Después de casi 20 meses de permanecer cajoneado y luego de la fuerte presión ejercida en las redes sociales, el Senado se dispone a reiniciar el tratamiento del proyecto de ley de extinción de dominio, iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y que crea un proceso judicial que le permitiría al Estado recuperar bienes y fondos obtenidos mediante la comisión de un delito.

Las fuentes consultadas aseguran que en la reunión de la Comisión de Justicia, convocada para el martes próximo a las 12, habrá dictamen, aunque no tiene fecha de tratamiento en el recinto. Por lo pronto, se asegura que no será discutido hasta después del 8 de agosto, día fijado para la sesión sobre la legalización del aborto.

Sin embargo, y a pesar de que en noviembre de 2016 el proyecto obtuvo despacho de consenso, la reapertura del debate encuentra a Cambiemos y al PJ impulsando iniciativas que tienen profundas diferencias.

Todo indica que habrá dos dictámenes. Así lo confirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), en diálogo con LA NACION. "Vamos a sentarnos a discutir con seriedad y si tiene que haber dos dictámenes, se firmarán dos dictámenes", aseguró.

Desde el peronismo ratificaron que, por el momento, no existe una postura unificada. "Acuerdo no hay, nuestra idea es sacar nuestro proyecto", afirmaron voceros de la principal bancada de oposición. "Si vienen con algo razonable, lo podemos evaluar", agregaron.

Las diferencias entre ambos proyectos son claras. Si bien ambos la ubican en el fuero Civil, Cambiemos impulsa una acción de extinción simultánea, pero con la posibilidad de obtener sentencia independiente. Por su parte, el texto presentado por el PJ establece que la decisión debe ser simultánea al fallo de la causa penal.

"Eso es prácticamente lo mismo que un decomiso", cuestionó Pinedo el proyecto del PJ. "No entiendo qué sentido tiene hacer un proyecto que no cambia nada el Código Penal", agregó

Las diferencias

Pinedo es, junto a Humberto Schiavoni (Pro-Misiones), autor del proyecto, presentado a fines de mayo, que respalda todo el oficialismo. De hecho, el radicalismo envió hace dos semanas una nota a la Comisión de Justicia, que preside el peronista Pedro Guastavino (Entre Ríos), pidiendo la reapertura del debate.

"Debemos acelerar el tratamiento. Hay ya un trabajo realizado, corrijamos lo que sea necesario y pongámonos a la altura de las circunstancias porque la lucha contra la corrupción es uno de los ejes de este Gobierno", reclamó la jujeña Silvia Giacoppo (UCR).

Desde el peronismo, el salteño Rodolfo Urtubey, uno de los redactores de la iniciativa, defendió el proyecto del PJ y rechazó las críticas de Pinedo. "En el Código Penal existe el decomiso, que en realidad nunca funcionó, porque era una institución que requería que la pena impuesta fuera de condena y quedara firme en última instancia", explicó el senador.

Otra de las diferencias entre ambos proyectos es que mientras que el PJ deja la acción en manos de la Procuración del Tesoro, el de Cambiemos les da esa facultad a los fiscales de la Procuración General de la Nación.

Urtubey también cuestionó el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, al recordar que dejaba el proceso de extinción de dominio "en manos de fiscales del fuero Civil Comercial Federal; y ese fiscal, ante la mera sospecha, podía iniciar una acción de extinción de dominio, y esto no se compadece con el sistema de garantías que tiene la Argentina".

Aquella iniciativa fue aprobada en Diputados en junio de 2016 al calor de la escandalosa detención del exsecretario de Obras Públicas kirchnerista José López mientras arrojaba bolsos con US$9 millones en un convento de la localidad de General Rodríguez.

El proyecto fue severamente criticado por vulnerar garantías constitucionales, como el principio de inocencia y de defensa en juicio, por juristas y magistrados convocados a exponer en el Senado. Producto de aquellas jornadas, se elaboró un dictamen de consenso que obtuvo dictamen en noviembre de ese año. Sin embargo, el despacho quedó cajoneado, al extremo de perder estado parlamentario en diciembre último, con el recambio de un tercio del Senado.

La explicación para justificar el congelamiento fue la supuesta negativa de Diputados a comprometerse a no insistir en su sanción, cuya constitucionalidad estaba cuestionada. Ahora, y cuando faltan siete meses para que el proyecto pierda estado parlamentario, el tema volverá a debatirse en el Senado.