Con motivo de la feria judicial, la causa por narcotráfico que involucra al intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco (UCR-Cambiemos) y a otros funcionarios de su gestión, se mantiene en silencio, sin novedades, en estos días. Sin embargo, llama la atención que, a partir del impacto de la investigación que lleva a cabo el juez federal Leandro Ríos, se activaron y cambiaron de rumbo incluso otras dos causas, casi olvidadas, relacionadas también con el tráfico de estupefacientes y con la provincia de Entre Ríos.

En uno de los casos, la Cámara de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimiento del comisario inspector Alberto Mario Núñez, y ordenó la realización de un nuevo juicio porque existen elementos que indicarían que el funcionario policial habría brindado protección a una banda de narcotraficantes que operaba en distintas ciudades entrerrianas. Por otro lado, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná procesó a Andrea Soledad Penon, funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones, quien está sospechada de haber aportado información clasificada a una organización narco que actuaba en Entre Ríos y que exportaba la droga al Uruguay.

El comisario inspector Alberto Mario Núñez había sido absuelto por el Tribunal Oral Federal de Paraná en un controvertido fallo dado que los jueces consideraron que las acusaciones en su contra eran producto de “una eventual conducta de mala fe” de sus propios compañeros de la fuerza. El fallo fue apelado por el fiscal José Ignacio Candioti y la Cámara de Casación Penal ordenó la realización de un nuevo juicio. Núñez fue detenido en el año 2016, cuando era uno de los jefes de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos.

En principio, a partir de lo registrado en escuchas telefónicas, se había determinado que Núñez mantenía un contacto cercano con Mario Roberto González, sindicado como uno de los jefes del narcotráfico en la provincia. En ese momento, González se encontraba prófugo desde hacía una década y de las escuchas surgía que el comisario le daba información a González sobre cuándo y dónde se realizarían procedimientos, a la vez que le brindaba información sobre investigaciones en curso. Por su parte, como retribución, González aportaba datos sobre la ubicación de “kioscos” de droga que eran manejados por otras bandas que competían con su organización delictiva.

En su alegato, Núñez sostuvo que González era su “informante” anónimo, dado que tenía su contacto telefónico, pero desconocía su identidad. Al mismo tiempo, el comisario aseguró que la imputación en su contra había sido una “operación orquestada” por el subjefe de Policía, José Alejandro Lauman, con quien presuntamente estaba enfrentado por “una interna policial”. Más allá de las justificaciones, lo cierto es que el policía y el jefe narco mantenían contacto permanente.

Una de las conversaciones entre ambos había resultado sospechosa de manera especial, porque estaba relacionada con un allanamiento destinado a detener a Gladys Beatriz Miño, alias Tica, vinculada al narcotráfico. En un primer intento, la policía fracasó en su propósito, pero luego de la charla entre Núñez y González, la mujer buscada cayó presa y fue condenada junto con una una de sus hijas por narcotráfico. El tono amistoso de las conversaciones entre ambos y los datos que aportan sobre lugares de residencia y detalles precisos, parecen desmentir lo dicho por Núñez en el sentido de que hablaba con un “informante” cuya identidad desconocía.

La Cámara de Casación Penal consideró que “el lenguaje coloquial de la conversación revela el nivel de conocimiento y confianza que existía entre Núñez y González que hace insostenible la versión del imputado” de que el jefe narco prófugo era sólo su informante. “Basta observar el inicio del diálogo para notar la familiaridad del trato entre los interlocutores”, que se saludan con un “hola viejo” y un “hola loco”, a la vez que hacen menciones que indicarían que se conocen, sin lugar a dudas. En escuchas de González en diálogo con algunos de sus cómplices, se refiere a Núñez como “el amigo Mario”.

El tribunal concluyó que “el comisario Núñez mantenía comunicación con Mario Roberto González sabiendo que estaba prófugo (…) y dónde localizarlo”. También se dice en el fallo que “el familiarizado trato con González permite guardar serias sospechas del conocimiento de la actividad de narcotraficante” que realizaba el interlocutor del jefe policial. Se afirmó que “Núñez, junto con otros agentes, tenían el rol de ‘liberar zonas’ e informar cuándo se iban a desarrollar procedimientos policiales” por infracción a la ley de drogas.

Los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques descartaron el supuesto complot policial contra el comisario acusado, al que le había dado crédito el tribunal del juicio, por entender que “no quedaba explicitado que Núñez supiera que hablaba con el prófugo González”. Por ese motivo no se descartó la posibilidad de que lo hubieran acusado sus propios compañeros por una “eventual conducta de mala fe” de parte de Lauman y sus subordinados para inculparlo. Los jueces de casación, en cambio, consideraron que no advertían “ningún tipo de animosidad hacia Núñez”.

Por otra parte, en la justicia federal de Paraná, avanza sin ruido pero en forma constante una investigación contra la funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones Andrea Soledad Penon, de quien se sospecha que aportó información clasificada a una banda de narcotraficantes que opera en la provincia de Entre Ríos. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná procesó a Penon por haber revelado “un dato, noticia o comunicación que por ley debía permanecer bajo reserva”, de acuerdo con lo que establece el Código Penal para los funcionarios.

Se trata de un delito que prevé penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Penon cumplía funciones como supervisora en el Puente Internacional José Gervasio Artigas, que une las localidades de Colón y Paysandú. La sospecha es que el 6 de septiembre de 2014 le habría proporcionado datos reservados de una investigación en curso por delitos de narcotráfico a una de las personas sospechadas, un taxista que se cree que transportaba droga desde la ciudad entrerriana de Colón a la uruguaya de Paysandú. La funcionaria había sido sobreseída en 2015, pero ahora quedó procesada por decisión de la Cámara de Paraná.