El impacto disímil de la corrida cambiaria en las finanzas provinciales forzó en las últimas horas un recálculo en las previsiones, especialmente de los planes y los programas destinados a contener la volatilidad social de los sectores más desprotegidos, así como también obliga a seguir de cerca el rebote de la devaluación en los precios de la canasta básica, que según estiman podría tener un salto cercano al 15%.

Ante este escenario, en el que tanto los gobiernos provinciales como los municipales deben afrontar una creciente demanda social, los ministros de Desarrollo de todo el país se reunirán mañana en Buenos Aires con su par nacional, Carolina Stanley, para analizar qué medidas se tomarán en conjunto con la Casa Rosada para neutralizar un impacto mayúsculo en las áreas más sensibles.

Por caso, los intendentes ya advierten que en sus distritos la inestabilidad cambiaria provoca una retracción en la provisión de servicios esenciales para el funcionamiento cotidiano, que los empuja a pensar en maniobras de emergencia presupuestaria y a redirigir el gasto social hasta que se estabilice el panorama.

En el encuentro de mañana, además, los enviados de los gobernadores también pedirán precisiones al Gobierno sobre las proyecciones del Presupuesto 2019 en relación al gasto social, sobre todo teniendo en cuenta que el acuerdo con el Fondo Monetario incluye en una de sus cláusulas una suba de las partidas para ese concepto.

En simultáneo y casi como una paradoja, en el momento en que la economía del país se resquebraja por la escalada del dólar, muchos mandatarios destinaron el fin de semana a repasar algunos indicadores positivos de sectores atados al aumento de la divisa: mayores ingresos por regalías petroleras, más llegada de turismo internacional y, en muchos casos, licuación de las deudas con el Estado nacional que les permite encarar el último tramo del año con una holgura impensada.

"Entre todos superamos la crisis", se le escuchó decir en las últimas horas a un gobernador patagónico agobiado por la falta de financiamiento que, sin embargo, debió salir a advertir rápidamente que esa mejora se verá opacada por un aumento de la demanda social y de los gremios estatales en pos de una reformulación de los salarios.

Ese escenario no es, en rigor, un temor infundado: al plan que iniciará el jueves el Frente Piquetero Nacional por reclamos de alimentos frente a supermercados en todo el país se suma el alerta por el impacto que tendría el paro nacional del 25 convocado por la CGT. Un combo, a todas luces, riesgoso y amenazante.

En la provincia de Buenos Aires, una de las más sacudidas por el incremento de la pobreza, la gobernadora María Eugenia Vidal ordenó el jueves, en medio de la estampida del dólar, reasignar partidas del presupuesto a los sectores más desprotegidos. Pidió recortar de donde sea necesario para cubrir el impacto de la crisis en aquellos circuitos donde la tensión social puede tener sobresaltos.

Buena parte de los recursos adicionales, unos $1.000 millones, se destinarán a apuntalar las partidas para comedores escolares o la asistencia a merenderos barriales, lo que asegura el tema alimentario entre los más pobres.

"Es el sector donde más pega la inflación", reconoce un colaborador de la cartera de Desarrollo Social, que conduce Santiago López Medrano. Esta inyección adicional se suma a los $318 millones que Vidal anunció en julio, cuando el valor del dólar rozaba los $30 y hacía prever un horizonte más complicado.

En otras partes del país la situación es similar. Y, en esa línea, muchos mandatarios no sólo ajustaron las partidas sociales sino que encararon un plan oficial para contener el impacto inflacionario.

Misiones, Chaco, Córdoba y Entre Ríos son algunos de los distritos donde se puso en marcha una serie de programas de "compre local" atados a acuerdos sellados con los sectores empresarios provinciales que redundaron en un sostenimiento del consumo interno.

También Mendoza se sumó a estos criterios. El ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, dedicó las últimas horas a mantener diversas reuniones con representantes y comercializadores de distintos rubros y productores de alimentos, que se comprometieron a frenar aumentos innecesarios de precios.

Las gestiones del funcionario de Alfredo Cornejo lograron, además, un compromiso de las empresas constructoras de no disminuir el nivel de generación de empleo ni paralizar las obras que están en marcha en la provincia, que dan trabajo a 2.600 personas y representan una inversión estatal de unos $4.900 millones.

Pese a los matices, desde despachos provinciales oficialistas y opositores coinciden en señalar que la Argentina atraviesa un fenómeno de crisis que castiga al bolsillo de las clases más vulnerables y pone en riesgo la frágil estabilidad política, a meses del arranque de un año electoral clave para el futuro de Cambiemos.