Hoy, desde las 10, organizaciones de la agricultura familiar se movilizarán desde el Parque Lezama, en el barrio de La Boca, hacia el Ministerio de Agroindustria de la Nación, que conduce Luis Miguel Etchevehere, en Paseo Colón 982, para reclamar por políticas públicas de fomento para los pequeños productores de todo el país.

En el comunicado consensuado entre más de veinte organizaciones representativas de la agricultura familiar, campesina e indígena, presentado anteayer en una conferencia de prensa en la sede de la Federación Agraria Argentina, se detalló la situación que vive el sector. "Una vez más expresamos la crítica situación productiva, económica y financiera que atraviesan nuestras familias. Alertamos sobre las dramáticas consecuencias que las políticas del gobierno nacional causan en nuestro sector; políticas que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo. Nuestro sector se extingue y junto con nosotros se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales. La tierra y la producción se extranjerizan y concentran, y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros", explicaron.

Sobre la situación vigente con el Monotributo Social Agropecuario (MSA), cuya gratuidad para las familias de productores con una facturación anual de hasta 72.000 pesos termina a fin de año por disposición de Agroindustria, las organizaciones expresaron que así "se quita la posibilidad de que el pequeño productor sea reconocido como un sujeto que invierte, produce y comercializa, y se le quita el derecho a gozar de obra social y jubilación. Esa era la única herramienta de regularización del trabajo que el Estado tenía para el sector".

En el comunicado hablan de "el desmantelamiento de las áreas del Estado dedicadas a llevar adelante políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena". Añaden que "la falta de presupuesto para el sector, el desmantelamiento de los equipos territoriales de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) y los despidos en el Senasa y en el Ministerio de Agroindustria reflejan el desinterés del Gobierno en las políticas para el sector y ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestra población".

En forma paralela, las organizaciones que aseguraron representar a "más de 350.000 familias de pequeños productores de alimentos", volvieron a reclamar por la vigencia de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, aprobada en diciembre de 2014. "La ley aún no fue reglamentada y los aportes de los pequeños productores, elaborados con alta participación de las organizaciones, no fueron tenidos en cuenta. Mientras tanto, los conflictos de tierras, desalojos y situaciones de violencia contra familias de agricultores y comunidades de nuestro sector continúan y en algunas zonas se han agravado", advirtieron.