Por Carlos Pagni

Ayer, la política económica cerró una etapa que se había inaugurado con el acuerdo que se selló en septiembre pasado con el FMI. En aquel momento, por primera vez desde diciembre de 2015, Mauricio Macri contó con una sola versión del proceso económico. Hasta entonces, en su cabeza habían competido siempre dos propuestas: Prat-Gay contra Sturzenegger, Sturzenegger contra Quintana, Caputo contra Dujovne.

El programa pactado en Washington se convirtió en dogma. Con la peculiaridad de todo dogma: el aislamiento intelectual del que lo profesa. Macri redujo a cero la discusión económica. A quien le manifestara una duda le esperaba la misma respuesta: la mano presidencial dejando caer un papel sobre el escritorio. "Esto es la ley de gravedad". Fin del diálogo.

Esa era concluyó ayer. Carolina Stanley, Nicolás Dujovne y Dante Sica comunicaron una batería de medidas destinadas a moderar la inflación y aliviar a los más castigados por la recesión. En el centro de esos anuncios estuvo un control de precios para 60 productos, que se extenderá durante la campaña electoral. También habrá un congelamiento de las tarifas. Cabe aclarar: no se anunciarán más correcciones, pero queda vigente la ya dispuesta para el gas, que se está cobrando en cuotas. Estas decisiones hacen juego con la fijación de la zona de no intervención cambiaria por parte del Banco Central. El dólar ya no se actualizará mes a mes. La cotización de diciembre, que habría sido $59,6, debería ser de $51,45.

La razón por la cual la de la gravedad ya no es una ley hay que buscarla en las encuestas. La imagen de Macri se desplomó por la inflación. Y la inflación está determinada por el aumento de los precios regulados. Sobre todo de uno: el tipo de cambio. Por eso el equipo económico se empeñó en renegociar las reglas cambiarias con el Fondo Monetario. Nicolás Dujovne y Guido Sandleris consiguieron que Christine Lagarde aprobara la fijación del tope superior de la banda, de tal modo que se moderen las expectativas de devaluación en los próximos ocho meses. Pero no lograron que les permitieran alguna intervención dentro de la banda, para cuando el peso se desvalorice más de lo esperado. Es decir: el dólar puede tener un recorrido largo antes de llegar a $51,45. Ayer, con una cotización de $42,98, el peso podría depreciarse casi un 20% hasta tocar ese máximo, a partir del cual el Central puede intervenir. Si las propuestas de ayer fueran exitosas, y provocaran una caída del dólar, ese potencial de devaluación sería mayor. Esta alternativa está ahora agravada, porque el Fondo eliminó el piso de la banda. Quiere decir que, si la divisa cae por debajo de lo razonable, el Central ya no podrá comprar.

La urgencia electoral obligó a la Casa Rosada a admitir una deliberación sobre la economía. Los anuncios de ayer se originaron, más que en la convicción del Presidente, en la presión del radicalismo. Macri mantuvo una discusión acalorada sobre el control de precios el jueves pasado con Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente de ese partido. Al día siguiente, Gerardo Morales lanzó su candidatura a la reelección en Jujuy escudándose: "Yo no controlo la inflación ni el dólar".

Las novedades de ayer no suturaron la herida de Cambiemos. Ricardo Alfonsín pasó la factura: "Si al inicio hubieran advertido que falta política además de mercado, estas medidas serían innecesarias y muchas penas se hubieran evitado". El reproche de Alfonsín recupera una discusión originaria. Macri siempre se negó a un acuerdo de precios y salarios. Desde que, apenas asumió, se lo propuso Alfonso Prat-Gay. En un pico de optimismo, el Presidente imaginó la derrota de la inflación como una conquista personal. "Es un tema mío", alardeó.

Ese menosprecio por el problema está cediendo su lugar a una cautela alarmante. Para muchos economistas hará falta por lo menos una década para doblegar la carrera de los precios. Algunos de ellos se preguntan si con la salida de la convertibilidad la Argentina no ingresó en un ciclo de inestabilidad similar al de la serie 1945-1973. Además, la contención propuesta ayer abre una incógnita sobre su destino a partir del próximo diciembre. ¿Quien asuma en ese momento deberá pagar el costo del sinceramiento?

