Los dueños del campo dudaban porque, al fin y al cabo, nunca
habían pensado usarlo para otra cosa que no fuera la soja, el trigo y las
vacas. Los hermanos Ghibaudo habían plantado de todo allí, pero hasta entonces
jamás habían destinado su propiedad a algo así. Hicieron, entonces, lo que
siempre hacían.
Llamaron a Doña María Esther, la curandera que solía
hacerles de asesora espiritual. Le pagaban con un chancho, un cordero, huevos o
algo de leche y a cambio ella rezaba para que la cosecha saliera bien (aunque
jamás para que lloviera, porque eso es cosa de Dios). O para que los animales
crecieran sanos y fuertes.
O, como en este caso, para ayudarlos a decidir si debían
dejar que una avioneta proveniente de Paraguay aterrizara en sus tierras.
La curandera, que sabía bien de lo que se hablaba, les dijo
que sí, que lo hicieran. Hablaron tres o cuatro veces sobre el tema y al final
Doña María Esther resultó tan persuasiva que los hermanos Ghibaudo señalizaron
con banderines una pista improvisada e incluso prepararon los 420 litros de
Shell V-Power Nitro que necesitaba la avioneta para la vuelta.
Tal como estaba acordado, a las 16.10 del domingo 28 de mayo
de 2017 la Cessna 210 aterrizó en el campo de los Ghibaudo. Ni el piloto ni
quienes esperaban para recibir los 414 envoltorios que llevaba sabían que había
50 agentes de la Federal vigilando este campo de Colonia Avellaneda, en las
afueras de Paraná.
Los policías aparecieron cuando ya había comenzado la
descarga. Arrestaron a los que pudieron e incautaron los envoltorios. Según
consignaron en un acta, eran 317 kilos y 150 gramos de marihuana paraguaya.
Pero la gran sorpresa aún estaba por llegar. Antes del
aterrizaje, los investigadores sabían que la droga era para la organización del
narco Daniel “Tavi” Celis. Lo que no tenían claro era que se encontrarían con
tantos empleados municipales entre quienes la esperaban.
Así empezó la parte más escandalosa de la causa por
narcotráfico que investiga el juez federal Leandro Ríos. La que hoy hace
tambalear a todo el sistema político de Paraná.
Y que preocupa a la Casa Rosada.
Cuando aterrizó la avioneta, “Tavi” Celis ya estaba preso en
una causa por robo a mano armada, que enmascaraba una venganza por drogas
ocurrida en la localidad de Diamante. Su detención no había cortado con lo que
todo Paraná comentaba: sus vínculos con el intendente Sergio Varisco.
Hijo de un viejo caudillo radical que dos veces había gobernado la ciudad, ex diputado nacional, Varisco había ganado las elecciones de 2015 en una cerrada disputa contra la entonces intendenta Blanca Osuna (Frente Para la Victoria), que buscaba la reelección. Se había presentado bajo el sello de Cambiemos en una fórmula compartida con Josefina Etienot (Pro) y había logrado una sorprendente popularidad entre las barriadas más humildes.
Parte de su caudal de votos, que hasta hace poco lo hacía
ver en la Rosada como un posible candidato a gobernador de Entre Ríos, se lo
había acercado un puntero de la zona más pobre de Paraná, que había formado una
agrupación para acompañarlo. Movimiento Vecinalista del Oeste, se llamaba, y su
líder no era otro que Daniel “Tavi” Celis.
Según iría haciéndose evidente para todos en la ciudad,
Celis había repartido bolsones de comida, había colgado pasacalles y había
hecho festivales para arrastrar votos a la boleta de Varisco. Una inversión, se
calcula, de 5 millones de pesos, lo que le había permitido fotografiarse varias
veces con el candidato.
No era el único narco que se manejaba cerca del futuro
intendente, se sabría después. En otro expediente, un capo local que hoy está
condenado a siete años de prisión por venta de drogas fue grabado en una
escucha telefónica el 26 de octubre de 2015, horas después de las elecciones
que Varisco le ganó a Osuna.
-Hace un rato que me levanté porque andaba medio amanecido
de ayer porque con el tema de la política no pude ni dormir de la bronca que
tenía, le dice el narco Nico Castrogiovanni a un amigo, sobre la derrota de Osuna.
-Pero no importa, papá, yo arreglé con los dos, ¿cuál es el problema?,
recapacita. Y destaca: -Y arreglé mejor con Varisco, así que estoy de diez...
Pero eso no era todo. Tras el aterrizaje de la avioneta se
descubrió que “Tavi” Celis tenía tomada la Unidad Municipal N° 2, una especie
de CGP del oeste paranaense. Había logrado ubicar allí a uno de sus
colaboradores, Hernán Jesús Rivero -designado por decreto del intendente
Varisco del 18 de diciembre de 2015-, y también a su padrastro, Miguel Carmelo “Cebolla”
Leguizamón -nombrado en el mismo decreto-, lo cual le permitía utilizar un
insumo público para negocios privados: los camiones recolectores de basura
repartían la marihuana por toda la ciudad.
Celis se encargaba de pedir que le seleccionaran aquellos más viejos, que no tenían rastreador satelital. El 6 de abril de 2016, por ejemplo, llamó a Rivero y le pidió unos camiones “para trasladar muebles”.
-¿Todos los volcadores tienen GPS?, le pregunta a su hombre.
-¿Podemos ocupar dos?
El juez Ríos llamó al intendente Varisco a declarar como
testigo cuando determinó que la mitad de la veintena de detenidos que tenía por
la avioneta eran empleados municipales.
-¿Celebró algún acuerdo de índole “político”, en particular
relativo al financiamiento y desarrollo de la campaña electoral con Daniel
Andrés Celis?, le preguntaron allí.
