"No dejan vivir a la gente en paz! Lo de hoy [por ayer] fue un papelón". La frase, que pertenece a uno de los dirigentes de Cambiemos con mayor responsabilidad institucional, se refiere a las decisiones que tomó el Gobierno en los últimos cinco días. El manejo de la decisión sobre el aumento retroactivo del gas recalentó las tensiones internas.

Pese a la controversia que generó la resolución y los pedidos para que el secretario de Energía, Javier Iguacel , diera un paso al costado, el presidente Mauricio Macri lo sostuvo en el cargo. "Hizo lo que tenía que hacer y Macri coincide con él", justificaron fuentes oficiales. Después de negar modificaciones durante cuatro días, el Presidente finalmente aceptó dar marcha atrás y resolvió que será el Estado-y no los usuarios- el que se hará cargo de los aumentos adicionales en la tarifa del gas que los contribuyentes comenzarían a pagar en 24 cuotas a partir de enero. Las quejas dentro del Gobierno y del radicalismo terminaron forzando la modificación. El principal argumento para quebrar la resistencia del Presidente fue que la oposición, en especial el peronismo llamado racional, puso en duda el apoyo para la aprobación del presupuesto. Hoy, la prioridad número uno de la Casa Rosada.

"Preservamos el presupuesto, se mantuvieron los contratos con las empresas y seguimos con el cambio cultural de que se debe pagar lo que se consume", destacaron fuentes oficiales. Pero la situación no fue "gratis". Dentro del Gobierno algunos funcionarios se lamentaron porque Macri volvió a cargar con el costo político de una determinación que provocó una reacción negativa en la sociedad. "Me preocupa no encontrar el piso de los errores no forzados", describió un asesor todoterreno. El primero en advertir que la medida que se publicó en el Boletín Oficial el último viernes iba a generar múltiples conflictos fue el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. La principal preocupación era por el impacto que tendría en la discusión sobre el presupuesto, que está "al límite".

Así lo hizo saber en una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Monzó expuso con vehemencia los problemas que traería la situación. El ministro coordinador lo escuchó, pero defendió la medida que impulsó Iguacel. "Fue una discusión fuerte. Emilio dijo lo que tenía que decir y a Peña no le gustó", reconocieron fuentes oficiales. Horas más tarde, como anticipó el presidente de la Cámara baja, llegaron los primeros movimientos de la oposición en el Parlamento, que se puso de acuerdo para rechazar la medida. Ahí se encendieron las alarmas. Finalmente, anteayer, la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto para modificar la resolución.

En ese contexto, el Gobierno entendió que avanzar con esa decisión resultaría un problema mayor. A partir de ahí se pusieron en marcha los resortes para bajar el tono de la sesión que el peronismo preparó ayer. Frigerio les comunicó la novedad al senador peronista Miguel Pichetto y a los jefes de bloques opositores de la Cámara de Diputados. Así, desactivó la sesión especial pedida por la oposición para derogar los aumentos. Ayer, en la Casa Rosada, Iguacel se transformó en el centro de todas las miradas. Pero, pese a la presión, en una conferencia de prensa que dio por la tarde en la Casa de Gobierno, el secretario de Energía descartó categóricamente la posibilidad de renunciar. El malestar que despertó Iguacel llegó hasta Indonesia, adonde viajó Nicolás Dujovne, su jefe. Es que, al igual que los encargados de negociar con la oposición el presupuesto, según pudo saber la nacion, el ministro de Hacienda también tomó conocimiento de la resolución una vez publicada en el Boletín Oficial. Ayer, tras la crisis política que causó, el responsable de Energía anunció que el Gobierno se hará cargo de los $20.000 millones que se les adeudan a las empresas, pero anticipó que les pedirá un año de gracia y se sentará a negociar con las firmas un nuevo marco regulatorio -el actual es de 1992- para exceptuar a los usuarios por los cambios en el tipo de cambio.