autoridades de que este tema no se puede dirimir en los tribunales. Vamos a ir por el camino del diálogo, conscientes de los derechos que le asisten al docente, pero en estas condiciones y si el reclamo se mantiene, no nos va a quedar otro camino que cerrar escuelas”, señala.

En Entre Ríos, el Estado asigna 55 millones de pesos al año para sostener la educación privada a partir del principio de subsidiariedad. Los institutos públicos de gestión privada, confesionales y no confesionales, tienen una matrícula de 85 mil alumnos, y una planta de 7 mil docentes. En toda la provincia, suman 377 establecimientos de enseñanza. Se estima que si prospera el reclamo salarial de los docentes, habría que aumentar la erogación estatal en un tercio, unos 16 millones de pesos más por año.

Osvaldo Bodean, presidente de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada de Entre Ríos, dice que de accederse al aumento salarial reclamado por el Sadop, se “quebraría” el principio de equiparación salarial entre los privados y los estatales.

“Ese principio, a partir de la ley de transferencia de las escuelas, hizo que el sueldo del docente privado fuese el mismo que se abona por igual tarea al docente estatal de cada jurisdicción provincial. Este es un principio ordenador y rector del sistema”, señala Bodean.

El dirigente dice que la aceptación por parte del Ministerio de Trabajo al reclamo de Sadop para que se incluyera a los docentes privados dentro de los beneficios del aumento que se otorgó a todos los empleados de la actividad privada no corresponde. “Se introdujo un acto ajeno en la cuestión salarial docente. Y no se midieron las consecuencias que traería hacia adentro del sistema. Si nosotros hubiésemos podido pagar, se creaba una diferencia salarial entre docentes que asisten a escuelas cercanas unas de otras”, dice.

“Coincidimos con Sadop —añade Bodean—. Queremos un docente bien pago. A nadie le sirve que el docente no tenga un sueldo justo. Pero ese sueldo justo debe ser para todos los docentes, sosteniendo el principio de equiparación, que es una conquista de todo el sistema”.

Fuente: El Diario

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