Es cuestión de seguir el hilo: cuando todavía en el Vaticano mandaba Juan Pablo II, el entonces cardenal Joseph Ratzinger estuvo al comando de una comisión que redactó el nuevo Catecismo, que luego presentó el mismo Ratzinger en su encarnación como Benedicto XVI y que todavía está vigente y suele asomar cada vez que Francisco reitera su “hagan lío”. La recurrencia a la “objeción de conciencia” es una de las herramientas a las que la jerarquía católica impulsa a sus fieles a la hora de impugnar el avance cotidiano de derechos y la diversidad en todo el mundo. Detrás de la noción amplia de objeción de conciencia (que, en realidad, nació en tanto recurso libertario de individuos frente a obligaciones impuestas por los Estados, como la participación en conflictos bélicos), se encuentra la idea vaticana de “desobediencia civil”, convertida en obstáculo para la aplicación de leyes y ejercicio de derechos.

En 2010, en Argentina, luego de sancionada y promulgada la ley de matrimonio igualitario, durante algunos meses se multiplicaron, aunque no en demasía, los casos de juezas y jueces de paz que intentaban abstenerse de aplicar la norma, alegando razones de violencia moral. En La Pampa, la jueza Marta Covella, de General Pico, había avisado públicamente que no casaría parejas del mismo sexo porque “la Biblia me enseña que primero tengo que obedecer la ley de Dios y después las de los hombres” y esas parejas son “una cosa mala delante de los ojos de Dios; me crié leyendo la Biblia y sé lo que Dios piensa”. En San Juan, una ONG antiderechos, Compromiso por la familia, se había reunido con el entonces gobernador José Luis Gioja para contarle lo que hizo luego: presentar en la cámara provincial un proyecto de ley de objeción de conciencia.

En la misma provincia, la encargada del registro en el Barrio Los Pinos (Chimbas), Angela de Herrero, afirmó que con la sanción del matrimonio igualitario “se nos ha complicado el trabajo”, por la tensión entre el imperio de la ley y el peso de los deseos personales. Su decisión, dijo entonces, era no casar a parejas integradas por personas del mismo sexo, aunque decía estar al tanto de que por ello “podría recibir sanciones”.

En Entre Ríos, el director del registro civil de Concordia, Alberto Arias, había explicado que aunque la ley de matrimonio no lo estipulara, se podía aplicar objeción de conciencia en esas bodas. Funcionario público y “abogado canónico” que representaba, entre otros, los intereses de la catedral de Concordia y las Carmelitas Descalzas, como él mismo había contado, Arias había llegado a explicar que no casaría a una pareja de varones, pero sí a Alfredo Astiz (solamente con una mujer). “¿Por qué no lo voy a casar al pobre hombre? Si no, no se puede rezar más el Padrenuestro, si no perdonamos no podemos. ¿Hasta cuándo vamos a estar acusando?”

El mismo abogado retomó argumentos sostenidos por jerarcas de la Iglesia Católicas: ampliar el matrimonio civil fue “un error” porque constituye “una especie de igualitarismo que no corresponde”.

Por esos días, precisamente, espacios laicos y no tanto vinculados a la Iglesia católica distribuían manuales para aducir objeción de conciencia, y alentaba a sus fieles a recurrir a ella ante la aplicación de la nueva ley. En España, en 2005, la aprobación del matrimonio igualitario había desatado una reacción idéntica.