El fallo de la Corte Suprema del miércoles que declaró inconstitucional el cobro del Impuesto a las Ganancias de jubilaciones y pensiones colmó la paciencia del Gobierno con el máximo Tribunal. En la Casa Rosada señalan el contenido político de las sentencias contrarias a la posición del Ejecutivo que se acumulan y hacen foco en la dinámica interna de los ministros.

Esta vez fue el presidente Mauricio Macri el que decidió cargar contra la cúspide del Poder Judicial. “Quiero que se entienda que cuando se habla de un fallo en contra del Gobierno es porque afecta el presupuesto, que es de todos los argentinos. Es un elemento central en la estabilidad de esta Argentina que estamos construyendo. Tenemos que entender qué responsabilidad tenemos cada uno a la hora de cuidar esa estabilidad”, sostuvo.

En diálogo con radio Mitre de Córdoba, adonde viajó para inaugurar el Congreso de la Lengua, Macri cuestionó como nunca antes a los ministros de la Corte. “Se entendió entonces”, interrumpió el Jefe de Estado cuando cuando el periodista que lo entrevistaba añadió que la Corte venía “recortando el presupuesto”.

Macri insistió en que el Gobierno acatará cualquier fallo del Tribunal. “Yo respeto el fallo de la Corte”, dijo antes de cargar contra la responsabilidad del Tribunal.

Las declaraciones del Presidente chocan contra la propia postura del Ejecutivo que el Gobierno comunicó a través de sus voceros apenas se conoció el fallo. “El impacto es marginal”, habían sostenido en la Casa Rosada. El fallo representará -por ahora-  un costo fiscal de $6.000 millones para la Nación y las provincias y afecta a un universo de 300 mil personas.

En la Casa Rosada preocupa más la presunta intencionalidad política del Tribunal que la posibilidad de poner en peligro las metas fiscales comprometidas con el FMI.

“Son fallos que están hace 10 años dando vuelta y que están saliendo ahora por tres peronistas. Tienen mucho contenido político. No es tanto lo pecuniario sino más lo político lo que llama la atención”, sostuvo un integrante de la mesa judicial del Ejecutivo.

Hasta hace un tiempo en esa mismo ámbito negaban las versiones periodísticas que hablaban de una nueva mayoría peronista conformada por Juan Carlos Maqueda, el ex titular de la Corte Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

En Balcarce 50 no se arrepienten aún de haber empujado la salida de Lorenzetti de la presidencia del máximo Tribunal. “El problema empezó con el intendente”, dijo un importante funcionario. Con ese mote aluden a Rosatti, ex jefe comunal de Santa Fe. En el Gobierno hay quienes consideran que el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner “se cruzó de bando” cuando Carlos Rosenkrantz fue ungido presidente. El mismo argumento se repitió el martes, horas después de que se conociera el fallo, tal como consignó Clarín.  

La jueza Elena Highton de Nolasco se mantiene fuera de la línea de fuego del Ejecutivo, a pesar de que acompañó con su voto a la mayoría de los jueces y evidenció la soledad de Rosenkrantz.   

Cada vez se escuchan más voces, como las del Presidente, que reclaman que la Corte tenga en consideración las cuentas públicas antes de emitir un fallo. “Es un órgano político. No es ciego ni ajeno a la realidad”, señalan.

Otros funcionarios están molestos, porque a su entender el funcionamiento de la Corte no se expone debidamente en la agenda pública. “Se habla más del dólar”, se lamentan.

En la Casa Rosada otra vez eligieron diferenciarse de Elisa Carrió, la aliada de Cambiemos que anunció que denunciaría al ex presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti ante la OEA. También recuerdan, de paso, que Rosatti llegó a la Corte por la sugerencia de la aliada.

La jefa de la Coalición Cívica, en tanto, se metió de lleno en la campaña nacional, y se reunió con el candidato en Entre Ríos Atilio Benedetti para expresarle su apoyo. “Marzo es el mes más difícil, el mes donde todos los gobiernos atraviesan momentos de crisis”, señaló la diputada, confiada en que la recuperación llegará pronto.

El del martes se trata del segundo fallo en materia previsional de la Corte, en contra de la postura del Ejecutivo. En diciembre lo habían obligado a cambiar el índice de indexación par a 11 mil jubilados. Todavía queda pendiente la definición para de la extensión de los beneficios del "Caso Badaro", que estableció un fuerte reajuste de haberes para el período 2002-2006. Por las dudas, en el Gobierno ya marcan la cancha.