"En 2004, el arquitecto (Julio) De Vido me citó en su despacho y me dijo que por orden del Presidente (Néstor Kirchner) debía garantizar el éxito, acorde con los intereses del Gobierno, de las licitaciones públicas”, se arrepintió el 9 de agosto el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y dueño de Esuco, Carlos Wagner, ante el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos.

“La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación, los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar el ganador. Uno de los lugares era en Venezuela 736, piso 3, de esta ciudad, donde funcionaba la Cámara de Empresas Viales, y otros lugares más informales”, continuó Wagner antes de recuperar la libertad después de siete días respirando el aroma tumbero.

“Entre varias de las empresas puedo nombrar Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Nicastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone, Vialco”, prosiguió quien presidiera la cámara en tiempos K. En 2004, Iecsa pertenecía a Franco Macri, que en 2007, ante la asunción de su hijo Mauricio como jefe de Gobierno porteño, la transfirió en cómodas cuotas a su sobrino Angelo Calcaterra y que en 2017 fue vendida a Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. Aquel era el club de la obra pública K, pero todas ellas eran compañías de larga trayectoria (ver infografía) que en su mayoría continúan ganando licitaciones bajo el gobierno de Macri.

Nada cambia. “Siempre hubo un cartel de la obra pública”, recuerda un ex ministro kirchnerista. “¿Las empresas van a devolver la plata como hicieron en Brasil por el Lava Jato?”, se pregunta.