La forma de comunicar lo decidido fue comentada durante el resto del día. Primero llamó la atención el video "casero" en el que Macri explicó las medidas a una vecina tan humilde que sobre su mesa no tenía más que un vaso de agua. Una confesión subliminal de que pasaron los tiempos de vacas gordas, cuando en los timbreos se servía mate con facturas. Después sucedió algo más extraño: el Gobierno envió a la prensa un resumen de sus iniciativas, sin demasiadas precisiones. Durante dos horas los anuncios comenzaron a navegar por un mar de dudas y especulaciones, hasta que aparecieron en escena los ministros. En esa instancia sorprendió la última rareza: ausencia total del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El efecto de las medidas es crucial para el destino del poder. Macri debe revertir las expectativas. Sobre todo, las de quienes lo rodean. Además de los radicales, que están abiertos a todas las opciones, las primeras figuras de Pro temen naufragar por la inflación-recesión-devaluación. Un triángulo de las Bermudas. Entre esas figuras sobresale María Eugenia Vidal, cuya reelección está hoy amenazada. Si la economía no se ordena, ¿estará amenazada también la candidatura del Presidente? La pregunta sigue siendo un tabú en la Casa Rosada. Pero no para el resto de Cambiemos.

Macri sigue apostando a una polarización con Cristina Kirchner. Pero esa contradicción se va saturando de paradojas. Por lo pronto, las últimas soluciones a las que apeló el Presidente, sobre todo el control de precios, le dan un lejano aire familiar con su antecesora. Resulta llamativo cómo esa asimilación se da también en sentido inverso. Mientras la señora de Kirchner espera recuperar la voz, su entorno se encarga de aclarar que, si llega a ganar, ella no hundirá al país en la pesadilla venezolana. El kirchnerismo prefiere mirarse en el espejo de Portugal, donde el socialista António Costa se ufana de haber reducido el desempleo a la mitad y eliminado el déficit fiscal. Esa presentación se propone un objetivo: negar la perspectiva de un ajuste, que en Portugal realizó el gobierno anterior. Sin embargo, quienes rodean a la expresidenta aclaran que no romperán con el Fondo. "Renegociaremos el acuerdo. ¿O solo Macri tiene derecho a hacerlo?", bromea Agustín Rossi.

La señora de Kirchner comienza a adquirir también algún rasgo de Macri. Podría profundizar esa identificación. Porque la última experiencia económica atribuible al kirchnerismo es la de Alicia, en Santa Cruz. Ella produjo un recorte del gasto corriente y de salarios que pondría colorado a José Luis Espert: en 2018 otorgó un aumento de 18% para el sector público. Para este año no quiere pasarse del 26%. Mandato de la sangre: Alicia Kirchner se niega a endeudarse. Salvo con los bancos de Santa Cruz y Entre Ríos, de los Eskenazi: otro mandato de la sangre. Es curiosa la fascinación del izquierdismo por estos "expertos en mercados regulados". El socialista Miguel Lifschitz se apresuró a licitar los servicios del Banco de Santa Fe antes de irse, con un pliego escandaloso por los beneficios que otorga al actual concesionario: Eskenazi.

Macri agita el fantasma de que Cristina Kirchner llevará el país a Venezuela. Si le creen, el público correrá a comprar dólares y su reelección podría sucumbir. Quizá prefiera que no le crean demasiado. Cristina Kirchner insinúa que no será como Maduro. Si le creen, la economía tenderá a estabilizarse, beneficiando a Macri. Por lo tanto, ella también preferiría que no le crean. Atrapada en este dilema, la expresidenta comienza a imaginar un acto en Racing. Y a disfrutar cómo los tribunales orales encuentran dificultades para sentarla en el banquillo. La Justicia Federal mira más al poder que al expediente.

La última evidencia la aportó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien declaró la falta de mérito del primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, y del lobista Jorge "Corcho" Rodríguez en el caso Odebrecht, por el que ayer se suicidó en Perú Alan García. En esa causa ocurrió algo curioso. El testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, se propuso como arrepentido ante el fiscal Franco Picardi. Detalló los sobornos a cambio de exculpar a su esposa y sus dos hijos. Después se sometió a una cirugía. Hace pocos días los médicos lo autorizaron para declarar ante Martínez de Giorgi, que debía homologar el testimonio. Pero el juez prefirió no tomar en cuenta sus detalles. Se apresuró en exculpar a Calcaterra y a Rodríguez. Y sobreseyó a los parientes de Vázquez, eliminando el motivo por el que quería confesar. El encargado de velar por Calcaterra habría sido, según innumerables testigos que lo escucharon de su boca, el jefe de la AFI, Gustavo Arribas. La esposa de Martínez de Giorgi, Ana Juan, acaba de ser propuesta como jueza federal de Hurlingham. Los parecidos se multiplican: no hay polarización que aguante.