Un nuevo capítulo se escribió esta semana en Paraná en una trama en la que con una nitidez hasta ahora inédita se vinculan el narcotráfico y la política . El juez federal Daniel Alonso ordenó el allanamiento a la Municipalidad de la capital entrerriana, donde secuestraron los teléfonos del intendente Sergio Varisco y su hija Lucía. El magistrado investiga las amenazas contra su colega Leandro Ríos, que sigue a cargo de la causa de narcopolítica en la que fue procesado el intendente de Cambiemos y parte de su equipo de gobierno. El periodista Daniel Enz, director del semanario Análisis, recibió un mensaje similar al de Ríos y se constituyó en querellante en este caso.

La gravedad de las amenazas tiene que ver con la profundidad de la investigación que desentrañó la relación política y el tráfico de estupefacientes entre el narco Daniel Celis y Varisco, junto a otros funcionarios del municipio.

Altas fuentes de la justicia federal consultadas por LA NACION señalaron que la causa será elevada a juicio antes de fin de año. Se transformará en un caso testigo a nivel nacional de cómo el narcotráfico se filtró por las grietas del Estado y sobre todo a través de las zonas grises del financiamiento de la política, con un sistema de punteros vinculados al narcotráfico que financian campañas política, realizan obras y manejan parte de los hilos de una intendencia. El caso tiene una gravedad que muchas veces no se dimensiona como tal.

Las amenazas

Se pudo determinar que uno de los teléfonos estaba en el municipio de Paraná ese día y a la hora que se hicieron las amenazas y se ordenó el secuestro de los teléfonos del intendente y su hija porque en el horario en el que se produjeron las amenazas tuvieron una actividad bastante llamativa.

Ambos, tanto Enz como el magistrado realizaron sendas denuncias. El periodista de Análisis se constituyó como querellante con el abogado Ramiro Pereira. Las amenazas al teléfono celular de Enz se produjeron horas después de que tratara el tema de la causa de narcopolítica en el programa Cuestión de Fondo.

Otro elemento, según señaló el periodista a LA NACIÓN, es que la amenaza se produjo unos días antes que la Cámara Federal, integrada por los jueces Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, confirmara el procesamiento contra el jefe comunal y el resto de los imputados, entre ellos, "Tavi" Celis.

Narcopolítica

El esquema de funcionamiento de la política y su relación con el narcotráfico es lo que se aborda en el expediente N° 961/2016. "Quedó plasmado una peligrosa relación entre las actividades político electorales y el negocio ilícito del tráfico de estupefacientes", señala la causa luego de que Varisco sellara un pacto con Celis, quien fue procesado por narcotráfico el 3 de julio de 2016.

La afirmación del juez Ríos se basó en un cuaderno que fue encontrado en la casa de la mujer del narco, donde además se secuestraron 3,4 kilos de cocaína. En ese cuaderno figura la anotación con fecha 28 de abril de 2018 de un viaje para abastecerse de cocaína y se "hace alusión a los 40.000 pesos que le entregaron a Lemos en una reunión que mantuvo en la Municipalidad de Paraná". A estos apuntes se suman una escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp que fueron obtenidos por la Policía Federal tras allanar la celda de Tavi en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

En estas escuchas, en su mayoría conversaciones entre Celis y su pareja, queda probado el acuerdo político que Varisco tenía con este dirigente narco. Según el expediente, esa relación fue más amplia e incluyó el involucramiento del intendente y funcionarios y concejales del municipio en la comercialización de cocaína.

El magistrado señala que "el pacto político (entre Varisco y Celis) de 2015 y 2017 se transformó en un acuerdo comercial ilícito". Estas sospechas se traslucen en las conversaciones y mensajes de Celis desde la cárcel, con su teléfono Samsung que le secuestran el 6 de setiembre de 2017. Un día antes, el narco le hace saber al concejal Hernández "su fastidio" por la falta de "ayuda" del intendente. Lo presiona con que va a dar una entrevista a un canal porteño para contar toda esta trama. 

"El 5 de septiembre de 2017 se pudo corroborar que Celis y el intendente habían llegado a un acuerdo económico por la suma de 50.000 pesos por mes", señala el escrito judicial.

"Por fin una buena. Arreglé con el intendente", le escribe por mensaje de texto Lemos a su pareja, que está en prisión. Tras los allanamientos, y el secuestro de cocaína y los cuadernos y escuchas telefónicas, el juez decidió llamar a indagatoria este lunes a Varisco, a quien en el Concejo Deliberante un sector de la oposición le pidió su renuncia.