Domingo 15 de agosto de 2004
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Política
Nuevamente un vocal del STJ emitió una dura opinión sobre la división de poderes
El Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos,Carlos Chiara Díaz, opinó que "no es admisible que los funcionarios emitan sus actos especulando con las repercusiones en las internas partidarias, en las encuestas y en el electorado, ...

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El sistema institucional en vigencia impone a los miembros del Poder Judicial la delicada tarea de asegurar la supremacía de la Constitución y controlar el ejercicio del poder para que los derechos ciudadanos existan en la realidad cotidiana. Para que lo hagan a cabalidad hay que garantizar su independencia e imparcialidad. Ello es de fundamental trascendencia en los momentos actuales de confusión y crisis por los que se atraviesa, sin que los jueces tengan necesidad de reparar en encuestas para pronunciarse, ni felizmente deban ser aprobados por la sociedad en sus decisiones, sino que para cumplir con su rol institucional les basta con obrar a conciencia y ser justos en cada caso, lo cual no es poca cosa".

Así comenzó el juez del máximo organo judicial entrerriano su columna de opinion, para agregar luego que "por desgracia han sucedido hechos, en especial en el ámbito nacional, que vienen carcomiendo la confianza de la sociedad en las instituciones y en el fiel y transparente cumplimiento de tales anhelos, debilitándose los cimientos de la República cuando precisamente se requiere eficiencia de gestión y comportamientos ejemplares en los tres poderes del Estado". "No es admisible que los funcionarios emitan sus actos especulando con las repercusiones en las internas partidarias, en las encuestas y en el electorado, haciendo uso y abuso de los medios de comunicación, con distorsión deliberada de la realidad y hasta aprovechando indebidamente a veces los dineros públicos, que sólo debieran tener como destino el bien común", criticó. Precisamente por ello, dice Chiara Diaz, "cuadra evitar injerencias indebidas, aunque sean sutiles o indirectas, en las tareas propias del Poder Judicial, máxime si ello conlleva la estigmatización de algunos jueces que están actuando en los casos concretos. Mejor es prestar aquiescencia a las enseñanzas de Cicerón de saber distinguir las cosas que hay que apetecer de las que hay que huir, evitando con prudencia sumar un factor más de desconfianza ciudadana y de distorsión de principios básicos de la organización jurídico-política del Estado de Derecho".

El juez interpreta que "no es que se quieran evitar los controles sobre el accionar de los miembros del Poder Judicial, ni propiciar el secreto para sus actos, sino que cuando corresponda se realicen con discreción, sin ánimo intimidatorio, a través del debido proceso constitucional y partiendo del respeto de la situación de inocencia que ampara a los más feroces delincuentes, sin sustituirlo por afirmaciones mediáticas inconsistentes que pueden quizás favorecer circunstancialmente al emisor pero que indiscutiblemente generan disputas estériles y contribuyen a magnificar el descreimiento en la eficacia institucional y en los funcionarios públicos".

"No olvidemos que la fortaleza de la administración de justicia y el mejor sistema dependen de los buenos jueces, más que de las leyes, porque ellos son quienes establecen su significado y alcances. Por lo tanto, resultaría catastrófico que al momento de interpretarlas para dar a cada uno lo suyo y traducir los valores de la comunidad, los magistrados no puedan así hacerlo por presiones o temores de cualquier índole", finalizó.

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