"La narcocriminalidad requiere de su inserción
institucional para progresar y aspira a copar los primeros niveles de gobierno,
como el municipal". La frase del doctor Leandro Ríos, juez federal de
Paraná, tenía el tono de un ensayo académico. Pero era parte de los fundamentos
de una orden de allanamiento que llevaba su firma el 8 de mayo pasado y que
tenía como imputado al intendente de Paraná , Sergio Varisco, que mañana
será indagado. El dirigente radical, alineado con Cambiemos , pasaba a ser uno
de los protagonistas de una causa por tráfico de drogas, en la que se unían dos
universos: la política y el narcotráfico . En Paraná, como en otras
ciudades del país, crecen las sospechas por el clientelismo político ejercido
desde grupos narco.
El viejo esquema del puntero político que vende sus
influencias en el barrio a la hora de hacer campaña cambió hace más de una
década. En muchas zonas el narco ocupa esos roles y tiene un dominio más nítido
sobre la base del dinero que genera y el temor que irradia.
Cuatro días antes de librar una orden de allanamiento al domicilio de Varisco y a la Municipalidad, entre otros sitios, el juez Ríos obtuvo datos reveladores en dos cuadernos que fueron secuestrados en la casa de Daniel Celis, preso por tráfico de drogas desde 2016 en la Unidad Penitenciaria N°1. Tavi, como lo conocen en barrio Antártida, manejaba los hilos del Movimiento Vecinal Oeste en Paraná y, desde 2013, trabajaba para ese sector del radicalismo paranaense.
En el quincho de su casa, donde fue detenida Luciana Lemos, la pareja de Tavi, la Policía Federal incautó 3,4 kilos de cocaína. En el cuaderno más pequeño que la mujer guardaba en una mochila negra figuraban datos que dieron vuelta la causa. Figuraban los nombres de Varisco, de su secretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, y del concejal Pablo Hernández (Cambiemos). Al lado de cada nombre estaba escrito una cantidad de cocaína y de dinero que debía pagar.
"Las anotaciones son compatibles con la probable adquisición de cocaína en cantidades significativas por parte de Varisco, Bordeira y Hernández, atento a que la organización vendía el kilo de cocaína entre $150.000 y 160.000 pesos. Varisco y Bordeira adquirieron dos kilos de cocaína, y Hernández uno", señala el juez Ríos.
El descubrimiento del cuaderno con esas anotaciones le dio
al juez otra visión de esta trama. Y provocó un tembladeral político en Entre
Ríos. Varisco se aprestaba a lanzar su precandidatura a gobernador, tras llegar
a la intendencia en 2015, cuando le ganó a la exjefa comunal Blanca Osuna por
21.515 votos. Varisco, hijo de Humberto, dos veces intendente en Paraná, corría
con una ventaja: en la boleta figuraba el candidato presidencial Mauricio Macri
y el postulante al Senado Alfredo De Ángeli. Ahora sus ambiciones políticas
volaron por los aires, según admitieron a LA NACION dirigentes radicales.
La primera en tomar distancia fue Josefina Etienot, la
viceintendenta que proviene de Pro. Dijo que el caso es de suma gravedad
institucional. "No es una contravención; estamos hablando de una
asociación por narcotráfico, por lo que es muy difícil la situación de la
gobernabilidad", apuntó.
Varisco tenía un acuerdo político con Celis, a través de una
organización con llegada a los barrios que dominaba el narco: el Movimiento
Vecinal Oeste. Aunque la relación entre ambos se remonta a 2011, ese pacto se
fortaleció de cara a las elecciones de 2015. En su libro Cenizas del narco, el
periodista Daniel Enz señala que Tavi se acercó a Varisco a través del actual
concejal Hernández.
Varisco competía por la intendencia con Osuna, dirigente peronista que en ese momento era cercana a Cristina Kirchner. "Celis se cruzaba en determinados barrios -aunque algo a lo lejos, para que no hubiera encontronazos- con gente de Petaco Barrientos y con el mismo jefe narco o con Osvaldo Pacha Palacios, quienes acompañaban a Osuna en sus caminatas", advierte Enz. Los presuntos vínculos con el narcotráfico eran transversales.
