En el ámbito de la producción agropecuaria causó estupor un dictamen judicial emitido en Entre Ríos por el cual se prohíbe todo tipo de tareas de fumigación alrededor de unas 850 escuelitas rurales, un radio de exclusión de 1000 metros para equipos terrestres y de 3000 metros para aplicaciones aéreas (significa la esterilización productiva de 270.000 hectáreas si consideramos tan solo la restricción para equipos terrestres; en perjuicio monetario, implica la desaparición de unos US$150 millones de producción bruta).

No existe ningún argumento científico serio para se adopte este temperamento; tan solo existe una campaña internacional empecinada: una moda o ideología ambientalista que está decidida a destruir la agricultura moderna. Y no solo se ve afectada la agricultura, sino también la producción de forrajes (para tambo y ganados), la fruticultura y los viñedos; todas necesitan de las aplicaciones de agroquímicos.

Esta tendencia del ecologismo combativo hace tiempo que pretende hacer pie en la Argentina. Si esta moda se extiende y esto debería interesar a la ciudadanía toda- a los perales de Río Negro, a los viñedos de Mendoza y a toda la pampa húmeda, podemos asegurar que la Argentina deja de ser el gran productor de alimentos para el mundo, y este país, ya de por sí golpeado, se hundirá en la pauperización total.

Las cuestiones técnicas son demasiado complejas e importantes como para que decisiones de este tipo queden en manos de jueces que, en última instancia, al ser abogados, no tienen formación científica alguna. De modo que lo aconsejable, para evitar estos fallos antojadizos, sería que se confiera este poder regulatorio a los organismos técnicos de la Nación, en el marco de políticas de Estado, para lo cual habría que legislar debidamente, delimitando atribuciones y el todo con criterios razonables.

Es absolutamente necesario dar seriedad a estas cuestiones, que son de suma importancia para la Argentina toda, pues realmente el sector agropecuario es, fue y será el puntal de la Nación, a no olvidar.