“No es la oportunidad ni el momento oportuno”, salió primero Dante Sica -ministro de Producción y Trabajo- a cruzar el paro nacional convocado por la CGT. Luego Rogelio Frigerio, su par de Interior, lo consideró “un día perdido para el trabajo” y aseguró que el Gobierno mantenía el objetivo “de acá al martes de evitar esa situación”. Las declaraciones funcionaron como una reacción anticipada de la medida de la fuerza más que como sustento a gestiones con posibilidades concretas para desactivarla.

Las conversaciones con sindicalistas se sucedieron aunque en la Casa Rosada se resignaron a la huelga e incluso vislumbran un escenario difícil hacia adelante para buscar acuerdos en proyectos como el blanqueo laboral, dormido en el Congreso. La prioridad será contener "las tensiones" de la crisis económica.

“En privado nos dicen que el paro no sirve, que no arregla ningún problema. Pero ni los más racionales tienen margen para levantarlo, quedarían muy expuestos”, dijo a Clarín uno de los funcionarios que tanteó a los gremialistas en los últimos días.

En el Gobierno insistieron en ubicar las pujas y divisiones en el sindicalismo como uno de los motivos de dificultad para encontrar interlocutores y negociar con chances más concretas, aunque a la vez reconocieron que el contexto de recesión, inflación, aumento del desempleo y de la pobreza achicó el espacio de maniobra para postergar un paro que funcione como válvula de escape del malestar por la crisis económica.

“Es un momento complicado, por la incertidumbre y las tensiones que eso genera”, evaluaron de modo crítico la relación con el sector en esta etapa, aunque marcaron la posición "responsable de la mayoría" por el momento para no potenciar el clima de protesta en la calle.

"Si bien el paro es un derecho de los trabajadores que hay que respetar, es un día perdido para el trabajo en la Argentina. Supone el agotamiento del diálogo, cosa que no ocurre hoy. Nosotros estamos en permanente contacto, esperemos que de acá al martes podamos evitar esa situación", había dejado Frigerio una puerta abierta.

“El derecho de huelga es constitucional, pero lo que pensamos es que no es el momento oportuno en esta crisis que estamos atravesando”, aseguró Sica, el ministro que absorbió la cartera de Trabajo a principios de mes. El funcionario había comprobado el escenario áspero la semana pasada, cuando quedó trunca la reunión que impulsaba con la cúpula de la CGT. El Gobierno venía apostando a aislar a Hugo Moyano y a dirigentes kirchneristas para negociar con el resto, pero en este caso no le dio resultado.   

Esa tensa relación con el sindicalismo, más allá de los contactos con los referentes más afines al Gobierno, también dejó prácticamente en punto muerto los proyectos de reforma laboral impulsados por el Ejecutivo en el Congreso. “Vamos a seguir intentando, pero la verdad es que no somos optimistas. Está todo muy frío”, confió uno de los encargados del macrismo de negociar con los gremios y también con el peronismo en el Senado, la Cámara en la que entraron las iniciativas.

Ni siquiera el proyecto de blanqueo laboral, en el que el oficialismo estaba dispuesto a quitar la reducción de la base del cálculo en las indemnizaciones, el punto más resistido por los gremios. “Los senadores nos piden que lo apoye la CGT y los sindicalistas dicen que por ahora no pueden hacer nada. Pero nadie propone algo para resolver ese problema”, se quejaron en la Casa Rosada, en la previa al paro.