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Miércoles 13 de febrero de 2019
Cumbre del Gobierno con Pichetto para impulsar un nuevo "blanqueo laboral" (referencia al entrerriano Frigerio)
Pichetto

El almuerzo entre el oficialismo y el senador peronista Miguel Ángel Pichetto sirvió para que ambos bandos se muestren las cartas que quieren jugar este año. La Casa Rosada puso sobre mesa dos temas que busca aprobar en pleno año electoral: un proyecto de blanqueo laboral que enviará el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), con el fin de frenar la "ola de juicios" a las obras sociales. Por su parte, Pichetto reveló que el lunes ingresó un proyecto de emergencia fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas por 180 días, lo que puede generar un conflicto con la Casa Rosada.

En un año con tantas elecciones, oficialismo y oposición prevén una baja actividad legislativa. De hecho, ya acordaron que no habrá sesiones extraordinarias. Para el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el jefe de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, fue clave reunirse con el peronismo que maneja los hilos del Senado. Allí los recibieron Pichetto junto con sus pares Rodolfo Urtubey, Alfredo Luenzo y Carlos "Camau" Espínola. Los emisarios de la Rosada querían tantear el clima para avanzar con un proyecto clave para Macri. Tras la resistencia a la reforma laboral, ahora Sica quieren enviar un texto que "amplíe los derechos laborales para trabajadores informales", comentaron comensales a El Cronista. Esto significaría avanzar con un plan para las empresas que tienen trabajadores informales. El blanqueo laboral ya había sido resistido el año pasado, pero ahora el Gobierno buscaría avanzar con partes menos conflictivas. El peronismo no aseguró su apoyo hasta leer la letra chica. La creación de la Agnet fue bien recibida por los anfitriones. Esta agencia es una reacción al reclamo de obras sociales sindicales y provinciales que "están fundidas" ante lo que llaman "la industria del juicio". "Es para poner límite a los amparos que ordenan jueces que suelen ser un disparate y obligan a estas obras a cubrir medicamentos y tratamientos que no están incluidas en el Programa Médico Obligatorio", explicaron desde el peronismo.

En pleno almuerzo, Pichetto sorprendió a Frigerio y Monzó. Allí les anunció que su espacio ingresó el lunes un proyecto de Ley de Emergencia Fiscal para micro, pequeñas y medianas empresas por 180 días, o sea, hasta las PASO. Así, el Gobierno debería afrontar una baja en los ingresos justo en el año que prometió un déficit cero, y en plena visita del FMI. Si el peronismo avanza con este proyecto, lograría frenar el aumento en las tasas de intereses resarcitorios y punitorios que publicó la resolución 50 del Ministerio de Hacienda, el último viernes. Según CAME, esta medida llevaría al cierre de Pymes. También la emergencia fiscal suspendería a los sujetos alcanzados "la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras cuya aplicación, percepción y aplicación" se encuentra a cargo de la AFIP. Este proyecto va a ser un incordio para el Gobierno, que ya tuvo que enfrentar proyectos para frenar las subas de tarifas, y que Macri terminó derogando. Por otro lado, uno de los puntos más conciliatorios fue avanzar con el proyecto de Financiamiento Electoral que lleva la firma de Pichetto y el senador radical Ángel Rozas, entre otros. La iniciativa plantea la bancarización del régimen de aportes y habilita los aportes de empresas, pero con topes. La idea sería que se trate a fines de marzo o abril, en la Cámara Alta. También hubo luz verde para sacar la ley contra los barrabravas. Y, otro punto que pasó bajo radar, es que acordaron dos comisiones de revisión de acuerdos para marzo en los que se avanzaría con la aprobación de los pliegos de 80 jueces que ya tienen estado parlamentario. El peronismo también cuestionó el DNU de Extinción de Dominio que busca recuperar para el Estado bienes obtenidos en actividades ilícitas como la corrupción o el narcotráfico. Pichetto, Urtubey, Espínola y Luenzo plantearon que ese decreto no podría llevarse a la práctica porque sería inconstitucional. Y reclamaron por qué Macri no buscó la vía parlamentaria. Más allá de los reclamos, no dieron ninguna señal para revocarlo.

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