El examen que le toma la misión del FMI a la Argentina en su visita en estas horas no tiene como propósito principal revisar el cumplimiento, por el Gobierno, de las metas que condicionan los desembolsos del programa firmado en junio pasado. El objetivo es someter a examen a la oposición, para medir si aportará su cuota a la sustentabilidad del compromiso, que tiene un plazo de cumplimiento de tres años, es decir, hasta junio de 2021. El grupo que conduce el italiano Roberto Cardarelli recorre despachos oficiales y de consultores privados, pero se detiene en particular en los santuarios del peronismo. El jueves mantuvo una larga reunión con Marco Lavagna, economista del Frente Renovador de Sergio Massa. Lo visitó junto a media docena de asesores, en una de las oficinas del bloque en el palacio del Congreso y le trasladó las principales inquietudes: Si el año que viene hay un cambio de gobierno que los favorezca, ¿mantendrán el acuerdo con el FMI? ¿El peronismo racional va a aprobar el proyecto de presupuesto que contiene el programa con el organismo? ¿Cuáles son las observaciones sobre lo firmado, qué vulnerabilidades le ven? ¿Van a apoyar el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central? La misma minuta escuchará el martes el jefe del bloque federal del Senado, Miguel Pichetto, y en días sucesivos otros representantes de la vereda opuesta al gobierno, entre ellos la cúpula de la CGT.

El examen compromete al peronismo racional y a la CGT

Las respuestas que recojan los emisarios del FMI le pondrán algo de nervio a esta visita, que navega sin luces y por debajo del radar de los tumultos de la crónica diaria — cuadernazo, índices de precios, efectos políticos de la votación del aborto—. Del lado del Gobierno no ven que surja por ahora nada emocionante de la pesquisa sobre su cumplimiento. El FMI ya desembolsó US$15.000 millones. Sigue ahora la suelta trimestral de los US$3.000 millones que vendrán, como primera cuota, a finales de setiembre, cuando el presupuesto ya esté presentado en el Congreso. No hay problemas con ese primer pago. La inquietud surge a partir del diagnóstico que se lleve el grupo de Cardarelli. Las respuestas del peronismo racional son cambiantes. Pichetto se ha comprometido a un esfuerzo para que el presupuesto salga. Cree que el peor escenario sería dejar al Gobierno sin esa ley, habilitándolo a que gobierne el año que viene, el último del mandato Macri, con el de 2018. Este mecanismo aumenta la discrecionalidad del Gobierno nacional. Los reproches que escucharon Cardarelli de Lavagna y los tres economistas que lo acompañaron, son los mismos que oirán de Pichetto: aun cumpliendo el Gobierno las metas del acuerdo, ¿de dónde va a sacar los US$20.000 millones que necesitan el año que viene? ¿Cuál va a ser la actitud del directorio del FMI ante los primeros incumplimientos del plan? El board debería analizar las condiciones del nuevo precio del dólar y los índices de inflación. Otra observación es sobre la conveniencia de mandar una ley para darle más independencia al Banco Central. “Esto no es Estados Unidos —le dijeron en la mesa de Lavagna (h)—; acá hay que tener en cuenta las relaciones de poder”. ¿Acaso no han visto cómo el BCRA, ante la corrida de esta semana, debió intervenir? ¿Dónde quedó la recomendación de los picasesos del FMI a los funcionarios argentinos de flotar a toda costa? “Float, boys!”, les repiten en cada encuentro.

Los misioneros del Fondo anotan y anotan, y cuando repreguntan lo hacen sobre política, no sobre economía. Y de política hablan todos, en tierra, mar y aire. A miles de metros de altura, de ida y de vuelta a la asunción del nuevo presidente del Paraguay, hombres del oficialismo y de la oposición le sacaron punta al componente político de las turbulencias financieras. Aprovecharon ese clima irreal, de no estar en ninguna parte, que dan los viajes en avión, para analizar con crudeza la agenda que entienden todos comparten, sean oficialismo u oposición. En el avión que lo trajo el miércoles de regreso de Asunción, Macri se rodeó de interlocutores clave. Lo hizo subir a Mario Negri —que había hecho el viaje de ida con la delegación de legisladores y a quien parece haber elegido por cábala como acompañante—, hizo lo mismo en viajes a Córdoba. También estuvieron, además de Juliana Awada, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y Humberto Schiavoni, jefe del Pro nacional, del bloque Pro en el Senado y patrón de las relaciones con el Paraguay como perenne directivo de Yacyretá. Macri fue llamando de a uno a los viajeros al sector privado del avión, y con ellos desmenuzó su pensamiento sobre cómo enfrentar el resto del año. Se le escucharon comentarios escépticos sobre la colaboración del peronismo, quejas sobre la incomprensión de muchos dirigentes, culposa o dolosa, sobre la dimensión de la crisis. “No tienen idea de la situación, pero hay que ir adelante con cautela. Yo ya me quemé con leche”, lamentó con amargura. Se quejó del doble discurso de algunos gobernadores, que hacia afuera apoyan las medidas del Gobierno, pero cuando vuelven a sus provinciales le pegan como en bolsa. También se quejó de los propios, que miden la lealtad según le vaya al Gobierno en las encuestas. Ahora que el Gobierno está a la baja, son reticentes a aparecer en mociones de apoyo.

