La creciente informalidad, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento productivo y de la demanda, el aumento de las retenciones a las exportaciones y los incumplimientos del Gobierno nacional ponen en jaque a la industria maderera del país, cuya zona de mayor influencia se encuentra fundamentalmente en la línea que integran las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. 

Si bien una de las mayores preocupaciones del sector es el enfriamiento general de la economía, los empresarios y productores de la industria forestal de las 28 cámaras del país, nucleados en la Federación Argentina de la Industria Maderera (FAIMA), no ocultan su malestar frente a la falta de resolución de una serie de problemas pendientes de la Mesa Nacional de Competitividad Foresto Industrial, encabezada por el presidente Mauricio Macri, entre ellos los altos costos por logística y fletes. 

"A la presión que sobre nuestros costos y rentabilidad ya ejercían los aumentos de las tarifas de servicios, el componente vinculado al transporte y la competencia con productos importados, se espera que la segunda mitad del año muestre una desaceleración de la recuperación económica que venía teniendo lugar en 2017", señaló Pedro Reyna, presidente de FAIMA, quien además expresó su preocupación por la ralentización de la recuperación económica y el endurecimiento de las condiciones macro.

En un contexto general de crisis, la industria forestal y maderera sufre por el impacto del aumento de las tarifas de energía, la caída de ventas al mercado interno y la imposibilidad de financiamiento merced a las altas tasas, además de los retrasos en los pagos de deudas de los planes forestales (Ley 25.080 de Desarrollo Industrial Forestal).

Uno de los distritos más perjudicados por la crisis del sector es Misiones. Allí, la actividad se encuentra prácticamente paralizada a la espera de que la Nación cumpla con la parte del compromiso asumido con ese sector para financiar el 50% de un aporte de $170 millones destinados a la construcción de una fábrica de viviendas con tecnología de punta. A su vez, esa planta de producción -que pese a las demoras del Gobierno se inaugurará en marzo próximo gracias al aporte privado y del gobierno provincial- tiene por objetivo cubrir la demanda de construcción de cerca del 10% de las viviendas sociales de todo el país.

El presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM), Pedro López Vinader, dijo en diálogo con este diario que "el problema radica en la falta de mercado interno" ya que el Gobierno nacional "no está poniendo en marcha ningún programa de viviendas". 

"La fábrica se va a poner en marcha. Ya compramos el 90% de las máquinas en Alemania, se sigue el programa de trabajo previsto, pero la Nación no está cumpliendo con los convenios firmados para que el 10% de lo que se construye en el país sea con madera. Nos cambiaron las reglas del juego", expresó.

Según explicó López Vinader, la fábrica tendrá una capacidad de producción de 150 mil metros cuadrados por año: "Desde el árbol hasta la llave, permitirá crear 2.500 puestos de trabajo para entregar 5 mil casas al año", graficó.

El impacto para el sector es doble: la Nación incumple con la promesa para financiar una planta de última generación que cubriría gran parte del déficit habitacional del país, y a la vez tampoco pone en marcha planes sociales de viviendas para garantizar el cumplimiento del acuerdo del 10% sellado con los empresarios misioneros. 

Santiago Ros, presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la provincia (IPRODHA), confirmó que Misiones sí tiene el dinero en plazo fijo. "Vamos a aguardar noviembre y si Nación no firma el convenio vamos a empezar igual con la construcción", que dará el impulso inicial a la mencionada fábrica, según adelantó a Radio República.

Discursos

"La provincia es la única que está financiando la construcción de viviendas de madera. Hay otros que dan discursos pero en los hechos somos los únicos. La provincia apuntala la inversión con 508 viviendas que están casi terminadas. Estamos aguardando desde octubre de 2016 que la Secretaría de Vivienda de Nación nos apoye con la construcción de otras 864 casas", se quejó el funcionario.

"En su momento nos dijeron que se iban a construir 8 mil casas por año. El año pasado se hizo un proyecto para la construcción de las primeras 864 casas, a través de un programa con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional que sería financiado en un 70% por el Gobierno nacional, y el otro 30% con la provincia. Sin embargo, hace poco, desde Nación decidieron que iban a poner sólo el 50% de los fondos, y hasta ahora no firmaron el convenio. La única que está aportando es la provincia", subrayó Ros. 

"El Estado nacional está incumpliendo con todos los contratos de viviendas. Vamos a tener una gran fábrica con gente capacitada para construir casas, pero no hay mercado interno. El Estado nacional no está desarrollando ninguno de los programas que habíamos hablado, no hacen más viviendas, aunque la fábrica sigue firme y en mayo estará funcionando a pleno", completó el titular del IPRODHA.