Con tres pilares como cimientos de concreto - legislación, control estatal y concientización- la Argentina busca ponerse los pantalones de la sustentabilidad agropecuaria e integrarse al mundo medioambiental. Sin embargo, en los últimos meses se sucedieron medidas judiciales que obligan a la actividad a poner énfasis en el trabajo de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y a reclamar claridad sobre las zonas grises de la legislación. Así fue que dos fallos en la provincia de Entre Ríos intranquilizaron al sector, precipitaron las decisiones y obligaron a acelerar los tiempos en la toma de medidas concretas y operativas que no podían dilatarse.

Luego de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, un juez de la provincia, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos" y que "existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior". Como en la provincia de Entre Ríos existen 850 escuelas rurales la decisión significaría la imposibilidad de cultivar en un radio de 1000 metros y se deja de producir un total de 282.000 hectáreas, que equivale a casi toda la siembra de trigo de la provincia (300.000 hectáreas). Los productores entrerrianos se quejaron y protestaron por el dictamen del juez que según ellos desconoce, el prejuicio y verdadero alcance del fallo. Este panorama negativo en contra de la aplicación de fitosanitarios, causan un impacto directo en la producción agrícola, donde los amparos judiciales puede tener un efecto dominó en contra del sector.

Hay también una presión sobre el sector público. Néstor Álvarez, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, dijo a LA NACION que en los dos últimos años, de un total de 459 denuncias que recibió su organismo, 57 expedientes son casos sobre aplicación de agroquímicos, que en su gran mayoría se presentaron de manera colectiva. "Tratamos de judicializar lo menos posible y llegar a mesas de consenso", sostuvo y remarcó que el Estado llegó tarde y que "sólo llegó porque la gente lo pedía". Los distritos en provincia de Buenos Aires con mayor número de reclamos son Alberti, Chacabuco, San Nicolás, General Pueyrredón, Nueve de Julio y San Antonio de Areco. La clave de las BPA Hoy pareciera que nada alcanza. Para la organización, solo con el trabajo mancomunado con políticas públicas se podrá alcanzar el objetivo. El compromiso político no es una instancia menor. No basta con la labor y el esfuerzo de las instituciones privadas. Para Carlos Grosso, asesor de la consultora agronómica VMV siembra, las BPA son necesarias pero no sirven si las llevan a cabo los productores de manera individual y aislada: "Se llegó a un techo y la limitante al sistema productivo puede tener un costo muy alto", dijo. Agregó: "Poco es lo que se puede hacer a nivel individual, tiene que haber decisiones de políticas públicas anticipatorias para que sean de impacto".

En este sentido, Andrés Méndez, consultor agrícola, afirma que el pilar más importante de las BPA, al margen de las leyes que se puedan sancionar, es el contralor: "Hoy no sólo no se están aplicando en todo el país sino que ni siquiera hay controles sobre lo que se realiza". "Los instrumentos de control son los que tienen que funcionar y los distintos municipios, con un rol fundamental, no tienen criterios homogéneos", opinó y reveló que "no han llegado más amparos porque la gente no entendía mucho las consecuencias. A medida que la gente se informa llegarán más cantidad de recursos de amparos". Según Brihet, la red de BPA no es reactiva sino proactiva, trata de involucrarse en los espacios de discusión para que no se llegue a restricciones sin fundamento científico: "Nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto con ellos y crear herramientas a nivel nacional, provincial y municipal".

Agregó: "Buscamos a corto plazo que los municipios y las provincias adecúen su normativa y lo pongan en práctica". En diálogo con LA NACION, Santiago del Solar, jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria señaló que la Argentina apunta hacia una exigencia de los consumidores locales y de demanda exterior que debe satisfacer: "Nadie dice que una buena práctica es solo cumplir con una ley, las regulaciones existen, pero no siempre se puede controlar todo, se debe crear conciencia de los productores y de toda la cadena de valor". Por el mes de julio, el Gobierno, a través de un documento interministerial firmado por Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación, para la aplicación de fitosanitarios, comenzó querer tener mayor injerencia en el tema. Para el funcionario, es un tema sensible para la comunidad que necesita que los productores se conviertan en guardianes del medio ambiente. "Se debe entender que una buena práctica agrícola no es algo que está escrito en piedra, haciendo determinada práctica puede estar bien hoy pero mañana habrá que hacerlo mejor", dijo. Álvarez cree que se llegó a esta situación por los abusos de ciertos productores: "Creemos que el camino para dar una solución a la problemática es: por un lado el control estatal y por otro una propuesta agroecológica, donde el concepto debe ser usar agroquímico cuando no queda otra". "Somos buenos productores a nivel individual pero hoy la problemática pasa por no tener una mirada integral del sistema de producción y donde se toman malas decisiones que son legales", sostuvo Grosso y concluyó: "Tenemos el fuerte desafío de ser un país con BPA y que esa sea nuestra marca país".

Provincias en la delantera

En septiembre pasado, ambas provincias firmaron un convenio para conciliar sus normativas, por ejemplo en la habilitación de operarios y de maquinarias para aplicación, entre otras cuestiones. Días atrás, la provincia de Buenos Aires no quiso quedarse fuera y elaboró una resolución que estableció pautas para la aplicación de fitosanitarios en los municipios para el año próximo. El documento establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento, donde las aplicaciones deberán considerar características intrínsecas del producto a utilizar, regulación del equipo y las condiciones meteorológicas, entre otras. Hoy 60 municipios ya tienen ordenanzas de aplicación de fitosanitarios y en otros diez distritos se encuentran en tratamiento.

Para la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la ley es positiva pero quedó a mitad de camino: "Es bueno que exista una resolución, pero de nada sirve una ley provincial si son los municipios los encargados de controlar", dijeron.

Qué sucede en el país

Agroindustria emitieron un documento de consenso para establecer pautas en la normativa sobre uso y aplicación de fitosanitarios.

Córdoba: del presupuesto para el año 2019 de 675,2 millones de pesos para su cartera, el Ministerio de Agricultura y Ganadería asignó para el programa de BPA, de premios a los productores, un total de 130 millones de pesos.

Santa Fe: tiene dos leyes: la 11.273 (fitosanitarios) y la 10.552 (uso y conservación de suelos). Se busca reformar la ley 11.273 y definir distancias para aplicar, criterios para las fumigaciones aéreas y los controles de los municipios.

Buenos Aires: el 1° de enero de 2019, regirá una resolución cuyo eje principal será establecer las zonas de amortiguamiento en áreas urbanas. Un aspecto a resolver es de qué manera se llevará a cabo el control de las aplicaciones.

Entre Ríos: hoy, el fallo, que prohíbe las aplicaciones en cercanías de escuelas rurales, a través de la interposición de un Recurso Extraordinario Federal (REF), se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.