El presidente Mauricio Macri aterrizó ayer en Catamarca, un distrito PJ gobernado por Lucía Corpacci, el mismo día en que el Presupuesto Nacional comenzaba a trazar su conversión en ley en el recinto del Senado. La imagen no es casual, ya que además del acto institucional, el grueso del pool de mandatarios peronistas apoyó la pauta de gastos que propuso Cambiemos en una negociación que, bajo cierto paraguas general, terminó siendo uno a uno. 

La recorrida por la obra de la presa de Embalse El Bolsón, en el límite entre Catamarca y Santiago del Estero, salda una vieja cuenta pendiente por parte de Nación. Pero, en compañía de Corpacci, Macri sorprendió al anunciar la construcción de un nuevo aeropuerto en Catamarca, que será internacional. Un beneficio que hoy no tiene la provincia y que le permitirá sumarse a la apertura de rutas aéreas. El Presidente dijo además que se hará una mejora en la infraestructura vial.

En representación de Santiago del Estero estuvieron el jefe de Gabinete, Elías Suárez, y el ministro de Obras Públicas, Daniel Brue, ya que el gobernador Gerardo Zamora (Frente Cívico) tenía otros compromisos de agenda. Santiago es clave para la Casa Rosada a la hora de buscar apoyos legislativos, ya que los tres senadores nacionales de esa provincia responden a Zamora, al igual que seis diputados. Los tres primeros se disponían a votar ayer favorablemente el Presupuesto que se encaminaba a su sanción definitiva durante esta madrugada. Y ayer justamente se destrabó un pedido del mandatario: la Comisión de Acuerdos del Senado avaló la designación de un juez federal de la provincia. Se trata del actual presidente del Tribunal Superior de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, que aspira a ser designado juez federal de primera instancia y cuyo pliego de designación había quedado trabado en la Comisión de Acuerdos. El caso trajo tensión entre Zamora y Elisa Carrió, ya que el nombramiento de Argibay había sido impugnado por la líder de la Coalición Cívica por considerar que el magistrado "en nada garantiza la independencia del Poder Judicial Federal en la provincia". Había hecho referencia a que en 2013 el Tribunal que preside Argibay habilitó la reelección de Zamora en un caso controvertido. Ahora, el oficialismo dejó de lado la impugnación.

Otro gobernador que dio aval al Gobierno en el Presupuesto, como el peronista chaqueño Domingo Peppo, también tuvo un miércoles de buenas noticias: el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata aprobó financiamiento para al proyecto de la Ruta Provincial N° 13 por más de u$s37millones. El organismo es multilateral y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Urugua. En la reunión de ayer en Santa Cruz de la Sierra, cuando se firmó el acuerdo, la llave fue Héctor Dottore, funcionario del Ministerio de Hacienda que comanda Nicolás Dujovne, hacedor de la pauta de gastos nacional.

En Tierra del Fuego festejó ayer la gobernadora Rosana Bertone. Un reclamo que la provincia venía realizando desde 2012 se terminó de abrir paso en la previa de la llegada del Presupuesto al Senado. El Gobierno nacional, por decreto, volvió a insertar a los nuevos emprendimientos hidrocarburíferos en la Ley 19.640, la que establece el régimen industrial especial para la provincia. "Las petroleras van a poder de acá a 2022 desarrollar un gran complejo industrial petroquímico petrolero. Esto le va a dar una sustentabilidad enorme a la ciudad de Río Grande", celebró Bertone. Dos semanas atrás había recogido la primera parte de la cosecha del apoyo al Presupuesto, cuando la Casa Rosada revirtió formalmente otro decreto: el 864, que había sacado aranceles a la importación de televisores semi elaborados, un golpe inesperado para la industria fueguina, que no atraviesa su mejor momento.

Victorias

Estas victorias de los gobernadores se empezaron a tejer a finales de octubre, cuando un puñado de ellos visitó el despacho de Miguel Pichetto. Además de Bertone, Zamora y Corpacci, se habían encolumnado Gildo Insfran (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Casas (La Rioja). El reclamo era general: cambios en Bienes Personales e impedir la derogación del Fondo Federal Solidario, en un club que a excepción de Insfrán y Casas había acudido a la Corte Suprema para frenar la caída de esas partidas constituidas por las retenciones a la exportación de soja. Sin embargo, bajo la prédica amplia se escurrieron los pedidos particulares.

En el caso del riojano Casas, antes de la votación en Diputados había logrado incluir fondos extracoparticipables por $4.200 millones, que compensan parcialmente el punto de coparticipación perdido en 1988. En la misma línea Entre Ríos había negociado la inclusión en el Presupuesto de la automaticidad de la transferencia de fondos para la central de Salto Grande, y la duplicación de ingresos que recibe la provincia por la generación de energía.