-No, no hubo ningún tipo de financiamiento, eso lo descarto.
Negó haber sabido que Celis era lo que todo Paraná sabe que es: un narco. Le preguntaron si era cierto que le había prometido a Celis devolverle sus aportes con 40 contratos en el Municipio (de los cuales se habrían hecho efectivos 30) o concediéndole obras públicas a sus secuaces y lo desmintió.
La causa se cerró sin que imputaran a Varisco, luego del apoyo
público que le dio el ministro del Interior, el entrerriano Rogelio Frigerio. Y
esta parte del expediente, con la vidente y los dueños del campo de la avioneta
entre los imputados, se elevó a juicio oral.
Pero la investigación siguió y, gracias a un golpe de
suerte, empezó a obtener pruebas decisivas. El gran hallazgo, el 6 de
septiembre pasado, fue el secuestro de un celular que una empleada de la
Dirección de Jardines Maternales de la Municipalidad le había llevado a Celis a
la cárcel: el juez Ríos logró acceder a todos los audios de Whatsapp que
contenía.
En esos diálogos había, entre otros cientos de cosas,
conversaciones donde Celis se quejaba porque Varisco no había cumplido con el
trato. Reclamos ante sus allegados de dinero que supuestamente le debía el
intendente. Indicaciones para su pareja, la empleada municipal Luciana Lemos,
en relación a reuniones que ella supuestamente tuvo con el mandatario, con su
secretaria de Seguridad -la policía Griselda Bordeira- y un concejal de
Cambiemos, Pablo Hernández, en el Municipio.
Lo que más alentó al juez fue, sin embargo, la sospecha de
que Celis seguía traficando desde prisión. Y que había cambiado de droga. Los
investigadores empezaron a pinchar teléfonos y determinaron que la organización
de “Tavi” recibía unos 10 kilos de cocaína mensuales, enviados desde Capital
Federal. Cuando tuvieron el dato de un cargamento preciso, allanaron la casa de
Luciana Lemos.
Y ahí estalló todo.
En la casa de Lemos, que antes había sido de Celis y que
tiene por fachada la carnicería “Q’carne”, el 2 de mayo de este año hallaron a
un peruano que había transportado la droga, tres kilos y medio de cocaína y un
cuaderno con toda la contabilidad de la banda. En una de sus páginas, la mujer
del “Tavi” había anotado los últimos movimientos, quizás de los seis kilos
faltantes: Bordeira 2; Varisco 2; Hernández 1; Gainza (o Gonza) 1.
La causa motivó el allanamiento de la casa de Varisco, su
despacho en la Municipalidad y el de Hernández en el Concejo. Y derivó en la
citación a indagatoria de los funcionarios. El intendente respondió recusando
al juez, pero la Cámara lo confirmó y tuvo que ir a dar explicaciones como
imputado por financiamiento del tráfico y la comercialización de
estupefacientes, un delito que se castiga con 8 a 20 años de prisión.
Para entonces, el juez Ríos había hallado indicios de que lo
que alguna vez había sido un acuerdo electoral se habría convertido en un
acuerdo comercial. Celis administraba los sueldos, bienes e ingresos de la
Unidad Municipal 2 y así obtenía fondos para sus operaciones narco. Varisco, a
cambio, habría obtenido los medios para ir por la gobernación.
Desde primeras horas de este martes, la Policía Federal
realiza múltiples allanamientos en una causa por narcotráfico, en la
Municipalidad de Paraná, dependencias del Concejo Deliberante y unos
tres domicilios de la capital entrerriana, entre los que se encuentra el del
intendente, Sergio Varisco y de la subsecretaria de Seguridad municipal,
Griselda Bordeira.
Mientras detenían a Bordeira y a Hernández, el último 4 de junio, el intendente logró mantener la libertad bajo palabra de presentarse cada viernes en el juzgado. Y aprovechó el tiempo: hizo un acto en el comité radical donde recitó una canción de María Elena Walsh -“Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando...”- e irrumpió en el Concejo Deliberante. Allí, rodeado por su gente, habló pese a que su viceintendenta (y presidenta del cuerpo) le decía que había levantado la sesión.
Ahí empezó el último capítulo del escándalo. El secretario
de Medios municipal, José Escobar, se puso a gritarle “cagona” a la
viceintendenta. “No dejen hablar a la yegua”, se escuchaba. Horas después,
Etienot lo denunció por intimidación y violencia de género y logró que le
impusieran una orden de restricción.
Escobar le respondió con un comunicado que entregó a la
prensa. “El Concejo Deliberante no es la casa de nadie como para que uno se
adueñe de espacios y los sienta como propios. No es la cocina, ni el lavadero,
ni el jardín”, escribió el secretario de Medios. “No es un lavarropas que se
carga y se descarga aún cuando no haya terminado con su tarea. Los concejales y
la ciudadanía no son sábanas ni repasadores”, agregó el funcionario, quien
también fue denunciado por amenazar al periodista que más investigó a su jefe,
Daniel Enz.
Este lunes, Varisco fue procesado por financiar el
narcotráfico y tuvo que depositar 1 millón de pesos para evitar la cárcel. Su
último manotazo, contratar al abogado Mariano Cúneo Libarona, no cambió su
suerte judicial. Su destino político, en cambio, aún está abierto: sigue siendo
intendente, se niega a renunciar o a pedir licencia, como le exigió ayer el Concejo
Deliberante. Su vice, Josefina Etienot, se reunió con Rogelio Frigerio para
hablar del tema. Pero aún no hay definiciones.
Quizás deberían consultarla a Doña María Esther, la curandera.