Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que se elimine el cannabis del listado más restrictivo de la convención sobre drogas vigente desde 1961, en Entre Ríos, el activista cannábico Iván Malajovich aguarda que se resuelva el pedido de nulidad de la causa en la que fue procesado por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, por brindar talleres informativos sobre los diversos usos de la planta de marihuana y por “tenencias simple de estupefacientes”. “Están persiguiendo a quienes cultivan para autoabastecerse para uso terapéutico o recreativo, y justamente están fuera del círculo del narcotráfico. Siguen persiguiendo cultivadores y usuarios, cuando las estadísticas muestran que así no se combate el tráfico de drogas”, explicó el activista a este diario. Curiosamente, Sergio Varisco mantiene la intendencia de Paraná pese a estar procesado penalmente bajo la acusación de participar en una banda de narcos, mientras que la justicia detiene a un consumidor.

La causa por la que terminó procesado Malajovich, de 33 años, quien tiene un desde 2015 un grow shop –local de insumos relacionados con el cannabis– en la zona céntrica de Paraná y es un reconocido activista de la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannábicos (APAC), comenzó en 2017.

“La policía de la provincia denunció ante la Federal que hacíamos preconización de estupefacientes, y durante un año a mis compañeros y a mi nos siguieron. A mi en particular porque le ponía la cara a los talleres. Me siguieron con autos de civil por la calle, me pincharon el teléfono, las redes sociales. Y en julio del año pasado terminaron allanando mi casa, el local y la casa de Maximiliano Burgos, un compañero que tiene esclerosis múltiple y hace uso terapéutico del cannabis. Estuve tres días en la cárcel y me dejaron en libertad pero imputado”, recordó Malajovich, quien comenzó a hacer activismo cannábico en 2010. 

En 2012, redobló su militancia de la cultura cannábica través del programa de radio El Esqueje. “En 2013 empezamos a hacer marchas en el día de la marihuana y dábamos charlas de manera informal. Nunca nos ocultamos. Y a fines de 2015 conformamos la agrupación de agricultores”, contó el activista.

Y agregó que “en 2016 dimos primero un curso formal, sobre los usos del cannabis en general, y a través de la historia”. Las distintas utilidades que tiene desde la industrial a la medicinal, los aspectos legales del uso y cultivo y también tratamos los aspectos médicos. Y al final una charla de cultivo. En 2017, el año en que el Senado aprobó la ley de uso medicinal del cannabis “hicimos otro, y yo hice uno de extracción de aceite, por la necesidad de la gente que se acercaba. Por estos tres talleres me procesaron”.

Por la difusión a través de las redes, los fiscales federales Carlos García Escalada y Mario Silva pidieron procesar al activista porque preconizaba el consumo de cannabis. Sin embargo, por esta acusación el juez Ríos lo sobreseyó. No hizo lo mismo con los otros dos cargos. Uno, por “tenencia simple” del material encontrado en el allanamiento al local: donde fueron secuestrados 200 gramos en cogollos, 33 semillas y algunos plantines. Y el otro, por los talleres que impartió.

Para el abogado del militante, Andrés Bacigalupo, “una investigación como esta, que lleva 2 años, 4 expedientes y moviliza toda una maquinaria judicial es gastar pólvora en chimangos y aplicando una ley que atrasa y que fracasó en combatir el narcotráfico. Hubo una persecución a un grupo de activistas que no tienen nada que ver con una organización de narcotráfico”. El letrado advirtió además que “el problema no es un caso concreto, sino que si se avala esto se da vía libre para que siga la persecución”.

Según el letrado, el juez, por un lado, “entiende que Malajovich se excedió en los límites de la libertad de expresión, y nosotros creemos que es un criterio obsoleto, no adecuado a los tiempos y restrictivo del derecho de libertad de expresión”. Por otro “lo procesa de tenencia simple, que no es comercialización pero tampoco para uso personal (artículo 14, primera parte) y por el delito de guarda de semillas (artículo 5 inciso a) y siembra o cultivo que tiene penas que arrancan de 4 años a 8 de prisión efectiva, cuando lo que tenía era para consumo personal, y en ese sentido, el examen de orina dio positivo para marihuana y el informe médico afirma que Malajovich es consumidor”.

Para el abogado Mariano Fusero, presidente de Reset-Política de Drogas y Derechos Humanos, “esta causa tiene un criterio anacrónico, superado dentro la jurisprudencia a nivel nacional, respecto a que una persona no puede ser criminalizada por conductas que se relacionan con dar información y la libertad de expresión derecho. El derecho propio de brindar información de manera activa, como también pasiva, de aquello que precisan recibirla, en este caso sobre el cannabis terapéutico”.

Además, recordó que “se cumplen 10 años del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo que hizo es declarar la inconstitucionalidad de los delitos de consumo, que es por el cual se criminaliza a quienes consumen. Y este antecedente  fue aplicado por muchos fallos de tribunales inferiores para declarar también la inconstitucionalidad del delito de autocultivo”. También señaló que se cumplen 30 años de la ley 23.737 de estupefacientes, “una de las más vetustas de la región”.