Las cláusulas gatillo salariales por la mayor inflación y la devaluación complicaron las finanzas provinciales, al punto que se prevé que entre cuatro y nueve provincias se les dificulte cumplir con la cláusula de la ley de Responsabilidad Fiscal que empata la suba del gasto corriente primario a la inflación y que las menores colocaciones de deuda deriven en reducciones de obra pública.

En el interín, la Nación alivió un par de condiciones a pedido de las provincias: que la suba del gasto corriente primario neto (sin obra pública) que quede por debajo de la inflación este año se pueda computar a cuenta de 2019, para compensar los arrastres salariales. Y que los servicios de deuda incrementados por la suba del dólar se computen como promedio móvil anual en vez de trimestral para poder cumplir con la condición que acota la deuda al 15% de los recursos corrientes.

Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior, "el cumplimiento bianual para las metas de crecimiento de gasto implica que lo que se sobrecumpla en 2018 se va a poder utilizar en 2019. Pero no viceversa: no es que se puede incumplir la meta en 2018 y sobrecumplir en 2019".

En tanto, permitirá que las provincias tomen el promedio móvil de las amortizaciones de deuda de los cuatro trimestres para evitar la estacionalidad de los pagos.

El resultado corriente primario bianual les permitirá a las provincias acondicionarse a las nuevas pautas de responsabilidad fiscal acordadas a fines del año pasado y al efecto de la inflación en los gastos, para no perder la autorización de la nación para endeudarse. Para 2020, tendrán que alcanzar el equilibrio financiero y atar la suba del gasto al del PBI.

La ley de Responsabilidad Fiscal es clave para acompañar a la Nación en el ajuste del déficit fiscal que pedirá el FMI. Las provincias con superávit corriente primario deben hacer correr el gasto corriente por debajo de la inflación, y las que tengan sueldos indexados tendrán que ver si el gasto o la inflación gana la carrera, con pocos gastos extra para recortar. En cambio, las provincias con déficit, tienen que reducir el gasto público primario neto respecto de la inflación, y allí pueden recortar la obra pública.

"Con la devaluación fuerte, si se tiene deuda en dólares y no está calzada, se dispara un 25% la proyección de intereses y si se trabajó con una proyección de deuda a tasas del 23%, pero se mantiene la del 40% por los próximos cuatro meses, se van a incrementar monstruosamente los servicios de deuda y puede dar vuelta el resultado fiscal", dijo un ministro provincial que tiene la deuda garantizada.

Un colega que necesita el endeudamiento para avanzar con la obra pública le dijo a El Cronista: "Tenemos reservas, pero en algún momento vamos a necesitar la deuda. Dependerá de la recaudación. Queremos tener todo listo por si aparece la oportunidad de salir a colocar deuda. Si no, habrá que reprogramar las obras".

Provincias que no cumplirían

Sobre la base del resultado anual de 2017 presentado en estos días en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, registraron el mayor déficit financiero según la Ley 25.917: Chubut ( $5684,6 millones); Neuquén ( $4734,3 millones); Jujuy ( $ 4713,4 millones); Chaco ($4640 millones); Santa Cruz ($ 3962,7 millones); Entre Ríos ($ 3109,9 millones).

Le siguieron: Río Negro ($ 2815,3 millones); Salta ($ 2287,1 millones); Misiones ($ 2080,7 millones); Tucumán ($ 1328,6 millones); Tierra del Fuego ($ 1051,1 millones); Santa Fe ($ 768,6 millones); y Mendoza ($ 974,9 millones).

"El campeón del déficit es la Nación. En el agregado fiscal de provincias no se observa un desequilibrio financiero relevante. En el caso a caso por provincias y considerando sus tamaños relativos, sí pueden observarse algunas situaciones que requieren atención, tal como: Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Jujuy", dijo Luciano Di Gresia, director Ejecutivo del Observatorio Fiscal Federal, ya que en esas jurisdicciones el déficit financiero supera el 10% del gasto total.

Y consideró que otras provincias con altos déficit son Chaco, Río Negro, Salta, Misiones, porque el rojo financiero se encuentra entre el 0 y el 10% del gasto total.

En cambio, en 2017 obtuvieron superávit financiero: Catamarca ($ 1014,4 millones); Córdoba ($ 7643,5 millones); Corrientes ($ 151,3 millones); Formosa ($ 79,2 millones); La Rioja ($ 499,8 millones) y Santiago del Estero ($ 6154,4 millones). Y Nación alcanzó un rojo de $ 572.185,6 millones.

Las provincias prevén alguna excepción política si son varias las jurisdicciones que no logran cumplir con las metas de la ley