Opiniones
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Domingo 26 de agosto de 2018
Alberto Rotman (*): Cámara de Casación penal en Concordia: La Justicia escuchó después de tanto reclamo

Luego de varias reuniones con miembros de los distintos poderes del Estado, encuentros con colegios profesionales y abogados de distintos lugares de la provincia es que solicité reiteradamente lo que consideraba una discriminación hacia Concordia. Por fin ahora, la cámara de Casación Penal en nuestra ciudad pareciera ser una realidad. Bien lo dice la expresión popular, “nunca es tarde cuando la dicha es buena”.

Con la firma de un acuerdo entre el intendente Cresto y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, donde la municipalidad cede un inmueble para el futuro funcionamiento de la Sala de Casación Penal, marcaría el comienzo que saldaría esa deuda que el poder Judicial de la provincia tiene con Concordia y las localidades de la costa del Uruguay.

Por fin el poder Judicial de la provincia se dignó cumplir con la Ley, de la cual este poder debe ser garante, cumpliendo con la Ley Nº 10.049 que creó la Cámara de Casación Penal, que debería funcionar en dos salas, una con sede en Paraná y otra con sede en Concordia. Dicha ley fue aprobada en el año 2011 y hasta hoy, solo se puso en funcionamiento en Paraná, ignorando la que debía funcionar en Concordia

En conocimiento de esto me reuní con miembros del colegio de Abogados de Concordia donde solicitaron mi intervención para el cumplimiento de la ley que creó la sala de Casación en esta Ciudad, consulte diversos abogados del foro local y regional, me entreviste con el Gobernador Bordet donde le trasmití lo que consideraba una discriminación y una falta grave de un poder de la Democracia, cuya función es interpretar y hacer cumplir las leyes, y que cuando se refiere a temas de su competencia y su funcionamiento, no la cumplen.

En noviembre de 2016 presente un proyecto en la cámara de Diputados de la provincia solicitando el cumplimiento de la ley que crea dicha sala de Casación, interpretando que el no cumplimiento de la misma, hace que muchos ciudadanos y abogados, para poder ejercer su derecho de defensa y/o ejercer el derecho de víctimas y/o realizar el trabajo profesional que se les designe respectivamente deban trasladarse desde pueblos lejanos de nuestra provincia hasta la ciudad de Paraná, donde hoy tiene cede la única Sala de Casación Penal, circunstancia que conlleva la inequidad en los derechos del ciudadano, inclusive con rango constitucional, creando una situación de injusticia entre comprovincianos que viven cerca de Paraná en su relación con los que se domicilian alejados de la misma

Celebro que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Castillón, haya interpretado esta necesidad y con la adquisición del lugar físico comience a saldar esta injusticia que el Poder Judicial de la Provincia tiene con la Región respecto a esta Sala de Casación Penal.

(*) Diputado provincial Cambiemos.