Después de semanas de tensión y tras una reunión entre la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, se resolvió el conflicto por el giro a cuatro comisiones del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En ese encuentro se acordó una solución intermedia. La iniciativa aprobada por Diputados será estudiada por un plenario de 3 comisiones: Salud, que continuará siendo la cabecera del debate, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. El sector encabezado por Michetti debió acceder a quitar la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el ferviente antiabortista Esteban Bullrich, mientras que del otro lado concedieron que se incorpore Asuntos Constitucionales, encabezada por el peronista catamarqueño Dalmacio Mera, con una postura más moderada pero contraria a la legalización. La negociación fue luego refrendada por los senadores, que la votaron por unanimidad. De esta manera quedó allanado el camino para que el martes próximo comience el tratamiento del aborto en Senado, que culminará el 1 de agosto con la firma del dictamen y el 8 de agosto con la votación en el pleno de la Cámara Alta. 

Por la mañana, mientras un grupo de los autodenominados “provida” se manifestaba en las afueras del Congreso, la vicepresidenta emitió una nota en la que defendía su decisión de girar el proyecto a cuatro grupos de trabajo. Allí respondía a las impugnaciones formales presentadas la semana pasada por Argentina Federal y por el Frente para la Victoria-PJ. La nota de Michetti comenzaba con un furcio en su primer párrafo: hacía referencia al giro del proyecto de interrupción “involuntaria” del embarazo. Luego sostenía su decisión punto por punto. Sobre Presupuesto y Hacienda, insistió en que el proyecto “requerirá para su implementación erogación presupuestaria por parte de los Estados provinciales”. También advirtió que las provincias de frontera podrían verse especialmente afectadas “toda vez que los ciudadanos de los países limítrofes podrían utilizar nuestros servicios de salud” para la realización de esas prácticas de manera gratuita. En ningún momento el texto replicó las palabras del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein (citada en ambas impugnaciones), quien afirmó que los mayores costos para el sistema de salud provienen de la atención de mujeres que sufren complicaciones luego de un aborto clandestino.

La sesión prevista para ayer a las 13.30 debió demorarse casi una hora producto de las negociaciones sobre el tema de los giros. Primó la voluntad de ambas partes evitar una votación dividida, con resultado incierto y por un tema muy técnico. Además, la principal preocupación respecto de una posible dilación del debate había quedado saldada con la confirmación del 8 de agosto como fecha de la votación. 

“Con mucha conciencia y mucho trabajo de estudio de antecedentes y de poner todo el profesionalismo que pude delante mío, creí y creo que es necesario que haya cuatro comisiones que traten el proyecto”, insistió Michetti al introducir el tema en la sesión. Luego fue Federico Pinedo quien se encargó de proponer una alternativa, pese a compartir la postura de Michetti. “Queremos aventar todo tipo de dudas sobre esta cuestión. Creemos que el tema es importante de manera tal que queremos garantizar un debate serio, respetuoso y constructivo, no dejándonos arrebatar por cuestiones externas que nos podrían llegar a sacar de nuestra tarea y nuestro deber”, expresó el presidente provisional del Senado para finalmente plantear la moción de preferencia para que sea Salud, presidida por Mario Fiad (UCR-Jujuy), Justicia y Asuntos Penales, por Pedro Guastavino (Bloque Justicialista-Entre Ríos) y Asuntos Constitucionales, por Mera. También Pinedo planteó una moción de preferencia para que el 8 de agosto se vote “con o sin dictamen de comisión” por lo que, independientemente de lo que suceda en el plenario, el tema llegará al recinto ese día. “La propuesta es altamente razonable. El giro es abarcativo de la competencia y el tema en cuestión”, planteó Pichetto, acercando posiciones. Lo mismo hizo el kirchnerista Marcelo Fuentes. La santiagueña Ada Iturrez de Capellini y la misionera Magdalena Solari Quintana también expresaron su apoyo pero aclararon que compartían la intervención de Presupuesto y Hacienda.

Con la cuestión del tratamiento ya saldada, ahora comienza a concentrarse la atención en la cuestión de fondo. Ayer los tres senadores por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez (Cambiemos) y Carlos Caserio (Unidad Peronista) pidieron cambios a la media sanción y anunciaron que trabajarán en un texto propio con asignación presupuestaria, objeción de conciencia institucional y despenalización desde la semana 12 (y no la 14).