La ciudad de Paraná fue escenario ayer de una nueva serie de allanamientos ligados a dirigentes de Cambiemos, en el marco de la causa que investiga supuestos vínculos entre el ya procesado intendente radical Sergio Varisco y narcotraficantes locales.

Los operativos -ordenados por el juez Leandro Ríos- alcanzaron esta vez a la vivienda del vicepresidente del Concejo Deliberante, Emanuel Gainza (Cambiemos), a la oficina del edil en el Concejo y a un local partidario del PRO, en la capital entrerriana.

Los allanamientos se produjeron en la antesala de la declaración hoy de Gainza como testigo en la causa que mantiene en vilo a todo el arco político local.

El pasado 18 de junio, Varisco fue procesado por el magistrado Ríos, para quien "quedó plasmada en la instrucción judicial una peligrosa relación entre las actividades políticas electorales y el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes". 

"Aquella pesquisa pudo constatar un alto grado de probabilidad la facilitación por parte del intendente Sergio Fausto Varisco de los medios materiales y humanos para la consolidación de la organización delictiva", afirmó el escrito de casi 300 páginas. 

Según la investigación, Varisco mantenía un presunto acuerdo político con Daniel "Tevi" Celis para supuestamente financiar la campaña de Cambiemos en 2015 mientras que, a cambio, habría habilitado -según las sospechas judiciales- el ingreso de allegados a Celis a una dependencia municipal para distribuir con móviles oficiales la droga en la ciudad.

Ríos además dictó un embargo de un millón de pesos sobre los bienes del funcionario en concepto de caución real para mantener su excarcelación.

Por esa causa permanecen detenidos el concejal Pablo Hernández y la funcionaria de Seguridad Griselda Bordeira, por sus supuestas vinculaciones con Celis.

En paralelo, en las últimas horas fue detenido y deberá cumplir 21 días de prisión preventiva, por orden de la jueza Elisa Zilli, el subsecretario de Medios de la Municipalidad de Paraná, José Escobar, por presunto "entorpecimiento" de la investigación que lo tiene en la mira por la denuncias que presentaron en su contra la viceintendente Josefina Etienot (PRO) y el periodista Daniel Enz.

La medida había sido solicitada por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, por entender que el funcionario había buscado "entorpecer" la investigación borrando "toda la información del teléfono celular minutos antes de que se procediera al secuestro del aparato".

A mediados de mes, Etienot presentó una denuncia penal por presuntos "atentado y resistencia a la autoridad" contra Escobar, luego de cruces generados durante la irrupción de Varisco en una sesión del Concejo Deliberante local para defender su inocencia frente a la causa que lo investiga.