Uno de los casos más profundos que rozó al exgobernador
Sergio Urribarri fue la detención de su chofer Marcelo Acosta, condenado el 10
de mayo pasado a seis años de prisión, tras ser detenido cuando transportaba 20
kilos de cocaína desde Misiones. Formaba parte, según la investigación, de una
banda llamada Los Lagartos, que proveía estupefacientes a bandas de Rosario,
como Los Monos.
Relaciones peligrosas
El esquema de funcionamiento de la política y su relación
con el narcotráfico es lo que se aborda en el expediente N° 961/2016.
"Quedó plasmado una peligrosa relación entre las actividades político
electorales y el negocio ilícito del tráfico de estupefacientes", dice la
causa, luego de que Varisco sellara un pacto con Celis, procesado por
narcotráfico el 3 de julio de 2016. LA NACION trató de consultar al intendente,
pero fue en vano.
La afirmación del juez Ríos se basa en el cuaderno
encontrado en la casa de la mujer del narco, donde además se secuestró 3,4
kilos de cocaína. Allí figura la anotación con fecha 28 de abril de 2018 de un
viaje para abastecerse de cocaína y se "hace alusión a los $40.000 que le
entregaron a Lemos en una reunión que mantuvo en la Municipalidad de
Paraná". A estos apuntes se suman una escucha telefónica y mensajes de
WhatsApp obtenidos por la Policía Federal, tras allanar la celda de Tavi en la
Unidad Penal N°1 de Paraná.
En estas escuchas, en su mayoría conversaciones entre Celis
y su pareja, queda probado el acuerdo que Varisco tenía con el dirigente narco.
Pero en las anotaciones, según el expediente, esa relación fue más amplia e
incluyó el involucramiento del intendente, funcionarios y concejales del
municipio en la comercialización de cocaína.
Estas sospechas se traslucen en las conversaciones y
mensajes de Celis desde la cárcel, con su teléfono Samsung que le secuestran el
6 de septiembre de 2017. Un día antes, el narco le hace saber al concejal
Hernández "su fastidio" por la falta de "ayuda" del
intendente. Lo presiona con que va a dar una entrevista a un canal porteño para
contar toda esta trama. Esa amenaza parece funcionar. Su pareja le escribe
desde la Municipalidad. "El 5 de septiembre de 2017 se pudo corroborar que
Celis y el intendente habían llegado a un acuerdo económico por $50.000 por
mes", dice el escrito judicial. "Por fin una buena. Arreglé con el
intendente", le escribe por mensaje de texto Lemos a su pareja, que está
en prisión. Tras los allanamientos, y el secuestro de cocaína y los cuadernos y
escuchas telefónicas, el juez llamó a indagatoria a Varisco, a quien un sector
de la oposición le pidió la renuncia.
En la localidad entrerriana de Colonia Elía, a 35 kilómetros
de Concepción del Uruguay, las calles están desiertas. Casi ninguno de sus 1500
habitantes se atreve a romper el ritual de la siesta.
Pero esa quietud aparente encierra una historia que durante
el último tiempo rompió lealtades y silencios, en un lugar en el que hace seis
años desembarcó un grupo de narcos colombianos, al mando de Jairo Saldarriaga,
alias "Mojarro", exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y sicario del colombiano Daniel el "Loco" Barrera
Barrera, uno de los distribuidores de cocaína más grandes en la historia,
sentenciado hace diez días a 35 años de prisión en Nueva York.
¿Por qué este grupo capitaneado por Mojarro hizo pie en esa
zona? Se sospecha que esta banda tenía interés en invertir en tierras.
Adquirieron una estancia de 18 hectáreas en el paraje Arroyo Molino, cuya
ribera está sobre el río Uruguay, a metros de la frontera. Hay indicios de más
inversiones.