Diputados en reflexión de alto vuelo sobre pactos y crédito político

Más jugoso estuvo el diálogo que tuvieron, también a miles de metros de altura, los legisladores en el viaje de ida. Juntaron las cabezas para una sesión de terapia política Emilio Monzó, Graciela Camaño, Martín Lousteau y Diego Bossio. Como nadie escuchaba, ni nadie contará nada, soltaron los ánimos y las lenguas para terminar coincidiendo como pocas veces, pese a sus militancias tan contrarias. Monzó fue crudo, como lo es en reuniones de estrategia del Gobierno, en el diagnóstico sobre las dificultades del oficialismo para lograr el acuerdo del presupuesto, que es la obsesión de Olivos, después de haberse gastado el crédito político en la larga noche del gradualismo. “Propuse ampliar la base política del Gobierno, y eso me costó que me dejasen afuera de todo durante un año y medio”, suele ser su reflexión. La completa con dosis de alta política: “Defino la política como la capacidad de entender la necesidad del otro. Eso nos ha faltado”. ¿Es tarde? Por lo menos es difícil, porque “cuando asumimos había 21 provincias con déficit, y tres con superávit; hoy hay 21 con superávit primario —antes de intereses— y tres con déficit. Les hemos dado a las provincias los recursos para que ahora se pongan duros con nosotros”. Los acompañantes, con carne de acuerdismo, casi lo aplauden a Monzó. Pero lamentan que Macri siga dudando de ceder en negociaciones que supongan repartir el poder. Lousteau, que es uno de los que puede informar a la misión del FMI, comparte muchas observaciones como las del peronismo federal y puso en esa charla la misma duda de Lavagna. ¿De dónde sacará el Gobierno los US$20.000 que necesita el año que viene? En esa intimidad aérea, Monzó confesó su proyecto de que no haya sesiones en Diputados hasta que aparezca el nuevo proyecto de Presupuesto. Quiere lo mismo el peronismo encuadernado, pero hay diputados oficialistas que querrían el escenario de la Cámara para arrinconar más a la oposición.

Otra amenaza de sesión especial, ahora por fondo sojero

Pichetto habló en la noche del lunes con Rogelio Frigerio, quien lo llamó para avisarle de los decretos de suspensión de reintegros, la suspensión del fondo sojero y la suspensión por 6 meses de la baja de retenciones para aceites y harinas de soja. “Vamos a adelantar esas medidas porque hay que dar señales al mercado de que vamos a cumplir la meta del déficit de 1,3% sobre el PBI”, le explicó. Corcoveó algo el senador porque esos retoques habían sido negociados con los gobernadores, pero para 2019. Pasaron pocas horas para que el tucumano Juan Manzur amagase con un alzamiento de los gobernadores e intendentes que se benefician de los $25.000 millones que se reparte por el Fondo Federal Sojero, que promovió el viernes en la reunión en el CFI. Corrió, contra reloj, Frigerio para desarmar la asistencia de un buen número de mandatarios. La amenaza del Gobierno, para quitarle aire a esa convocatoria, fue hacer público el desvío que muchos intendentes hacen de las partidas que reciben, que tienen la condición de destinarse a obras públicas, a gastos corrientes. El enojo, repetían en los despachos oficiales, se explica porque muchos intendentes están aplicando esa plata al pago de salarios y otros servicios. Los gobernadores que acataron la señal de desalentar ese encuentro, se consuelan con que la eliminación del FOFESO aumenta la masa de recursos coparticipables. Ahora el temor del Gobierno es la amenaza de una sesión especial pedida por la oposición, para derogar el decreto de la soja. No ganan para sustos en el Gobierno: en marzo se metieron en el tema del aborto para desbaratar una sesión especial. Hace dos semanas, para desbaratar otra, debieron suspender los 30 días el recorte a los suplementos por zona de las asignaciones familiares.

La mano invisible sobre el Senado

Esta trama importa porque el bloque federal comenzó a discutir entre sus principales bastoneros —Pichetto, Urtubey, Bossio— un plan para levantar un escenario que los aparte definitivamente de la tentación cristinista, que distrae a otros peronistas. El cuadernazo congeló la captura que hacía hasta hace dos semanas el Instituto Patria, con el llamador de que Cristina era la que mejor medía. El desprestigio por la ola de denuncias la volvió a encapsular y creen los federales que es el momento de aprovecharlo. El sector quedó herido por la última convocatoria del Senado, sin número para decidir el desafuero de Cristina. Hay allí una pelea sorda de acusaciones cruzadas. Para el Gobierno, el peronismo no aportó los senadores suficientes para tener el quórum. Los federales creen que Olivos hizo algo para restar número, y eso explica la ausencia de Esteban Bullrich. “Cuando lo sacaron a De Vido de Diputados no faltó nadie de Cambiemos”, se queja Pichetto. “A veces en política hay que estar solo”, se lamenta. Cree que el Gobierno pudo entender que le convenía exhibir al peronismo pegado a Cristina una semana más. Ese razonamiento esconde la debilidad del bloque de Pichetto para sentar a senadores que estaban comprometidos. “Los gobernadores sacaron senadores, porque temen que el cristinismo de sus provincias tome represalias”, es la hipótesis para la ausencia de los federales de San Juan, Entre Ríos o Tierra del Fuego. El cristinismo aportó una señal desde Ezeiza, sobre el chubutense Alfredo Luenzo, para restar el quórum. Otra indicación la hizo la secretaria del bloque cristinista, la ex senadora Virginia García, al entrar al recinto y convencerlo a Pino Solanas de que saliese. Con eso se cayó la sesión desaforante.