Los ministros de Economía y Hacienda de provincias PJ y de sellos locales dejaron ayer la Casa Rosada con un sabor agridulce: si bien rescataron la apertura de un diálogo que ofrecerá un mix de posibilidades para aplicar el ajuste, no ocultaron su preocupación por las consecuencias del recorte que exige el FMI, en especial en áreas de impacto social.

"Nadie puede salir contento de una reunión donde se habla de un ajuste, pero sí estamos conformes. La reunión fue positiva y pudimos conocer los números en detalle de dónde está el déficit", dijo a Ámbito Financiero el titular del área de Hacienda de una provincia que tuvo silla en la mesa donde oficiaron de anfitriones los ministros nacionales del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Tierra del Fuego, Córdoba, San Juan, Chaco, Entre Ríos y Salta enviaron representantes a Buenos Aires, donde también hubo un cónclave para provincias administradas por sellos provinciales: Río Negro, Neuquén y Misiones (ver página 11).

La ambivalente sensación de los ministros sondeados por este medio tiene un costado positivo: además de conocer las áreas donde debería efectuarse el recorte de $100.000 millones a las provincias (se mantuvo la oferta de hace dos días a provincias Cambiemos de que Nación se hará cargo de dos tercios del ajuste $200.000 millones), Dujovne ofreció un abanico de posibilidades. Ahora, la pelota queda en manos de cada provincia, que deberá analizar si prefiere un hachazo en subsidios, obras, transferencias corrientes o programas nacionales en cada distrito. Nación y las provincias, bajo ese escenario, volverán a reunirse en las próximas semanas para tratar de avanzar en un acuerdo que contemple a todos los distritos. "La intención es llegar a la discusión del Presupuesto 2019 con menos desgaste", dijo otro funcionario provincial antes de emprender regreso a sus pagos. 

"Presentaron varias propuestas para reducir los $100.000 millones. Tenemos que hacer una devolución en 15 días", señaló un ministro, aunque no obstante mostró signos de preocupación: "Todas las propuestas marcaron un ajuste muy fuerte sobre todo en lo social. Las provincias tienen espalda para soportar una parte, pero no pueden resignar partidas que hoy ya están muy justas". 

En consonancia, otro capitán de las finanzas provinciales que pasó ayer por el despacho de Dujovne manifestó: "Para la provincia es un ajuste tremendo". Sucede que hay que sondear caso por caso el impacto del recorte, ya que hay distritos que tienen una mayor dependencia de Nación que otros. En aquellos pagos que estructuralmente requieren oxígeno desde Buenos Aires, tendrán mayores complicaciones. 

No se puede soslayar que este descontento brota de provincias del denominado "peronismo racional" por su dialoguismo con Cambiemos. Otros gobernadores críticos ni siquiera están dispuestos a discutir el recorte, como San Luis de Alberto Rodríguez Saá y La Pampa de Carlos Verna.

El otro eje de las conversaciones con provincias de la oposición sigue siendo la necesidad de revertir el esquema de reparto de fondos nacionales que, denuncian, favorece a los dos mayores distritos de Cambiemos: la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, que administra María Eugenia Vidal.

"Nos llevamos el compromiso del ministro Dujovne de continuar trabajando en la posibilidad de transferir a esas provincias las empresas Aysa, Edesur y Edenor", celebró un enviado del Litoral.

La queja por esta desigualdad es un hecho constante. Incluso, varios funcionarios llegados desde el interior del país sumaron a la carpeta de reclamos un informe difundido ayer por el IARAF en el que, entre otras cuestiones, se señala que la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo beneficiada sobre el resto en materia de coparticipación, a pesar de que el Pacto Fiscal suscripto en noviembre lo dejó expresamente prohibido.