Allí tenía como su principal alfil a Fabián Montañana, un
técnico agropecuario y pianista de 40 años, condenado en julio de 2015 a dos
años y medio de prisión por lavado de dinero de fondos del narcotráfico, en una
causa en la que se investigó el contrabando de 114 kilos de cocaína en un buque
de bandera liberiana a Europa.
Montañana manejaba el campo que Saldarriaga compró en Arroyo
Molino, a 40 km de allí, y en el que hoy vive su exmujer Alexandra Solana
Estrada. Ese campo fue registrado a nombre de Gerardo Ruidíaz, a quien se le
descubrieron precursores químicos para elaborar cocaína.
Tras la ejecución de Mojarro por la que fue condenado a
perpetua Jonathan Aristimuño, de 26 años, Montañana trató de vender el campo.
Había otros colombianos en la zona que habrían reclamado deudas de Mojarro,
entre ellos, el "guía espiritual" de Cali Ángelo Leonardo.
Como publicó LA NACION, este concejal que fue amenazado
varias veces tras denunciar que el testaferro del narco colombiano compró media
docena de vehículos y maquinaria pesada, como retroexcavadoras y palas
mecánicas, y empezó a quedarse con la obra pública en el pueblo. Aguilar
advirtió que el silencio en ese pueblo se compra con dinero público.
Rendijas de la frontera
Itatí, en Corrientes, y Salvador Mazza, en Salta, son dos
pueblos de frontera separados por 1100 kilómetros, con climas y geografías muy
diferentes. Pero hay algo que los une desde hace años. El narcotráfico se
transformó en una herramienta de financiamiento de la política y se metió por
las grietas y las debilidades del Estado, en esas zonas donde permanecen
intactas desde hace décadas las maquinarias del clientelismo político.
La semana pasada fue detenido en Tucumán Jesús Méndez,
hermano de Enrique, intendente de Salvador Mazza, junto con parte de su banda
con 6 kilos y medio de cocaína y armas. El futuro del jefe comunal peronista
está complicado. Hace unos meses, el concejal salteño prófugo Mauricio Gerónimo
(Frente Grande, aliado al Frente para la Victoria), difundió un video desde la
clandestinidad -se sospecha que está en Bolivia- en la que dice que es un preso
político. Lo mismo dijo el intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, cuando
fue detenido en Corrientes en un megaoperativo dispuesto por el juez federal
Sergio Torres, llamado Sapucay, que desarticuló tres bandas que actuaban con
complicidad de las autoridades y de las fuerzas de seguridad federales y
provinciales para convertir a la ciudad de la Virgen en la puerta de entrada de
la marihuana que se produce en Paraguay.
Gerónimo fue imputado junto con dos hermanos de liderar una
banda que se dedicaba a buscar campos para bombardear con bolsas de cocaína
boliviana que luego eran transportadas a Buenos Aires. "Con un viajecito
me pago la campaña a intendente", dijo el edil, luego de ser elegido en
2015. Gerónimo era dueño de un local de venta de teléfonos celulares y vendía
chips, algo vital para las comunicaciones de los narcos en esa zona. Lo que
sorprendió es que el concejal tenía a su nombre 112 líneas de celulares. Las
bolsas de cocaína que arrojaban desde avionetas en campos de Metán y Anta
contenían panes con la letra W.
Esa marca es un sello de calidad de la droga y pertenece a
la cocaína que produce el empresario boliviano ligado al negocio de los
hidrocarburos Wilson Maldonado Balderrama.
La carga que despacharon los hermanos Gerónimo -según la
investigación de Procunar- pertenecía a otro hombre del peronismo salteño, el
fallecido diputado Ernesto Aparicio, exsocio del llamado dueño de la frontera
Delfín Castedo, quien tras permanecer diez años prófugo fue detenido hace poco
más de un año en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Las espaldas de Castedo eran custodiadas por Aparicio, alias
"Gordo", y el exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, quien pasó de ser
un modelo de lucha contra el narcotráfico presentado por Cristina Kirchner a
estar detenido y procesado por recibir coimas de los narcos argentinos y
bolivianos.