De manera directa ante la Corte Suprema , de manera individual ante los juzgados federales de todo el país y en ambas cámaras del Congreso. Los gobernadores, intendentes y legisladores de la oposición apelarán a un abanico de recursos para combatir el decreto de necesidad y urgencia 756/18, que eliminó el Fondo Federal Solidario (FFS), que debía distribuir a provincias y municipios unos $8500 millones en 2018 y $26.500 millones en 2019.

Los gobernadores de la oposición están decididos a actuar en conjunto. Esta semana, un grupo de mandatarios peronistas se reunió en el PJ y buscó el respaldo de la CGT . El miércoles, en el Concejo Federal de Inversiones (CFI), se verán las caras los fiscales de Estado provinciales. El viernes, los mandatarios volverán a encontrarse en el mismo ámbito.

Allí se terminarán de definir los planteos que llevarán a la Justicia. Los caciques provinciales quieren replicar la estrategia que utilizaron hace dos años, cuando reclamaron cada uno por su lado, pero coordinadamente, la devolución del 15% de la coparticipación que retenía la Anses y que finalmente les fue devuelto.

Están en estudio dos alternativas para presentar ante la Corte: un amparo y un planteo de inconstitucionalidad del decreto que eliminó el FFS, también conocido como fondo sojero, porque reparte a las provincias el 30% de la recaudación por las retenciones a las exportaciones de soja. El amparo buscará suspender los efectos del decreto mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Los fiscales de Estado de las provincias gobernadas por el PJ se reunirán el miércoles en el CFI para definir los argumentos que plantearán en tándem. Como para los intendentes, el eje central será que un DNU no puede ser el instrumento para eliminar el fondo sojero, que aunque se creó por decreto en 2009, fue luego ratificado por las legislaturas provinciales. No solo eso: volvió a quedar convalidado con la firma del consenso fiscal entre la Nación y las provincias en noviembre de 2016 y fue nuevamente refrendado por las legislaturas de cada distrito.

"El decreto original fue ratificado tres veces. Estamos ante una cuasi ley convenio que de ninguna manera se puede derogar con un DNU", dijo a LA NACION uno de los abogados que prepara los argumentos que el fiscal de Estado de su provincia llevará a la cumbre en el CFI.

La jugada de los intendentes

Una estrategia similar será encarada por los intendentes ante los juzgados federales de sus provincias. Los municipios bonaerenses, con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo que comanda Guido Lorenzino, solicitarán la nulidad del decreto y, en paralelo, una medida cautelar innovativa para suspender sus efectos. La eliminación del FFS les quita $3200 millones.

"No solo se afecta la institucionalidad y el federalismo de concertación, sino la prestación de los servicios básicos que los municipios tenían previsto solventar con este fondo", sostienen en la Defensoría.

Desde que se publicó el DNU, algunos intendentes bonaerenses encararon a una suerte de forum shopping a la inversa: aseguran que la Casa Rosada "bajó línea" para que los juzgados federales rechacen los planteos y por eso empezaron a sondear a jueces no alineados.

En paralelo, el PJ bonaerense que comanda Gustavo Menéndez (Merlo) convocó a un encuentro el martes, en La Plata. Un día después, en Capital, se reunirá la Federación Argentina de Municipios, que encabeza Verónica Magario (La Matanza).

La misma situación se perfila en el resto del país: las reuniones de los intendentes con sus legisladores nacionales comenzaron no bien se anunció el recorte del fondo sojero.

En el Congreso, a tres bandas

El Congreso y las legislaturas provinciales serán en los próximos días otro epicentro del reclamo. El miércoles, en Diputados, se reunirán en plenario las comisiones de Obras Públicas y de Asuntos Municipales, conducidas por representantes del Bloque Justicialista: el entrerriano José Bahillo y el bonaerense Eduardo "Bali" Bucca, respectivamente.

La idea es que los intendentes expongan el impacto que el decreto tendrá en sus municipios, tanto por la interrupción de obras, como en la pérdida de puestos de trabajo.

En paralelo, el jefe del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner (Salta) presentó un proyecto de ley para derogar el DNU, fundado en el origen concertado -entre Nación y provincias- del fondo sojero y el hecho de que está siendo ejecutado. Otro proyecto similar fue presentado por el senador Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino).

La última vía será la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debe revisar los DNU. Es presidida por el radical Luis Naidenoff, de Formosa. Esta semana, la legislatura de su provincia aprobó un proyecto que repudia el decreto y pide a la Bicameral que lo deje sin efecto.