El Congreso tendrá, entre martes y miércoles, 48 horas de atención y tensión política en ambas Cámaras. La Comisión de Acuerdos del Senado moderará mañana la audiencia en la que expondrá la candidata de Mauricio Macri a procuradora general de la Nación, Inés Weinberg de Roca; y al día siguiente intentará dictaminar sobre el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14.

Por su parte, Diputados iniciará el próximo jueves la discusión sobre la ley de despliegue de infraestructura y competencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics). Un día antes aterrizará en el recinto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para dar un informe de gobierno, en medio de reclamos varios de la oposición por le economía, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas y las primeras pinceladas de negociación del Presupuesto "FMI". Veamos.

Tras formalizar la postulación de Weinberg de Roca, Mauricio Macri señaló: "Confío porque la conocí trabajando. Fue nombrada en el Superior Tribunal de Justicia en la Ciudad y lo hizo muy bien. Espero que haga una tarea de reformas y de modernización de la Procuración en la línea que todos queremos, para tener una Procuración que investigue y que realmente combata el delito".

A fines de junio pasado, Weinberg de Roca fue al Senado y se reunió con el interbloque de Cambiemos. Entre los legisladores presentes estuvieron los radicales Julio Cobos y Pamela Verasay (Mendoza), Ángel Rozas (Chaco) y los PRO Humberto Schiavoni (Misiones), Federico Pinedo (presidente provisional del Senado-CABA) y Laura Rodríguez Machado (Córdoba), entre otros.

Fuentes del PRO destacaron a Ámbito Financiero la "amplia capacidad" de la candidata cuando tuvo para recorrer los espinosos pasillos de la Legislatura porteña, en el marco de su entonces nominación para el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. "No le quedó despacho sin visitar para evacuar cualquier tipo de duda", reconocieron a este diario desde el macrismo.

El examen que deberá atravesar ahora Weinberg de Roca ante los senadores en la audiencia será clave para el peronismo, ya que la bancada que comanda Miguel Pichetto tiene la llave para otorgar la cantidad de votos que necesita el cargo en cuestión, es decir, dos tercios de los presentes el día que se debata el pliego en el recinto. Los primeros cuestionamientos a la designación aparecieron desde Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el diputado cristinista Rodolfo Tailhade y la progremassista Margarita Stolbizer.

Las traumáticas experiencias recientes sobre este cargo inyectan una dosis extra de tensión. Años atrás, y en plena gestión cristichavista, el extitular de la Sigen y otrora candidato a procurador general de la Nación, Daniel Reposo, regaló un sinfín de papelones en 2012 al presentar un currículum con datos falsos. Los senadores opositores -en particular, los del radicalismo- lo destrozaron y la expresidenta Cristina de Kirchner tuvo que proponer a otra persona.

Quien volvió al Senado y con currículum más "prolijo" fue la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, quien en la actualidad está procesada por supuestas tropelías a la hora de comprar un inmueble durante su gestión. Los jefes radicales de ese entonces, Ernesto Sanz y el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se comieron la trampa cazabobos y avanzaron con el aval a la entonces postulante, al igual que el peronismo disidente.

Tres senadores de la UCR se opusieron en el recinto: la actual vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, Mario Cimadevilla (Chubut) y Arturo Vera (Entre Ríos). Por ejemplo, la exlegisladora cuyana ratificó durante la sesión la idea de un procurador y un Ministerio Público "independientes", cuestiones "en las que el Poder Ejecutivo -de ese entonces- no quiere dar respuesta alguna y no quiere aclarar absolutamente nada". En esa línea, remató: "Justamente sobre estos temas, ella -por Gils Carbó- evitó dar alguna respuesta".

Desde el PJ no se tomará una decisión rápida tras la audiencia. La bancada compactará las impugnaciones, recopilará las respuestas que dará la postulante y luego analizará en bloque la postura a adoptar. Al margen del pliego de Weinberg de Roca existen otros cargos en juego que podrían entrar en la negociación, como directores en el Banco Central, el defensor del Pueblo y el procurador penitenciario, entre otros.

El proyecto de IVE se complicó aún más en el Senado. Ayer, el legislador pampeano Juan Carlos Marino (UCR) adelantó su negativa al texto y quienes denuestan la iniciativa suman, como mínimo, 34 votos. Del lado del sí aparecen 28 adhesiones y el puñado de indecisos tendría que apoyar el 8 de agosto en el recinto para torcer esta tendencia. 

La posibilidad de habilitar cambios para evitar la caída del proyecto fue dinamitada días atrás por el colectivo "Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito", organización que empuja la ley "sin retrocesos ni dilaciones". Al menos dos senadoras y un senador -de distintos bloques- que apoyan el texto aprobado por Diputados calificaron esa decisión de "errónea" ante este diario.

Pasado mañana, las tres comisiones que moderaron el debate (Salud; Justicia y Asuntos Penales; y Asuntos Constitucionales) se reunirán para dictaminar. En caso de no lograr un despacho de mayoría se votará en el recinto el proyecto de Diputados -por una moción de preferencia aprobada semanas atrás, para evitar el paso de los dictámenes-, situación que dejará en un limbo a quienes solicitan modificaciones. Ese escenario favorecerá entonces a los que rechazan el texto, que activaron un silencio olímpico tras las delirantes declaraciones del médico Abel Albino sobre la eficacia de los preservativos en la protección de enfermedades de transmisión sexual.

La Comisión de Comunicaciones de Diputados, que comanda el opositor cordobés Juan Brügge, dará el jueves el puntapié inicial -se pospuso la convocatoria prevista para mañana- de la discusión de la ley que permitirá a las telefónicas ofrecer paquetes de cuádruple play a través de la habilitación para prestar televisión satelital. La iniciativa votada por el Senado a principios del corriente mes no tendrá vigencia en el corto plazo y tampoco habrá obligación de compartir infraestructura pasiva, tras el combo de cambios que realizó la oposición al texto enviado por el Poder Ejecutivo. Además, el proyecto no abarca el tratamiento sobre contenidos, punto principal que criticó el antimacrismo en la Cámara alta.

Desde la comisión convocarán a las telefónicas, empresas de cable del interior, especialistas en comunicación y medios, y a las autoridades del Enacom, entre otros invitados.