La tensión que durante años enfrentó a la Casa Rosada y a los gobernadores por los sistemas previsionales provinciales no transferidos terminó zanjándose, porque finalmente la Anses solo financiará el déficit que esas cajas tendrían si estuvieran en sus manos. Así, deja de exigir que homologuen los régimenes jubilatorios locales al nacional. Claro que la decisión de mantener parámetros especiales -como una edad de retiro más baja o cuestiones hereditarias- tienen un impacto económico y financiero del que deben hacerse cargo los tesoros provinciales.

Esos beneficios terminan pagados por los contribuyentes. La decisión del Poder Ejecutivo -propuesta e incluida en un proyecto de ley aprobado por el Congreso- de avanzar el año próximo en una reforma estructural del régimen jubilatorio nacional no se cumplirá. Hace unos días, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica , afirmó que "no está en los planes del Gobierno tratar una reforma previsional el año que viene" y aclaró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no pone fechas ni establece compromisos".

En el acuerdo con el FMI, el Gobierno se compromete a iniciar "reformas de superior calidad" y plantea "comenzar a examinar una tan necesitada reforma del sistema de pensiones". Hasta el año pasado la Casa Rosada esperaba que, en paralelo, las provincias armonizaran sus sistemas, es decir, que equipararan las condiciones a las del esquema nacional. Discusiones mediante, quedaron "desenganchadas" de esta última condición. La Anses girará los recursos que, según estima, tendría que dedicar si esas cajas estuvieran transferidas.

Esa proyección se hace en base a documentación que debían girar las provincias. La información no se envió en todos los casos a igual velocidad ni con igual nivel de detalle. Desde el inicio de este año y hasta el miércoles pasado se repartieron $11.407 millones para las cajas previsionales, según datos oficiales de Anses. Para 2019 se provisionaron $25.000 millones, a repartir entre Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, que son los distritos que conservan sus sistemas.

El abogado previsionalista Federico Despoulis Netri dice que hace tiempo que se busca una unificación, para que "todo el país tenga un solo régimen jubilatorio", pero advierte que es una trasformación complicada. "En las cajas provinciales hay menos juicios de los beneficiarios, porque las diferencias de ingresos con los trabajadores activos es menor que la nacional; cuando se tienen beneficios especiales hay reticencia a avanzar", explica. El abogado entiende que si la Nación insiste en una homologación de los regímenes es ya por una cuestión política y no económica, dado que cambió el mecanismo de transferencias.

"Cada provincia debe resolver los aspectos más controvertidos; hay que tener en cuenta que algunas tienen características especiales y que deben contemplarse", evalúa.

Para Jorge Colina, economista de Idesa, se tienen que modificar los regímenes provinciales para "emprolijar" los parámetros, más allá de que la Nación ahora financia un proporcional del déficit. "A la diferencia [del déficit] la termina poniendo el tesoro provincial; no es gratis que los régimenes sean gravosos y el dinero que se destina a ese rojo se recorta a prestaciones como salud o educación", advierte el economista.

En la Argentina hay, además del régimen nacional, seis especiales, seis de retiro, 84 cajas profesionales provinciales, 13 de empleo público provincial, 29 municipales, dos de empleados bancarios y unas 20 cajas complementarias. Esa dispersión se traduce en desigualdad de trato; en un mismo territorio conviven trabajadores que muchas veces tienen edades jubilatorias que se diferencian hasta en 20 años. Pese a los años de reclamos de "armonización" muy pocas de las provincias que mantienen sus sistemas avanzaron en concretar reformas.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal amagó con modificaciones, pero terminó bajando el tema de la agenda; proyectaba llevar a 60 años la edad de jubilación de las mujeres y a 65 la de los varones, y exigir 35 años de servicios (para los docentes, la exigencia era de 60 y 57 años de edad y de 25 años con aportes). La suba de la edad se planteaba de manera escalonada. Santa Cruz mantiene la edad de 50 para las mujeres y 55 para los hombres, con 25 años de aportes; Entre Ríos es otro de los distritos con menor exigencia de edad para acceder a la jubilación (45 años) y con menor densidad de aportes (20 años), además, las pensiones son hereditarias. Tierra del Fuego aprobó a fines de 2017 una reforma que incluyó que el cálculo del haber es del 82% con la condición de que haya 25 años de aportes (por cada uno que falte se detrae un 3%); la mujer se retira a los 51 años con 26 de servicio y el hombre a los 56, con 30 de servicios. En La Pampa, el gobernador Carlos Verna rechazó introducir cambios.

"No hay que interpretar que todos en una provincia tienen beneficios especiales; los regímenes especiales cubren solo a los estatales", aclara Despoulis Netri.

El gobernador neuquino Omar Gutiérrez ratificó por su parte que no avanzará más en la armonización; la provincia equiparó su sistema al nacional en dos aspectos: la exigencia de 30 años de servicio para acceder a la jubilación y el porcentaje de aportes y contribuciones al sistema (31% entre personales y patronales). Las edades de retiro son de 60 años (varones) y 55 (mujeres). La Caja de Chubut empezó a registrar déficit en 2017 y la tendencia es a que se agudice; en este caso la edad de retiro es de 58 años (mujeres) y 62 (varones). Córdoba y Santa Fe son distritos con parámetros similares a los nacionales.

Un factor clave que incide es la diferencia entre altas y bajas de beneficiarios. Por caso, en el sistema de Córdoba, para 2019 se proyectan 6469 nuevas jubilaciones contra 3830 bajas; este año los números son similares. "No es un esquema sostenible, lleva al precipicio", grafica el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano. Daniel Elías, ex presidente del Consejo Federal de Previsión Social y titular de la Caja de Entre Ríos, señala que los regímenes provinciales necesitan una "revisión" que les permita "garantizar suficiencia y sostenibilidad" de sus beneficios, sobre la base de "otorgar prestaciones que estén relacionadas con los salarios".

Colina subraya que los cambios más urgentes pasan por actualizar la regla de pensiones (la doble cobertura previsional insume, a nivel nacional, $120.000 millones anuales); aumentar la edad para regímenes especiales y rever el cálculo del haber inicial, que hoy queda "licuado" para salarios muy altos.