Con el telón de fondo de la necesidad de los gobernadores de paliar los tijeretazos de financiamiento nacional para la obra pública derivados del acuerdo con el FMI, María Eugenia Vidal desfreezó ayer la ley de adhesión de Buenos Aires al Régimen de Contratos de Participación Pública-Privada (PPP), un mecanismo que Mauricio Macri alienta entre los gobernadores y que hasta ahora fue aprobado en sólo 14 provincias.

La reglamentación de la norma -sancionada hace cerca de un año en la Legislatura- fue formalizada ayer en el Boletín Oficial local, vía el Decreto 520, lo que abre la puerta al diseño de proyectos de infraestructura por parte del Gobierno bonaerense, que luego saldrá a buscar la participación y el financiamiento de empresas privadas. 

En despachos gubernamentales atribuyeron ante este diario la demora a "los tiempos de la recorrida administrativa por los organismos de control", aunque en los hechos la entrada en vigencia coincide con el ajuste en las remesas nacionales para infraestructura en las provincias que forma parte de la Carta de Intención que Macri le envió al FMI. 

"Con esta regulación, consistente con la nacional y alineada con prácticas internacionales recomendadas en el sector, la provincia se encuentra en mejores condiciones para apoyar la política de PPP de Nación y da un paso más en el camino para desarrollar sus propios proyectos", afirmaron desde el entorno de Vidal.

La avanzada se dio ayer en paralelo al anuncio por parte del Gobierno nacional de la adjudicación a seis consorcios de las obras previstas en el primer proyecto de PPP, para la transformación de más de 3.300 kilómetros de rutas nacionales, con una inversión de u$s8.000 millones (ver página 9).

Pese a la arenga presidencial, hasta el momento sólo 14 provincias aprobaron por ley la adhesión al formato de PPP. 

Según un relevamiento de dependencias nacionales integran ese lote 6 distritos peronistas (del chaqueño Domingo Peppo, el cordobés Juan Schiaretti, el entrerriano Gustavo Bordet, el formoseño Gildo Insfrán, la fueguina Rosana Bertone y la santacruceña Alicia Kirchner); 5 de Cambiemos (de la bonaerense Vidal, el porteño Horacio Rodríguez Larreta, el mendocino Alfredo Cornejo, el correntino Gustavo Valdés y el jujeño Gerardo Morales) y, además, otras 3 provincias: Neuquén (Omar Gutiérrez, MPN), Alberto Weretilneck (Río Negro, Juntos Somos Río Negro) y Mariano Arcioni (Chubut).

En tanto, el proyecto de adhesión ingresó en Catamarca (Lucía Corpacci, PJ) pero aún no se trató, y cuenta con media sanción en Santa Fe, del socialista Miguel Lifschitz. 

En cambio, sigue aún como -eventual- asignatura pendiente para Carlos Verna (La Pampa), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones) y Juan Manzur (Tucumán).

Por de pronto, ayer desde despachos bonaerenses enfatizaron que, "en línea con la reglamentación nacional, se introdujeron disposiciones para asegurar la debida competencia y transparencia en los procedimientos de adjudicación y se incluyen como obligatorios los análisis y procesos destinados a asegurar el máximo respeto por el interés público y también los intereses de los futuros usuarios".